Publicado: enero 6, 2026, 12:00 am
Si algo dice de la existencia de los derechos humanos es que están anclados en la dignidad humana. Esos derechos, que constituyen límites directos al ejercicio del poder público, implican que su origen es la propia existencia del ser humano.
Por Elsa Muro
Como católica, probablemente no practicante, pero con una formación que ha influido en mi función y en mi relación con quienes conviven conmigo en comunidad —es decir, quienes participamos en la sociedad—, considero que un gobierno es bueno, independientemente de los resultados de su eficiencia presupuestaria o de la eficacia en la prestación de los servicios, siempre y cuando se respeten los derechos básicos, como la vida, la libertad y la propiedad.
No puede existir democracia, no puede darse democracia, ni puede un gobierno argumentar la violencia de otro Estado invocando la protección del derecho internacional público, basado en el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, cuando su rutina y su política de actuación frente a la sociedad consisten en la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos fundamentales que han sido agrupados en generaciones de derechos.
Los derechos básicos son la libertad de actuación, de pensamiento y de expresión de lo que se siente y de lo que se tiene como criterio u orientación para aportar al desempeño del Estado.
Los gobiernos de los expresidentes Chávez y Maduro, que implicaron un salto atrás con garrocha en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales, se llenaron la boca diciendo de manera machacona que esta era la democracia más auténtica, pues la gente tenía la oportunidad de participar y ser un ente protagónico en la configuración del Estado. Hablaban únicamente de democracia protagónica.
No puede haber democracia con presos políticos
No puede hablarse de la vigencia del derecho internacional para defender la soberanía cuando esta —que reside en el pueblo y se expresa a través del sufragio universal, directo y secreto— se conculca y se violenta; cuando se roban unas elecciones y se impone la voluntad de órganos ilegítimos que buscan la eficacia de sus actos mediante la violación sistemática de los derechos fundamentales.
No puede hablarse de violación a la soberanía cuando se irrespetan los derechos de los venezolanos, cuando se afecta la libertad y se desconoce la dignidad humana por manifestar posiciones contrarias a quienes gobiernan, o simplemente por utilizar los espacios de expresión del pensamiento para emitir criterios contraproducentes a los intereses del gobierno.
No puede exigirse respeto a una democracia cuando existen presos políticos: adolescentes, madres, padres, nacionales y extranjeros, por ejercer una libertad contraria al deseo de una docilidad servil que lo recibe todo sin examen, y, por otra parte, a la desarreglada licencia que se rebela contra la autoridad de la razón y contra los más nobles y puros instintos del corazón humano, tal como se refería Andrés Bello en la instalación de la Universidad de Chile, el 17 de septiembre de 1843.
Los presos políticos son presos de conciencia
Los presos políticos son la viva manifestación de la violencia del Estado contra la dignidad humana. La dignidad de la persona, como lo expresó en Venezuela —con reconocimiento internacional— el filósofo Rafael Tomás Caldera, “implica que cada ser humano tiene derechos inalienables, protegidos por el Estado, que deben atender a las condiciones de su preservación y ejercicio”.
No pueden ser tomadas como válidas, aceptables ni generadoras de empatía las palabras del diputado Nicolás Maduro Guerra cuando, en la sesión de instalación del nuevo período de la Asamblea Nacional, entre lágrimas y citas que despiertan solidaridad en quienes pudieron escucharlo, expresó un sentimiento legítimo de hijo reclamando a su padre. Ese sentimiento no puede ser adoptado de manera general por los venezolanos, pues ese mismo padre, Nicolás Maduro Moros, violentó, desconoció, se burló, satanizó y hasta bailó la tragedia de los venezolanos presos por razones políticas y la de sus familias.
Ahora no vale una argumentación anclada en los derechos fundamentales
Veo a Maduro detenido con ropa de alta calidad y de marca, con zapatos nuevos, trasladado con consideración y respeto, a pesar de la extradición, y no puedo, como madre, dejar de tener presentes las imágenes de Requesens, con la mirada perdida y el rostro reflejando dolor e indignación ante la violación de sus derechos, con excremento de horas o de días sirviendo de traje de gala a la ignominia y a una violencia ajena a los valores del pueblo venezolano.
No resultan sinceras ni procedentes, ni en el mundo moral de cada venezolano ni en los parámetros de exigencia ética de los gobernantes, las palabras de Delcy Eloína cuando expresó:
“En las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el Presidente de la República y que él advirtió: si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle; activado el cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo; activada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y desplegada en todo el territorio nacional; organismos de seguridad ciudadana activados…”
No puede existir transición de la ilegalidad a la legitimidad con presos políticos, que son trofeos de los capitostes del gobierno para satisfacer ansias de venganza contra quienes se atreven a contradecirlos, a señalar desviaciones de poder en el ejercicio de su mandato, a denunciar conductas amorales de su entorno político o familiar, o incluso a expresar opiniones en redes sociales.
Es necesario, como condición indispensable para el reencuentro entre los venezolanos en este proceso histórico, la libertad de los presos políticos.
Un solo preso político evidencia la inexistencia de un Estado de derecho.
Un solo preso político pone de manifiesto que no existe institucionalidad democrática.
Un solo preso político es razón suficiente para que, dentro de las vías democráticas, se sancione a los infractores del ordenamiento jurídico internacional de los derechos fundamentales.
No hay soberanía violentada ni existe justificación alguna que pueda invocarse en defensa de quien ha sido, durante más de veinte años, uno de los organizadores y partícipes de la violación sistemática de los derechos fundamentales.
Dios quiera que no sean los presos políticos quienes paguen los platos rotos de la ineficiencia de los órganos de seguridad o de la traición del entorno presidencial.
LIBEREN A LOS PRESOS POLÍTICOS
