Publicado: octubre 27, 2025, 4:00 am
La Ley de Amparo no ha perdido su fuerza protectora, pero su reforma sí plantea desafíos que deben entenderse con claridad. Este artículo desmitifica los principales temores y aclara los alcances reales de los cambios recientes.
La Ley de Amparo es uno de los pilares del sistema jurídico mexicano, diseñada para proteger a los ciudadanos frente a actos arbitrarios de autoridad. Sin embargo, la reciente reforma publicada en octubre de 2025 ha generado una ola de desinformación. A continuación, se analizan los mitos más comunes y se contrastan con los hechos.
El derecho a solicitar amparo sigue vigente. La reforma no elimina esta posibilidad, sino que ajusta ciertos criterios como el interés legítimo, incorporando jurisprudencia que ya se aplicaba en la práctica.
La figura de la suspensión sigue existiendo, pero se han limitado sus efectos en casos específicos, como el bloqueo de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la impugnación de créditos fiscales firmes. El objetivo es evitar que se usen suspensiones para frenar investigaciones o procesos administrativos ya concluidos.
La reforma introduce herramientas digitales para agilizar el proceso, como el juicio en línea y la notificación electrónica. Esto busca reducir tiempos y costos, especialmente para personas en situación vulnerable.
Las autoridades siguen obligadas a cumplir las sentencias. Lo que se introduce es la figura de “imposibilidad material” como causa para no sancionar penalmente el incumplimiento, siempre que se justifique adecuadamente.
La reforma vulnera derechos humanos: este punto es debatido. Mientras el Ejecutivo argumenta que la reforma fortalece el juicio de amparo y evita su uso indebido por grupos privilegiados, organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados advierten que algunas disposiciones podrían restringir el acceso a la justicia y violar el principio de progresividad de los derechos humanos.
La reforma a la Ley de Amparo no elimina el juicio de amparo ni su función protectora, pero sí redefine sus alcances en áreas sensibles. Es fundamental que abogados, jueces y ciudadanos comprendan estos cambios para evitar confusiones y garantizar que el amparo siga siendo una herramienta efectiva de defensa constitucional.
Querido lector, más allá de los dimes y diretes, resulta evidente que la reforma a la Ley de Amparo es restrictiva en el ámbito de las acciones administrativas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y algunos asuntos fiscales. Luego entonces, es una ley regresiva que vulnera los derechos ya adquiridos. No hay más. Hasta la próxima.
