Publicado: marzo 27, 2025, 6:15 am
Los responsables del Ministerio de Hacienda y del de Trabajo están cerrando los detalles del acuerdo por el que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) no tendrán que tributar por el Impuesto de la Renta (IRPF) tras la última subida del SMI hasta los 1.184 euros, con un alza de 50 euros brutos al mes que podía quedarse en la mitad si no se cambiaba la normativa. La solución que las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz han encontrado supone aplicar una novedosa deducción de la cuota en el IRPF específica para estos contribuyentes. A la espera de los detalles del pacto, que sigue perfilando los últimos flecos técnicos, los trabajadores que cobren al año los 16.520 euros anuales del nuevo SMI no tendrán que tributar en la Renta. Y no será porque se incrementen, como en otros años, los mínimos personales del impuesto, sino a través de una desgravación concreta que habilitará Hacienda. En principio, con esta medida el departamento dirigido por Montero se asegura que solo se aplicará a trabajadores que cobran esa renta mínima, y no a todas las rentas que se puedan obtener en ese nivel, como podrían ser los pensionistas que, en principio, quedarían al margen. Los técnicos de ambos ministerios han estado negociando en los últimos días a marcha forzada antes de que llegue este viernes 28 de marzo, el último día en el que el Gobierno puede vetar la proposición de ley de Sumar -y de otros partidos como PP o Podemos- para que los trabajadores con SMI no paguen ese impuesto. Está previsto que a lo largo de este jueves llegue ese anuncio que pondría fin a casi dos meses de choque entre Díaz y Montero. La ministra de Hacienda daba este martes un giro de guion en la polémica tributación al anunciar que PSOE y Sumar negocian en el seno del Gobierno de coalición «algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que tributar por el salario mínimo», ha indicado la vicepresidenta primera. Eso sí, la medida solo afectaría a este colectivo, por lo que se trataría de aplicar alguna compensación fiscal para que la factura tributaria no beneficie a más trabajadores con rentas bajas, de forma indirecta. Se trata de un cambio de posición después de varias semanas aferrada a la negativa de que los perceptores de este sueldo mínimo sigan beneficiándose de la exención en su tributación. Alegaba Montero que lo importante era que el SMI había subido un 60% en seis años, y que ya llegaba el momento de pagar el IRPF. Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se había mostrado contraria a que a partir de ahora este colectivo, que engloba a más de dos millones de trabajadores, tributaran por su sueldo tras subirlo un 4,4% hasta los 1.180 euros al mes. La fricción entre ambas ministras se hizo patente desde el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobó la subida del SMI para este año: un 4,4% más -la franja más alta de la recomendada por los expertos de Trabajo-, lo que suponía 50 euros más al mes. El problema es que mientras Díaz ofrecía la rueda de prensa en La Moncloa, Hacienda filtró que este año no iba a actualizar el importe mínimo exento de tributación, como había ocurrido otros años al elevar el salario mínimo. Es decir, los 50 euros brutos se quedarían en unos 28 euros netos más al aplicar el IRPF, sobre todo para los contribuyentes solteros y sin hijos. Desde entonces, Díaz ha insistido en que hay que elevar ese umbral mientras Montero se ha negado a hacerlo. La pugna llegó a tal nivel que el grupo parlamentario de Sumar activó una proposición de ley para que los trabajadores que cobran el SMI no tuvieran que pagar el IRPF. También lo hicieron PP y Podemos, aunque con diferentes versiones de esa normativa. El plazo para que el Gobierno pudiera rechazarlas terminaba esta semana, pudiendo alegar que esa medida supone un gasto extraordinario para Hacienda y llevando la confrontación hasta la Mesa del Congreso, que podía vetar esa interpretación del Ejecutivo si Sumar, socio del PSOE, y PP, unían sus fuerzas en ese órgano.
