Publicado: diciembre 22, 2025, 1:00 am
Tiene mucho tiempo que México no empieza un año nuevo con una expectativa positiva y, por el contrario, se acumulan lastres que hacen el panorama menos alentador.
Un asunto en particular que marcará al 2026 es importado y a estas alturas no es posible predecir si saldrá venturosamente bien o terriblemente mal, pero el futuro de la relación comercial con Estados Unidos tiene que resolverse en los meses por venir.
Llegamos al año nuevo con la certeza que nos regalan los regímenes populistas de que ya no existen las certezas, las instituciones, las leyes fundamentales; los pactos con plazos y mecanismos establecidos de poco sirven ante las voluntades autoritarias.
El T-MEC tiene tiempos que le darían una vida más prolongada, incluso si alguno de los socios decidiera terminarlo. Pero estamos hablando de la voluntad de Donald Trump que parece ser más grande que sus propias leyes.
Pero, además, en este 2026 parece que convergerán las tensiones externas y las fracturas internas más profundas.
México llega al siguiente año con una arquitectura institucional debilitada y un margen de maniobra fiscal que empieza a agotarse. Las facturas de los desatinos gubernamentales de este régimen poco a poco empiezan a cobrarse.
Así como ya hay cuentas por pagar en materia aeronáutica, por el capricho del AIFA, así en este segundo año de gobierno, o el octavo del régimen, habrán de llegar más reclamos, por la desaparición de los organismos autónomos, por la discriminación empresarial en materia energética y por la anulación de la autonomía judicial.
Al final, todo podría quedar vinculado al mismo mecanismo de presión que sí aplica una “manita de puerco” a la estabilidad económica, a través de los instrumentos de castigo comercial.
Y quizá desde el próximo mes de enero, cuando el gobierno federal estadounidense tenga que definir ante el Congreso la ruta de revisión del T-MEC, empezarán a encenderse esas señales de alerta de nuevas presiones a México.
Tampoco hay muchas expectativas positivas de lo que pueda ocurrir con una reforma electoral que parece que llevará la misma ruta alevosa de la reforma judicial, en la que el régimen pretenda quedarse con el control de organización y desarrollo de las elecciones locales y federales.
El gobierno federal controla la narrativa de tal forma que no se han generado alertas sociales con este deterioro democrático e institucional en el que la 4T ha metido al país, pero a los mercados difícilmente los engatusa con la retórica oficial.
Y el problema es que el margen de tolerancia de los capitales encuentra una línea roja cuando se trata de la salud financiera del país. Los mercados perdonan la retórica, pero no la insolvencia.
Con lastres del tamaño de Pemex, con una corrección fiscal insuficiente para paliar los efectos del irresponsable gasto público del 2024, sin una reforma fiscal y con tasas de crecimiento tan bajas, puede que para el 2027 ese sea uno de los temas centrales de preocupación.
Las instituciones y los pactos de poco sirven ante voluntades autoritarias. En Washington, la revisión del T-MEC no será técnica, sino política y transaccional. Mientras que, en México, el régimen desmantela los mismos contrapesos que el tratado exige.
