Publicado: agosto 11, 2025, 4:00 am
La reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implicaría “el regreso al partido único” y remontaría el país varias décadas, coincidieron en advertir Germán Pérez Fernández del Castillo y Víctor Alarcón Olguín.
“Es muy claro; es el regreso al partido único, a los años 40 porque en realidad la ley del 46 es una que se asemejaría a la propuesta actual porque no existían los (legisladores) plurinominales y cualquier representación quedaba anulada por la mayoría”, dijo Pérez Fernández del Castillo, experto de la UNAM en política y elecciones.
“De 1946 a la fecha se han hecho reformas y esfuerzos que culminaron en un sistema de partidos competitivos que permitió la alternancia en el poder y que el Ejecutivo no pudiera hacer lo que se le hinchara la gana como un rey, sino que tuviera que negociar con las distintas fuerzas políticas”.
Para Alarcón Olguín, experto de la UAM en partidos políticos, los cambios que se prevé impulse el gobierno federal significarían “regresar a un sistema que nos lleva hasta antes incluso del diseño que teníamos en 1964 (…) Tener puros diputados (federales) de mayoría realmente me parecería un enorme retroceso”.
“Regresar a los tiempos no solamente de partido hegemónico, casi único, e incluso creo que por eso la preocupación que no solamente está centrada en los partidos opositores, sino incluso en los dos partidos integrantes de la actual coalición de gobierno, el PT y el PVEM, da una idea de lo que puede ser un efecto no deseado de tener ahora un sistema tan carente de pluralidad”.
“El actual sistema que tenemos, que ha durado poco más de 30 años, ha permitido flujos de ida y venida en la representación”.
Propuestas
Ambos especialistas se manifestaron en contra de la eliminación de los 200 diputados federales y 32 senadores de representación proporcional; de disminuir el financiamiento público de los partidos políticos, y de elegir por voto popular a consejeros electorales, como ya se hizo, por primera vez en la historia en junio pasado, con los magistrados electorales.
Pérez Fernández del Castillo propuso que la Cámara de Diputados se integre por 250 legisladores de mayoría relativa, electos de manera directa en las urnas, e igual número de plurinominales a fin de lograr la “representación real de la voluntad ciudadana” en el Congreso de la Unión.
“No es una cuestión de fortalecimiento de los partidos políticos, ese fue un argumento falaz de la reforma de 1963. La representación tiene que ser real”.
Alarcón Olguín consideró que el número y conformación actual de diputados federales (300 uninominales y 200 plurinominales) y senadores (96 uninominales y 32 plurinominales) no tendría que modificarse con la reforma en puerta, sino sólo la fórmula de asignación de los legisladores plurinominales.
“Lo que sí tendría que revisarse es la fórmula para la integración entre la mayoría y la minoría, que es lo que causó la polémica de la sobre y subrepresentación. Es una fórmula matemática, pero eso tiene que ver con otro aspecto del diseño del sistema electoral que se ha mantenido desde 1996. Ese es el otro tema, los famosos ocho puntos porcentuales (cláusula de gobernabilidad) que se le permiten a un partido con respecto a otro”, explicó.
Es oportuno mencionar que con la nueva integración del Congreso de la Unión, en septiembre del 2024, partidos de oposición acusaron a Morena y aliados de tener sobrerrepresentación debido a que los cálculos para asignación de legisladores plurinominales se realiza por partido y no por coalición, una reforma que, acusó el oficialismo, impulsó el PAN en 2008.
Los “diputados de partido”, introducidos con la reforma electoral de 1964, son el antecedente de los diputados federales de representación proporcional o plurinominales, que surgieron con la reforma electoral de 1977; a partir de entonces, la Cámara Baja se integró por 300 diputados de mayoría y 100 pluris. Los cambios legales de 1988 aumentaron a 200 los pluris y desde 1996 el Congreso de la Unión se integra por 300 diputados federales de mayoría y 200 plurinominales, y la Cámara Alta por 96 senadores de mayoría y 32 pluris.
Democracia cara
Con respecto a la posibilidad de disminuir a la mitad el financiamiento público a los partidos, el experto de la UNAM dijo que eso los dejará “prácticamente en la indefensión (…) La democracia es cara y debe de ser cara”.
“Con la reforma electoral del 77 los partidos se vuelven entidades de interés público y ello posibilita el financiamiento público”.
En este tema, el académico de la UAM alertó que si se limita el financiamiento público los partidos políticos van a tener muy escasa posibilidad de comunicarse o desarrollarse.
“Ese ha sido el valor, precisamente, del financiamiento público. Para eso se impulsó que el proceso que se abrió desde 1977 fuera dando mayores condiciones de equidad y más bien el tema sería al contrario, cómo podemos reforzar el valor del financiamiento público pero con la debida fiscalización y ahí sí generar las protecciones para que las campañas electorales no se vean penetradas por el crimen organizado u otro tipo de actores que puedan financiar de manera ilegal o incluso el propio desvío de otros actores del espacio público, que los gobernadores, legisladores desvíen recursos y eso genere condiciones de competencia con dados cargados”.
