Publicado: enero 29, 2025, 12:20 pm
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha defendido este miércoles que «cuando están en juego la seguridad de la nación y los intereses de los italianos, no hay lugar para pasos atrás». Así lo ha afirmado tras estar siendo investigada junto con varios de sus ministros por la liberación de Osama al Masri, jefe de la Policía Judicial libia, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).
«Nuestro compromiso de defender a Italia continuará, como siempre, con determinación y sin vacilaciones. Cuando están en juego la seguridad de la nación y los intereses de los italianos, no hay lugar para pasos atrás. Adelante por nuestro camino», ha escrito la mandataria en sus redes sociales.
Fue la propia Meloni la que anunció este martes en un vídeo en sus redes sociales que estaba siendo investigada por el Fiscal general de Roma, Francesco Lo Voi, junto al ministro de Justicia, Carlo Nordio; el de Interior, Matteo Piantedosi, y el subsecretario de Gobierno, Alfredo Mantovano.
La Justicia busca esclarecer los hechos que llevaron a la liberación y repatriación de Al Masri, buscado por la CPI y que fue detenido en Turín. Se está investigando si los miembros del Gobierno italiano pudieron haber incurrido en los delitos de encubrimiento y de malversación, ya que el represor libio fue llevado a Trípoli a bordo de un avión estatal. «Este sujeto libio en territorio italiano, mejor que dejarlo libre, nosotros decidimos expulsarlo y repatriarlo inmediatamente por motivos de seguridad, con un vuelo como sucede en otros casos similares», explicó Meloni.
La primera ministra italiana ha recibido el apoyo de su partido y de sus socios de Gobierno. Mientras, la oposición pide que se den explicaciones en el Parlamento sobre la liberación del libio. «Anoche nos informaron que los ministros Piantedosi y Nordio no vendrían a informar sobre el asunto Al Masri. Es otra humillación más al Parlamento. El Gobierno no debe pensar en eludir sus responsabilidades», criticó el portavoz de los senadores del Partido Demócrata, Francesco Boccia.
Tras la inscripción de los miembros del Gobierno en el registro de investigados, se procederá a la investigación preliminar en el Tribunal de ministros. Este órgano especial de jueces, que existe en cada distrito del Tribunal de Apelación, se encarga de investigar al primer ministro y su Ejecutivo por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Será este Tribunal el encargado de decidir -en un plazo de 90 días- si archiva el caso o devuelve los documentos a la Fiscalía para pedir la autorización para proceder, ya que los políticos gozan de inmunidad.
