Publicado: abril 27, 2025, 10:17 pm
La acumulación de solicitudes para todo tipo de prestaciones, pensiones y ayudas en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social ha llevado a los subdirectores y secretarios provinciales de este organismo a poner en marcha la primera huelga parcial de su historia para exigir al Ministerio soluciones con las que pueda resolver el «colapso» que sufren en su día a día y que ha colmado la gota del vaso con los expedientes vinculados a la incapacidad temporal. El reconocimiento de esta contingencia para quienes están pendiente de su caso se está atrasando prácticamente hasta el último momento , el mes 18, que es cuando la ley fija el límite de este tipo de bajas para que sean resueltas. La atención al público en las oficinas de la Seguridad Social ha visto cómo en los últimos años el número de solicitudes se ha incrementado notablemente por una conjunción de circunstancias que han derivado en cuellos de botella al tramitar los expedientes. A las peticiones habituales para acceder a la jubilación se han sumado las de la generación del ‘baby boom’, los nacidos en la década de los 60; solo el año pasado se retiraron 368.035 trabajadores , un 16% más en tres años. La tensión se ha intensificado desde que en 2020 se puso en marcha el ingreso mínimo vital, una ayuda para las rentas más bajas que se encuentra en constante renovación para adaptarla a las circunstancias económicas y familiares de los receptores. «Esa prestación ha supuesto un golpe en la línea de flotación de nuestro trabajo », explican desde el colectivo de los subdirectores y secretarios de la Seguridad Social, unos 200 en toda España. En estos años han resuelto 3,5 millones de solicitudes. Pero donde más se está notando la congestión de las ayudas es en el de la incapacidad temporal. «El alta está llevándose al último mes, es ahí donde está la acumulación de los expedientes», indican desde este colectivo. Este retraso está provocando una acumulación de casos por incapacidad temporal que se están reconociendo casi ‘in extremis’, alegan. El pasado mes de febrero la Seguridad Social superó el millón de prestaciones por esta contingencia, que supone un gasto de unos 1.200 millones de euros al mes para cubrir estos casos de bajas. Además, explican que si las altas de pensiones de jubilación no están sufriendo retrasos es porque se trasladan expedientes de unas provincias a otras para evitar el colapso del sistema. «Para evitar que un ciudadano no pase un mes sin recibir una renta, del salario a la pensión, se han repartido expedientes por toda España», explican. De hecho, los plazos medios de resolución siguen estando en algo más de 20 días. «Pero es que hay otros escritos sin contestar acumulados desde 2021», insisten. Esta situación, que se ha agravado con el paso de los años, ha llevado a este colectivo a desarrollar una huelga parcial de dos horas dos días a la semana, desde el pasado 10 de marzo. Este mismo lunes se concentrarán en Madrid ante la sede del departamento dirigido por la ministra Elma Sáiz para insistir en sus reivindicaciones. Desde Seguridad Social insisten en que se está tomando medidas para rejuvenecer las plantillas, mejorar la gestión y la puesta en marcha de un plan de choque para atajar esta situación. Admiten en el Ministerio que en los últimos años «se ha vivido una transformación muy intensa, lo que ha supuesto un aumento de tareas en un momento en el que el personal estaba en mínimos históricos tras muchos años sin reposición de las jubilaciones». El Departamento de Elma Saiz se muestra «abierto a escuchar» las reivindicaciones, pero recuerda las medidas que ha puesto en marcha para solucionar esta situación en las oficinas.
