Publicado: abril 6, 2025, 2:30 am
La defensa de Daniel Sancho ha solicitado la repetición del juicio que lo condenó por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia en agosto de 2023. En un recurso presentado a la Corte de Apelaciones tailandesa, al que ha tenido acceso 20minutos, el equipo legal del español argumenta que la condena es «injusta», «inapropiada» y «excesiva» por diversos motivos que justificarían la revisión del caso. «El acusado merece ser declarado no culpable del cargo de ‘premeditación’ por un tribunal superior con autoridad para revisar el caso por encima del tribunal de primera instancia», asegura el escrito.
Sancho fue condenado en agosto del año pasado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta en 2023 en la isla tailandesa de Phangan. No obstante, los abogados de la familia de la víctima presentaron en noviembre un recurso a la sentencia para pedir un aumento de condena a pena de muerte por la «contundencia» de las pruebas policiales y la falta de arrepentimiento del acusado.
El equipo legal del chef respondió con una apelación en la que sostiene que no hay «pruebas directas» que demuestren la premeditación y que su cliente actuó en defensa propia. Además, denuncia irregularidades procesales desde el principio y errores en la valoración de las pruebas, así como una tergiversación de los hechos por parte de los demandantes. Así, la defensa alega que Sancho «no siente que haya cometido un delito, a pesar de haber sido declarado culpable». «Pero lamenta profundamente las acciones no intencionales que llevaron a la muerte de la víctima y se arrepiente de haber desmembrado el cuerpo para ocultarlo», añade.
Defensa propia
Uno de los argumentos que siempre ha mantenido Sancho es que no cometió un asesinato premeditado, sino que actuó en defensa propia. El recurso insiste en que la muerte de Arrieta se produjo durante un encontronazo que empezó cuando intentó forzar al español a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. «Las acciones del acusado fueron en defensa propia: primero, para protegerse de una agresión sexual, y segundo, para defenderse de un oponente en la pelea que tuvo lugar después», sostiene en el escrito.
De hecho, la defensa reitera que el suceso ocurrió mientras el acusado y la víctima luchaban «de manera caótica, en un estado mental que no permitía un procesamiento completo de la situación». «Debido a que aún no había recuperado plenamente la conciencia, seguía temeroso de sus acciones y estaba emocionalmente agotado, el acusado tomó la decisión extremadamente irracional de desmembrar el cuerpo para ocultarlo de la Policía», argumenta.
Prueba «controvertida»
El equipo legal también vuelve a poner en cuestión las pruebas que sustentaron la condena, asegurando que no hay testigos ni evidencias que demuestren la premeditación más allá de una «declaración controvertida» firmada por Sancho. Una confesión que, afirman, fue obtenida en condiciones irregulares, con un documento redactado en tailandés y traducido por un intérprete que «actuó de forma fraudulenta y cumplió las demandas de los oficiales». Según la apelación, el abogado de oficio que asistió a Sancho en la fase inicial del proceso «colaboró con la Policía para perjudicar a su propio cliente».
A esto se suma la aparición de nuevos testigos, entre ellos dos policías que participaron en la investigación y que declararon en documentales sobre el caso que Sancho nunca confesó haber actuado con premeditación. La defensa recoge estas declaraciones en su apelación, señalando que los agentes admitieron en entrevistas que «donde dicen que el acusado confeso haber causado la muerte de Arrieta sin intención de matar».
Comportamiento incompatible con la premeditación
La defensa también mantiene que las acciones de Sancho antes y después de los hechos contradicen la idea de un plan premeditado. En este sentido, el recurso señala que una persona «con pleno uso de sus facultades mentales» no elegiría cometer un crimen en un lugar como la turística Koh Phangan, una «isla remota y pequeña en un país extranjero, donde hay instaladas numerosas cámaras» y donde la pena de muerte sigue vigente.
Además, apelan a que el acusado no intentó ocultarse en el hotel y se identificó con su nombre real, dejó su pasaporte en una tienda de alquiler de motocicletas y se dejó captar por numerosas cámaras de seguridad. «Facilitó su propia captura al mostrar su rostro a múltiples cámaras de circuito cerrado alrededor de la isla y del lugar del supuesto delito, cometer el asesinato […] y luego dirigirse a la estación de la policía de Koh Phangan para presentar una denuncia falsa, lo cual es una acción completamente carente de lógica», sostiene la defensa.
Compra de utensilios
Por otro lado, el recurso también refuta uno de los argumentos clave de la acusación: la supuesta compra de herramientas para cometer el crimen. «Ningún cuchillo o utensilio comprado por el acusado con el propósito de cocinar fue utilizado de manera que indique que se empleó en una pelea que causó la muerte de la víctima o en el desmembramiento de su cuerpo». En cambio, defiende que los instrumentos que utilizó eran propiedad del hotel.
Declaración final del acusado
Otro de los puntos que denuncia el recurso es que Sancho no tuvo oportunidad de responder a las alegaciones de la acusación con una declaración final. La defensa argumenta que esta falta de derecho a la réplica afectó la equidad del proceso y sesgó la decisión del tribunal en contra del acusado. «Es lamentable que el acusado no haya tenido la oportunidad de refutar dichas afirmaciones (mediante una objeción) antes de que el proceso concluyera […] según los principios de justicia establecidos, la última declaración oral en el juicio debe corresponder exclusivamente al acusado, y no a otra persona», dice el texto.
