Publicado: febrero 13, 2025, 2:00 am
Las 6,500 empresas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación (IMMEX) desempeñan un papel fundamental en la economía mexicana. Generan el 12% del PIB total del país, representan el 30% del PIB manufacturero y aportan el 60% de las exportaciones manufactureras, lo que equivale al 40% de las exportaciones totales de México. Además, emplean directamente a 3.3 millones de personas y generan hasta 9 millones de empleos indirectos. Sin embargo, la mayoría de estas empresas podrían verse gravemente afectadas por la inminente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinará el desenlace del diferendo que mantienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Este conflicto surge porque el SAT insiste en que las empresas IMMEX deben pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) dos veces por la misma operación, mientras que las maquiladoras argumentan que este doble cobro contradice los principios fundamentales del IVA. El centro de la disputa son los pedimentos V5, que permiten a las maquiladoras realizar operaciones virtuales sin que tengan que salir físicamente las mercancías del país. El SAT pretende cobrar IVA tanto en la importación virtual como en la venta que virtualmente ocurre en México, esperando recaudar 44,640 millones de pesos en impuestos no retenidos entre 2019 y 2023. Pero lo que para el gobierno es un asunto de recaudación, para la industria significa un golpe que podría afectar gravemente su competitividad, viabilidad y, en muchos casos, su permanencia en México.
Si la SCJN decide en favor del SAT, las maquiladoras tendrán que asumir pagos retroactivos multimillonarios, lo que pondrá en riesgo la operación y continuidad de muchas de ellas. La pérdida de competitividad podría traducirse en el cierre de plantas, despidos masivos y una contracción del sector manufacturero. Esto no solo afectaría a las empresas directamente involucradas, sino a toda la cadena de suministro, con impactos severos en los estados donde la maquila es la principal fuente de empleo. En un contexto donde la manufactura representa el 25% del empleo industrial y el 20.06% del PIB total del país, una decisión que limite su crecimiento tendrá graves consecuencias económicas.
Un fallo adverso de la SCJN no solo dañará a las maquiladoras, sino que enviaría una señal de inestabilidad fiscal a los inversionistas nacionales y extranjeros y desvanecerá las oportunidades que presenta el nearshoring, cuyo futuro se ve cada vez más lejano ante las políticas nacionalistas de Donald Trump, que amenazan con imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, lo que sería otro obstáculo para la industria maquiladora. En este escenario, el riesgo no es solo fiscal, sino comercial, ya que un arancel de esa magnitud obligaría a muchas empresas a reconsiderar sus cadenas de suministro y afectaría la competitividad de la manufactura mexicana frente a otros países.
La SCJN no solo está resolviendo un conflicto tributario. Está decidiendo si México quiere seguir siendo un país competitivo en el comercio global o si optará por una política fiscal que prioriza la recaudación inmediata sobre el desarrollo económico. Si el fallo favorece al SAT, le costará al país mucho más de lo que el gobierno pretende recaudar.
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