Publicado: junio 3, 2025, 5:30 am
La participación de solo el 12% del padrón en las elecciones judiciales celebradas este domingo en México augura una acelerada descomposición del sistema judicial del país, ya especialmente corrupto e inefectivo. La elección popular de todos los jueces, tanto federales como locales, convierte a México en un experimento que ningún otro país se había planteado aplicar por desaconsejable. Si ya el método mismo de selección de jueces tiene multitud de contraindicaciones, los riesgos de supeditación al Gobierno o incluso a carteles aumentan con la baja participación. La movilización del partido gobernante, Morena , y la llamada a la abstención de la oposición, hizo que la mayor parte del voto fuera oficialista y fueran elegidos en gran medida los candidatos avalados desde las filas del Gobierno. Así, los nueve jueces elegidos para la Suprema Corte de Justicia fueron los propuestos por Morena. Con baja participación también cabe suponer mayor éxito a posibles actuaciones que haya hecho el narco para promover candidatos dóciles a sus intereses . Todo ello hace difícil pensar que la institución judicial vaya a avanzar hacia la independencia que se supone es la aspiración de toda democracia. Que 13 millones de personas votaran no es desdeñable, pero eso se queda muy corto respecto a los 99,7 millones de mexicanos que podían votar. Además, no todo el que acudió a las urnas estaba de acuerdo con la elección popular de los jueces: la mayor parte de los partidarios de la oposición siguió la consigna de no acudir a votar, pero hubo quien aprovechó el voto para escribir en la papeleta su posición de rechazo , invalidándola. Una alta participación podría haber conllevado una mayor dispersión del voto, dado que había múltiples candidatos para cada uno de los 2.681 puestos de jueces a cubrir (881 federales y 1.800 locales; para 2027 está previstas unas segundas elecciones para elegir otros tantos puestos, completando así todo el cuerpo judicial). Sin embargo, la casi única movilización de Morena y el seguimiento de sus consignas por parte de sus partidarios hizo que en muchos casos triunfaran los candidatos oficialistas. Esto quedó especialmente en evidencia en el voto para cubrir los puestos de la Suprema Corte de Justicia. Se pensaba que las personas más votadas serían algunas de las jueces que ya formaban parte de la Corte, dado que, además de estar respaldadas por Morena, podían beneficiarse de un voto no partidista por gozar de cierto reconocimiento público. Sin embargo, el más votado fue alguien de menor exposición pública y cuyo apoyo se debió únicamente al que pudo suscitar el Gobierno. De esta forma, Hugo Aguilar se convertirá en presidente de la Corte habiendo obtenido solo el 5,2% de los votos (el apoyo popular de los otros ocho miembros se situó entre el 2,6% y el 4,9%). Es posible que en siguientes elecciones judiciales la participación vaya progresivamente en aumento, aunque nunca alcance el interés que suscitan unas elecciones presidenciales o legislativas. Así ha ocurrido en Bolivia donde el año pasado se redujo notablemente el número de votos en blanco y nulos que se habían registrado en 2011 y en 2017, propiciados por el carácter obligatorio de la votación. A pesar de ese avance, la experiencia boliviana no es positiva. Aunque allí solo se someten a elección popular 26 cargos en total (los miembros de los cuatro altos tribunales del Estado) y por tanto el resto del sistema judicial no se ve afectado, lo cierto es que el partidismo se ha consolidado en esas altas instancias . La batalla judicial en torno a la candidatura presidencial de Evo Moral lo refleja bien: fue permitida cuando el mandatario estaba en el poder y luego rechazada cuando sus oponentes dentro del partido controlaban el Gobierno y por tanto a los principales jueces.
