Publicado: marzo 19, 2025, 11:13 pm
«El sistema de Muface es plenamente garantista». La principal mutualidad de funcionarios a través de la que se gestiona la asistencia sanitaria de 1,5 millones de empleados públicos y familiares ha recordado este miércoles en declaraciones a ABC que su operativa permite que cualquier afectado por la posible denegación de un tratamiento oncológico al que considere que tiene derecho pueda recurrir esta decisión y que en esos casos Muface revisará la actuación de las aseguradoras para valorar si es disconforme a lo establecido en el concierto sanitario que regula su funcionamiento. Los cerca de un millón de funcionarios y familiares que tienen encomendada su asistencia sanitaria a la rama de atención privada de Muface, que hasta este año han venido prestando Adeslas, Asisa y DKV y que a partir de dentro de unos meses prestarán Adeslas y Asisa en solitario , están entre el colectivo de potenciales afectados por las prácticas de la compañía Atrys Health-Bienzobas denunciadas por ABC, según las cuales se habrían ejercido presiones a los médicos de la sanidad privada para reducir la prescripción de los tratamientos más caros. Fuentes próximas a la mutualidad trasladan que las primeras explicaciones informales proporcionadas por Muface al escándalo destapado por ABC aseguran que esta no dispone de «datos objetivos» que acrediten la existencia de prácticas de esta naturaleza en el ámbito del concierto sanitario, pero que ante la eventualidad de que pudiera haber existido algún caso se anima a los mutualistas que hayan podido ver denegado algún tratamiento a reclamar esta situación. Fuentes de Muface recuerdan que la mutualidad dispone de un canal de reclamaciones a través de lo que se denomina Comisión Mixta, que « permite revisar la actuación de las aseguradoras si se considera disconforme a lo establecido en el concierto«. En ese procedimiento, explican estas mismas fuentes, el mutualista puede reclamar si no se le autoriza un determinado tratamiento y el asunto se resuelve o bien por gestión directa del servicio provincial de Muface con la aseguradora en cuestión o bien en una comisión mixta, que se reúne con carácter mensual. En caso de no existir acuerdo en estas instancia el asunto se eleva a una Comisión Nacional, que es la encargada de interpretar la aplicación del perímetro del concierto a cada caso particular. Si esta vía administrativa no diera resultado los pacientes aún dispondrían de la posibilidad de plantear un recurso contencioso-administrativo y en último instancia acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de los tribunales para defender sus derechos. En cualquier caso, desde Muface se asegura que en el último año no se ha elevado ningún asunto relativo de forma específica a tratamientos quimioterápicos a la comisión mixta. ABC ha preguntado por la existencia de reclamaciones de esa naturaleza en el curso de los últimos tres años tanto en Muface como en Mugeju o Isfas, las otras mutualidades que gestionan la atención sanitaria del personal de los Servicios de Justicia y del Ejército, respectivamente, sin obtener respuesta sobre el asunto. La respuesta de Muface se produce después de que el sindicato CSIF haya pedido de forma expresa explicaciones a la dirección de la mutualidad por las revelaciones realizadas por ABC. Desde el sindicato se insiste en que Muface debe investigar la existencia de posibles casos de denegación de tratamientos, ya que en la mayoría de las ocasiones estas prácticas son indetectables por parte de los pacientes, y se anima a los mutualistas «a que denuncien por la gravedad de las informaciones que han salido a la luz y la respuesta de la Sociedad Española de Oncología».
