Publicado: agosto 15, 2025, 12:00 pm
Estados Unidos ya está aquí. Sus decisiones y acciones tienen repercusiones directas y al gobierno mexicano le cuesta cada día más trabajo justificarlas como una forma de “cooperación”. La frase de Trump, dicha en una conferencia de prensa ayer 14 de agosto, alegró a muchos y enojó a los más. Pero realmente a Trump no le interesa en especial acabar con la 4T. MORENA es solo una nota al pie de página. Si el gobierno del segundo piso le es dócil -como lo fue el del primer piso-, entonces no le importará la falta de democracia y de seguridad jurídica en nuestro país. Parece que la 4T se encontró con un bully más rudo y amenazante.
En realidad, la frase de Trump ni siquiera tuvo una dedicatoria particular, es el estilo del hombre naranja. La sentencia también se la aplicó a Canadá. Supongo que la frasecita no nos gustó a la mayoría de los canadienses y mexicanos. Menos aún a la presidenta Sheinbaum, quien se apresuró a aclarar que en nuestro país «el pueblo manda». Sin embargo, los hechos de las últimas semanas parecen apuntar a un aumento en la presión de las autoridades norteamericanas hacia su gobierno. Están haciendo política en México y a cada paso ponen en evidencia que soberanía y mandato popular son parte de una narrativa que cada día le es más difícil sostener a la mandataria.
Recordemos que hace unas semanas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a dos bancos y una casa de bolsa (CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) de llevar a cabo acciones de lavado de dinero para el narcotráfico. Las ordenes emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos tienen relación con el tráfico ilícito de opioides, por lo que se prohibieron transferencias de fondos a estas instituciones, una de ellas ligada a Alfonso Romo, un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador.
De inmediato, desde la mañanera comenzó la operación para desactivar el golpe: “son bancos pequeños”, “no hay indicios en México de lo que se les acusa”. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los intervino. ¿Qué hacía Pablo Gómez en la UIF que no detectó nada? ¿Acaso la encomienda era mirar para otro lado? El asunto se ha enfriado, pero el mensaje quedó bien claro: los estamos vigilando y son vulnerables.
En esta semana la temperatura subió más. El 11 de agosto dos empresarios mexicanos residentes en Texas fueron acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para manipular licitaciones y obtener contratos por al menos 2.5 millones de dólares, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estos empresarios son: Ramon Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga. Muy grave que un caso de corrupción en Pemex se haya destapado en Estados Unidos. ¿Dónde estaban las autoridades mexicanas? Solo hay de dos: son ineptas o cómplices. Una pregunta más: ¿quiénes fueron los funcionarios sobornados? En este caso, Sheinbaum solo alcanzó a apuntar que Mario Alberto Ávila fue candidato del PAN a la gubernatura de Campeche.
Otra más: el 13 de agosto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de haber construido una sofisticada red de fraude de tiempos compartidos que ha estafado aproximadamente 300 millones de dólares a cerca de seis mil ciudadanos estadounidenses ¿No se percataron de esto las autoridades mexicanas?
En el colmo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado recompensas que suman 26 millones de dólares “por información que lleve al arresto y/o la condena de cinco líderes de la organización criminal Cárteles Unidos, la cual ha sido denominada como terrorista.” El más conocido de estos
líderes es Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, por el que ofrecen 10 millones de dólares. ¿Tendremos cazarrecompensas gringos en territorio nacional? ¿Qué dicen las autoridades mexicanas?
Para calmar la ira del volcán estadounidense se anunció la extradición de 26 reos requeridos por las autoridades de nuestro vecino del norte. Entre los trasladados a Estados Unidos hay nombres importantes: Servando Gómez «La Tuta», líder de «Los Caballeros Templarios», y Abigael González Valencia, «El Cuini», uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado del Mencho. Uno de los argumentos esgrimidos tanto por la presidenta como por su secretario de seguridad es que los extraditados representaban un riesgo permanente a la seguridad pública, a pesar de estar en prisión. Esto es una confesión de incapacidad. No importa que los encarcelen, siguen operando desde ahí.
Termina una semana que demostró la incapacidad (o complicidad) de las autoridades mexicanas. Estados Unidos está aquí y seguirá presionando a un gobierno que presenta muchos puntos vulnerables.
