Publicado: junio 26, 2025, 8:30 pm
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendrá que someterse a una moción de censura en el Parlamento Europeo tras haber registrado esta petición un total de 72 eurodiputados a cuenta de sus mensajes con el CEO de Pfizer en plena compra de vacunas contra el covid. El llamado Pfizergate llevará a la jefa del Ejecutivo comunitario a un debate y votación en la Eurocámara presumiblemente en el próximo pleno, en el mes de julio, en Estrasburgo. Con todo, la germana mantiene la mayoría en la Cámara, con los apoyos casi intactos respecto a su investidura. Para que la moción prospere hacen falta dos tercios a favor, algo que parece muy improbable.
Según el reglamento interno del Parlamento Europeo, la décima parte de los diputados que componen el Parlamento podrá presentar ante el presidente una moción de censura de la Comisión, algo que ya se cumple en este caso. Por otro lado, el debate sobre la censura no tendrá lugar hasta transcurridas veinticuatro horas como mínimo desde que se comunique a los diputados la presentación de la moción de censura. La votación sobre la moción será nominal y no tendrá lugar hasta transcurridas cuarenta y ocho horas como mínimo desde el comienzo del debate.
Lo normal es que se dé en el mes de julio, justo un año después de revalidar su cargo como presidenta de la Comisión Europea con una mayoría ajustada de 401 votos a favor (de los 707 emitidos), 284 votos en contra, 15 abstenciones y siete votos nulos. Es de prever que ahora mantenga también los apoyos del Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales, los verdes en su mayoría y una buena parte de ECR, el grupo que lidera Giorgia Meloni; ahí la división existe. La italiana está en contra de la moción, pero no así los polacos de Ley y Justicia.
A este punto se ha llegado por el llamado Pfizegate. La Comisión Europea tendría que haber entregado la información sobre los contratos de compra de vacunas contra la covid con Pfizer. Esa es la conclusión de la sentencia emitida hace un mes por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ante la denuncia del New York Times porque no se mostraron las conversaciones en mensajes de texto entre la presidenta Ursula von der Leyen y el CEO de la farmacéutica, Albert Bourla.
La demanda se basa en una solicitud de 2022 para obtener mensajes de texto entre la propia Von der Leyen y Bourla, relacionados con la compra de vacunas contra el virus. La Comisión respondió que «no pudo identificar documentos que correspondieran con la solicitud», pero, explicaron ya esta semana las fuentes comunitarias consultadas, no negó ningún acceso, por lo que la situación de transparencia queda resulta a ojos de Bruselas. El Ejecutivo comunitario aclaró que no se negó el acceso a los mensajes de texto, sino que estos no fueron registrados porque no contenían contenido relevante. Según sus normas internas, solo se archivan comunicaciones que tengan importancia, mientras que las comunicaciones efímeras, como los mensajes de texto operativos, no se guardan.
En cambio, el TJUE expuso en la sentencia que «el Reglamento relativo al acceso a los documentos tiene por objeto conferir, de la manera más completa posible, el derecho de acceso del público a los documentos que obran en poder de las instituciones. De este modo, y por regla general, todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público», incluidos los mensajes de texto.
Según el TJUE, la Comisión no puede limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados, «sino que debe presentar explicaciones creíbles que permitan al público y al Tribunal General entender por qué no pueden encontrarse esos documentos«. De este modo, añaden, el Ejecutivo comunitario no explicó en detalle el tipo de búsquedas que supuestamente se realizaron para encontrar esos documentos, ni especificó los lugares en que esas búsquedas se llevaron supuestamente a cabo. Por lo tanto, «no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados», concluyen.
Además, la Comisión no aclaró suficientemente si los mensajes de texto solicitados «se habían suprimido y, de ser así, si la supresión había sido voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta había sido sustituido en ese intervalo de tiempo», termina la sentencia del TJUE.
