Publicado: marzo 24, 2025, 7:00 am
La economía experimentará este año un muy bajo crecimiento que se convertiría en una recesión si Trump cumple su amenaza de imponer aranceles generalizados a las exportaciones (-1.3% según la OCDE). En el mitin organizado hace dos semanas, la presidenta Sheinbaum presentó un “plan” económico por si estos se materializan. Algunos comentarios sobre cada uno de sus cinco componentes.
Fortalecer el mercado interno y continuar aumentando el salario mínimo. La forma más eficiente para lograr el fortalecimiento del mercado interno es mediante un crecimiento económico alto y sostenido que aumente el empleo y los salarios reales. Esto requiere, de entrada, que exista certeza jurídica, la cual se ha mermado dado el desprecio que ha tenido el gobierno por el Estado de derecho, tal como se evidencia con la eliminación de los contrapesos al ejercicio del poder, incluida la reforma judicial.
Además, y como elemento que compone el Estado de derecho, el fortalecimiento del mercado interno también pasa por una regulación eficiente y con bajas barreras regulatorias de entrada a los mercados que induzca mayor competencia y contribuya a reducir los costos de intermediación, además de reducir la extorsión gubernamental y delincuencial.
Plantear que se puede lograr el objetivo de fortalecer el mercado interno vía un aumento en el salario mínimo, si este no va acompañado de un aumento en la productividad, tenderá a reflejarse en presiones sobre los precios, además de provocar una menor creación de empleos formales y una mayor informalidad laboral, como ya se ha manifestado.
Ampliar la autosuficiencia en alimentos y energéticos. Se sigue confundiendo autosuficiencia con seguridad, tanto alimentaria como energética. En materia de alimentos, buscar la autosuficiencia es ineficiente y, por lo tanto, costoso al no reconocer que México no tiene ventaja comparativa en ciertos bienes, particularmente granos. Subsidiar la producción de estos bienes, además de presionar las finanzas públicas, implica desaprovechar las ventajas comparativas que México sí tiene y castigar la producción de frutas, verduras y hortalizas.
En cuanto a la autosuficiencia en energéticos, refleja que la presidenta está atrapada en el mito nacionalista, que se traduce en seguir apoyando a las notoriamente ineficientes Pemex y CFE y en discriminar a las empresas privadas en el sector energético. Esto no solo se traduce en mayores costos (explícitos e implícitos) para los usuarios de energía, con lo que se desincentiva la inversión privada, sino que también, al ser deficitarias, ponen presiones adicionales sobre unas finanzas públicas que de por sí son estructuralmente débiles.
Inversión pública para promover la creación de empleos. No toda inversión pública es socialmente rentable; ahí están AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya. El gobierno, como inversionista, sí tiene un papel importante, pero no es el de proveer bienes privados como gasolina, electricidad, hoteles y transporte aéreo y ferroviario de pasajeros, por mencionar solo algunos. Sí es su papel, por otra parte, invertir en infraestructura, tal como carreteras, puertos, aeropuertos, transmisión de energía eléctrica, escuelas, hospitales e infraestructura urbana (calles y redes de agua potable y drenaje).
Además de que el enfoque gubernamental en materia de inversión ha sido optar por proyectos con rentabilidad social negativa, está el problema de que las finanzas públicas son débiles, por lo que los pocos recursos que sí se puedan destinar a inversión tienen que ser aquellos con rentabilidad social positiva; los ferrocarriles de la presidenta Sheinbaum no lo son.
Producción nacional para el mercado interno en coordinación con el sector privado. Esto tiene el tufo de un “capitalismo de compadrazgo”, de una política comercial proteccionista junto con la facultad de imponer barreras regulatorias de entrada a los mercados; la versión cuatroté de la política de sustitución de importaciones (particularmente chinas). Una política pública con estas características les permitiría a las empresas beneficiadas explotar esa posición de privilegio cuasi monopólico para apropiarse de rentas a costa del bienestar de los consumidores, que enfrentarían precios más elevados, más ahora que Cofece está prácticamente moribunda y en proceso de extinción y que el propio gobierno, vía la Secretaría de Economía, será el que “perseguirá” las prácticas monopólicas al mismo tiempo que puede imponer barreras que las permitan (¿sí ven la inconsistencia?).
Fortalecer los programas de transferencias populares. Según Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, estas transferencias son “el alma del proyecto de nación” de la presidenta Sheinbaum. Además de que esto refleja un proyecto sin mayores ambiciones, como podría ser lograr tasas elevadas de crecimiento que deriven en mayores niveles de bienestar para la generalidad de la población, el objetivo de estas transferencias ha sido y será la compra de lealtades y de votos.
Además, el objetivo de fortalecer los programas de transferencias se enfrenta al hecho de que no existe margen fiscal para hacerlo, a menos que se sigan castigando otros rubros de gasto gubernamental, como son salud y educación. Privilegiar la compra de lealtades por sobre la inversión en capital humano no es una buena política pública.
En conclusión, el “plan” presentado por Sheinbaum no impulsaría el crecimiento y menos aún serviría para contrarrestar los aranceles de Trump.
