Publicado: abril 18, 2025, 12:00 am
Las campañas de los candidatos a juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) transcurren con dificultad y obstáculos -«es una ensalada este asunto»-, lo que obliga a legislar en la materia, sobre todo en el tema del financiamiento, para perfeccionar la ley y que las siguientes elecciones judiciales salga mejor, opinó Eduardo Huchim May.
“Habría necesidad de legislar y de alguna manera pensar en cómo financiar por lo menos parcialmente las campañas. Quizá tomándolo de los recursos que se destinen a los partidos políticos, por ejemplo, porque hay partidos, no todos pero sí los hay, que están claramente sobrados de dinero.
“Algo tendrá que hacerse para que no se obligue, no se desincentive a la participación porque son los candidatos los que tienen que financiar todo, sobre todo en las campañas que tienen que ser de proyección nacional porque se vota en todo el país por ellos, como los ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por poner un ejemplo.
“Habría que ir perfeccionando no solamente eso, sino también las limitaciones y por supuesto también poner diques a los excesos que parece estarse cometiendo, precisamente porque no hay una legislación suficiente para darle cauce a estas campañas’’.
En entrevista con El Economista, el exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, donde presidió la Comisión de Fiscalización, comentó que en las campañas de la elección judicial en curso “se está viendo lo que se preveía en cuanto a la dificultad para realizarlas para lograr el objetivo de las campañas, que es dar a conocer a las personas candidatas’’.
“Eso, por la restricción que existe para usar, digamos, ciertos elementos que son comunes en otras campañas políticas porque no hay un respaldo financiero, de financiamiento público, de tal suerte que el candidato tiene que arriesgarse a gastar una buena parte de su patrimonio ante un destino incierto’’.
La no presencia de los partidos políticos en las campañas judiciales, decisión que juzgó correcta, “también es problema para los participantes porque no tienen no solamente el financiamiento, sino la estructura partidista para poder darse a conocer. Esos son los obstáculos que yo veo para la realización de las campañas’’, explicó.
Además, al no haber precedentes sobre cómo deben realizarse las campañas judiciales, dijo, es fácil que se incurra en infracciones a la normatividad; “sí ha habido un esfuerzo del INE por darla a conocer, pero tengo la impresión de que no ha sido suficiente, ni suficientemente clara, entre otras cosas por los tiempos’’.
Clara ventaja
“No hay oportunidad suficiente para que la información permee. Y, desde luego, quienes tienen una ventaja ya de salida son las (tres) ministras y los magistrados que se están presentando o bien las figuras públicas que lo fueron en el pasado ya sea porque estuvieron en el Poder Judicial o en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía; ellos tienen una clara ventaja sobre los demás’’.
Desde su perspectiva, la elección judicial “está siendo insuficientemente vigilada, entre otras cosas por falta de recursos del INE’’ para hacerlo, y “parece que hay magistrados, jueces, funcionarios del Poder Judicial y otras áreas no exclusivamente la judicial, que están usando algo que no puede ser permitido: los recursos humanos de su entorno. Muchas veces el personal que tienen bajo su mando para que les hagan las campañas’’.
“Entonces, es una ensalada este asunto de las campañas, que desde luego es explicable porque es un proceso novedoso y porque también lo cierto es que se hizo tan aprisa la parte legislativa que no hubo tiempo para desarrollar debidamente todos los aspectos de un proceso sin precedentes en el país’’.
El especialista urgió que los poderes de la Unión -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- redoblen esfuerzos para informar de la elección a realizarse el próximo 1 de junio.
“Tienen que redoblar esfuerzos; primero, para que el electorado esté informado, y para incentivarlo, estimularlo para persuadirlo de que vaya a las urnas porque es una elección importante. Tienen que esmerarse y hacerlo pronto porque el tiempo está transcurriendo’’.
Al considerar que “no hay que dejar que la ingenuidad predomine”, sugirió vigilar la participación de los partidos políticos en la elección judicial.
“Por supuesto que los partidos, todos, van a tratar de influir en la elección; eso sí que está prohibido expresamente y el INE y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FIES) de la Fiscalia General de la República (FGR), muy poco útil a través de la historia, tiene que estar muy atenta a esa posible violación de la normatividad del proceso judicial. Incluso, los partidos podrían participar en la propaganda de los candidatos y no se vale, no deben hacerlo. Los partidos no están autorizados ni para promover la elección’’.
