Publicado: septiembre 30, 2025, 10:00 am
Diana Tique dejó de saber de su hermano Manuel el 14 de septiembre de 2024.
Por José Carlos Cueto | BBC Mundo
«Viajó a la frontera entre Colombia y Venezuela para unas capacitaciones. Las autoridades venezolanas le pidieron el pasaporte y lo llevaron a una entrevista ‘rutinaria’. Luego supimos por la ONG para la que trabaja que lo habían detenido», dijo Tique.
La familia de Manuel Tique no tuvo más noticias hasta el 17 de octubre.
Ese es el día de publicación en Youtube del video en que el ministro chavista Diosdado Cabello anunció la detención de individuos de varias nacionalidades acusados de ser mercenarios.
«Entre ellos estaba mi hermano», reconoció Diana.
Según Cabello, Tique, de 33 años, había ingresado a Venezuela bajo la fachada de pertenecer a una ONG, pero en realidad, afirmó el ministro, era un reclutador de paramilitares y ayudante de «mercenarios y terroristas».
«Al menos Venezuela admitió que lo tenía detenido y obtuvimos una primera información», explica Diana.
Tanto la familia de Tique como la ONG que lo emplea, el Consejo Danés para Refugiados, aseguran no saber por qué lo apresaron.
Dicen que era la primera vez que viajaba a Venezuela y la frontera. También descartan antecedentes delictivos.
La cancillería de Colombia contabiliza al menos 37 colombianos detenidos en Venezuela en circunstancias similares a la de Tique desde el 28 de julio de 2024.
Ese día, Nicolás Maduro fue declarado ganador de unas elecciones cuyas actas no han sido publicadas y cuyo resultado es disputado por la oposición y cuestionado por organismos internacionales.
Desde entonces, miles de personas fueron arrestadas en Venezuela. Algunas acusaciones comunes suelen ser las de «mercenarios», «terroristas», o «alteradores del orden público».
Son delitos que pueden acarrear desde varios meses hasta decenas de años de cárcel.
Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que «prácticamente la totalidad» de las aprehensiones «fueron arbitrarias y motivadas por razones políticas», pues se produjeron lejos o mucho después de ocurridos los disturbios que se registraron posterior a los comicios.
El gobierno de Gustavo Petro en Colombia no reconoce oficialmente esta legislatura de Maduro, pero defiende mantener relaciones diplomáticas alegando motivos como la seguridad y estabilidad fronterizas.
El viceministro de asuntos multilaterales colombiano, Mauricio Jaramillo, dijo que están haciendo «un trabajo de acompañamiento a los familiares de los detenidos, pero la pregunta de qué entiende Venezuela por mercenarismo, por ejemplo, la deben responder las autoridades de allá».
En una entrevista en enero con este medio, el fiscal general chavista, Tarek William Saab, desacreditó las denuncias de violaciones de derechos humanos que hacen los organismos internacionales y defendió que la detención de personas se produce porque «cometieron hechos punibles».
Las autoridades venezolanas aseguran que desde fines de 2024 excarcelaron a 2.006 personas, pero el comisionado de la ONU, Volker Türk, solo había confirmado unas 1.500 hasta el pasado junio.
Türk también informó que las detenciones continúan.
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