Publicado: noviembre 23, 2025, 5:08 am
Cada vez con mayor convicción, los mercados dirigen su mirada hacia inversiones que integran criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG). Y aunque el ritmo de crecimiento de este tipo de inversión ha perdido aceleración, está lejos de mostrar signos de agotamiento. Como explica Javier Rivas, director del Máster en Finanzas de EAE Business School, esto responde más a un proceso de madurez que a un retroceso real. «Se debe a ciertos excesos inversores en sectores muy concretos, como el de las energías renovables, que con el tiempo se han ido corrigiendo. Si tomamos como referencia lo que ocurre en los países europeos de nuestro entorno, la evolución es comparable». En España, según datos de Spainsif, los activos gestionados bajo criterios ASG alcanzaron a finales de 2024 los 238.000 millones de euros, lo que representa algo más del 43% del total de los fondos gestionados, mientras que en otros países europeos la cifra supera ligeramente el 50%. Lejos de pensar que las políticas de la administración Trump suponen una caída, lo cierto es que el mercado no ha reaccionado en ese sentido. Quizás sí se observa una actitud algo más prudente o menos visible en la comunicación pública de sus estrategias, apunta Pablo Esteban, subdirector general de Spainsif, pero a nivel interno siguen considerando los productos sostenibles como parte estructural de su cartera. Desde esta perspectiva, el aparente estancamiento de los dos últimos años «no refleja una caída, sino una normalización lógica en un mercado ya muy consolidado». En Europa, recuerda, más del 60% de los activos están catalogados como sostenibles; en España, algo más del 40%. Cuando gran parte del sistema financiero ya ha integrado la sostenibilidad, el crecimiento tiende naturalmente a estabilizarse. De hecho, solo un 4% de las gestoras españolas prevé un escenario de estancamiento a tres años vista, mientras que más del 45% confía en que el crecimiento se sitúe entre el 10% y el 15%. En comparación con Europa, añade Esteban, las gestoras internacionales han desarrollado con más rapidez prácticas de ‘engagement’ y ‘stewardship’, así como metodologías de medición de impacto más maduras. No obstante, el avance en España es constante, «con una atención creciente hacia áreas como la biodiversidad, la vivienda social o la educación inclusiva, que empiezan a captar el interés de los fondos de capital de impacto». Desde la óptica empresarial, el impulso regulatorio también ha tenido un efecto decisivo. «En España el porcentaje que promueve características sociales y medioambientales sigue en aumento y representa ya el 37% de los activos bajo gestión», señala Álvaro Molina, socio de ESG en EY-Parthenon. «Además, casi todas las empresas del Ibex 35 aumentaron su inversión en sostenibilidad el pasado año, impulsadas por la presión de inversores, clientes y talento. La sostenibilidad se está integrando como parte esencial de la estrategia competitiva». Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan es la falta de un estándar único. «Se ha avanzado mucho, aunque todavía no existe un marco global homogéneo», apuntan los expertos. Molina cree que Europa lidera con un paquete regulatorio robusto -CSRD, ESRS, Taxonomía- que está marcando la pauta internacional, mientras que otros sistemas, como ISSB o GRI, avanzan hacia la interoperabilidad y la simplificación. «El objetivo común es que los informes sean comparables y útiles para inversores y empresas». Este aspecto sigue siendo el eslabón más débil dentro de las estrategias de sostenibilidad. Aunque las compañías y los inversores muestran una voluntad creciente de incorporar factores humanos, el gran obstáculo sigue siendo su medición. Las políticas de diversidad, las condiciones laborales o el respeto a los derechos humanos carecen todavía de indicadores estandarizados, lo que dificulta la trazabilidad y la comparación entre sectores. «Pero el gran freno es la dificultad de medir el impacto social con datos claros y comparables», señala Molina. También desde Spainsif, destacan que los temas sociales empiezan a ganar peso en la agenda inversora, con proyectos de vivienda asequible, educación inclusiva o acceso a servicios básicos que están atrayendo capital de impacto y fondos privados. La nueva directiva europea de diligencia debida, añaden ambos, podría suponer un antes y un después al exigir a las empresas una evaluación más rigurosa del impacto social de su actividad. Esa falta de homogeneidad y de métricas claras hace que, en muchos casos, la toma de decisiones de inversión se base más en la reputación que en indicadores objetivos. De ahí que la transparencia, las auditorías de impacto y las agencias de calificación sean determinantes. Su papel, no obstante, no está exento de controversia. Aunque se han convertido en una herramienta fundamental para los inversores, sus divergencias metodológicas generan desconfianza. Una misma empresa puede recibir puntuaciones muy distintas en función de la agencia que la evalúe y de la ponderación que esta dé a los factores ambientales, sociales o de gobernanza. «Existe la misma polémica que con las agencias de rating financiero», admite Esteban. «No hay criterios homogéneos y eso genera interpretaciones dispares que confunden tanto a inversores como a compañías». El nuevo Reglamento europeo sobre agencias de rating ASG, aprobado en noviembre de 2024, busca precisamente elevar esa fiabilidad y transparencia. A partir de ahora, explica Esteban, «estas agencias deberán estar autorizadas y supervisadas por la ESMA, con metodologías abiertas, fuentes de información verificables y ponderaciones claras entre los pilares ambiental, social y de gobernanza. Es un salto hacia una mayor confianza del mercado». En paralelo, la Unión Europea avanza en la revisión de la SFDR y en la actualización del Reglamento de la Taxonomía, con el fin de simplificar la categorización de productos de inversión y clarificar qué se puede considerar realmente sostenible. «Esa clarificación es crucial porque aportará seguridad a las gestoras y comparabilidad de criterios, lo que el mercado lleva tiempo reclamando», sigue indicando. En cuanto al greenwashing y la credibilidad del sistema, a veces, matiza Esteban, «no es intencionado, sino fruto de la falta de información o de verificación, la clave está en reforzarla». España ya cuenta con verificadores acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) que auditan los informes de sostenibilidad. Además, el nuevo marco europeo de consumo sostenible (que incluye la Directiva de Green Claims y el Reglamento de Ecodiseño) impondrá controles más estrictos sobre las alegaciones medioambientales de los productos». En este escenario regulatorio y empresarial, indican lo expertos, la sostenibilidad no es una moda, sino una palanca de valor. Ya no se trata solo de cumplir con la normativa, resume Molina. «Las empresas que integran ESG acceden a financiación más barata, atraen talento y están mejor preparadas frente a los riesgos climáticos o sociales».
