Publicado: julio 2, 2025, 2:00 am
La semana pasada, la diputada de Morena, Olga Leticia Chávez Rojas, reconoció sin pudor alguno que emitió su voto sobre el dictamen de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, sin haberlo leído en su integridad. Con el pretexto de que el dictamen era muy extenso y había sido enviado en la madrugada a los legisladores, la diputada señaló que utilizó ChatGPT para obtener un breve resumen de la iniciativa y basó en éste el sentido de su voto.
Ante los cuestionamientos públicos y las críticas de la oposición, la diputada tuvo la audacia de contestar “Actualícense, ignorantes”, como si la gravedad de su confesión permitiera algún margen de duda, como si hubiera utilizado la inteligencia artificial (IA) para una tarea de secundaria, y no para aprobar una ley en materia de seguridad, de la que dependen los derechos humanos de más de 126 millones de mexicanos.
No cabe duda de que la inteligencia artificial (IA) es una herramienta de gran utilidad para muchos ámbitos de la vida humana. La elaboración de resúmenes en ChatGPT generalmente no representaría un riesgo significativo en la mayoría de los contextos, sin embargo el uso que le ha dado la diputada definitivamente es peligroso e irresponsable, casi ilegal. La razón es muy simple: la ley no se aplica de manera resumida. En México, las leyes se aplican en su integridad a todos los gobernados, al menos en teoría. Cada artículo, cada enunciado, y hasta la puntuación tienen un impacto en la interpretación y aplicación de la ley y, por lo tanto, en la esfera jurídica y los derechos de sus destinatarios. Basta con un artículo o frase escondida en un ordenamiento jurídico, para revertir o exceptuar la aplicación de una norma que de inicio parezca contundente.
Imaginémonos, por ejemplo, si la legisladora hubiera ingresado en ChatGPT el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la aplicación le hubiera arrojado un resumen omitiendo el famoso artículo 109, que censuraba arbitrariamente a las plataformas digitales con solo dos oraciones. La representación del pueblo bueno y sabio, y la preservación de sus derechos, dependerían en estos casos de los algoritmos de ChatGPT. Incluso tendría que cuestionarse la validez de los votos emitidos de esta manera por los legisladores, pues es evidente que la llamada “voluntad del legislador” adolece de vicios del consentimiento, si su voto se basa en información parcial o imprecisa como puede ocurrir con el uso de la IA.
Cabe mencionar que los propios términos de uso vigentes de ChatGPT advierten que los resultados de sus servicios “pueden no ser siempre exactos”, que el usuario no debe confiar en ellos “como única fuente de información veraz o real, ni como sustituto del asesoramiento profesional”, y que no se deben utilizar para ningún fin que pueda tener un impacto legal, como “tomar decisiones crediticias, educativas, laborales, de vivienda, de seguros, legales, médicas u otras decisiones importantes». Supongo que la aprobación de la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad debería calificar como una “decisión importante” de las que OpenAI quería evitar con esta advertencia. Los términos también señalan que el usuario no puede utilizar los servicios de forma que violen los derechos de cualquier persona.
Así, no parece que el problema se reduzca a un mero debate sobre la actualización y modernización de la técnica legislativa, o a una crítica sobre la irresponsabilidad y falta de ética legislativas. El uso de la IA en los términos que propone la diputada Chávez es riesgoso, además de que exhibe que la legisladora no está llevando a cabo la función pública para la cual se le paga.
