Publicado: septiembre 8, 2026, 8:31 pm
La UE tiene todavía muchos deberes por hacer para frenar el tráfico ilícito de tabaco. Los avances en esa lucha son «insuficientes», avisa en un informe publicado este martes el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés) que, eso sí, sitúa a España como una referencia en muchos aspectos de ese combate, sobre todo, dicen, por «su control especializado». Y es que los auditores seleccionaron a España como uno de los cuatro Estados miembros clave para realizar visitas sobre el terreno, debido a la información existente de incautaciones, la presencia de fábricas clandestinas y las rutas de distribución geográfica en el país.
Esta situación puede convertirse en un pozo sin fondo no solo para los gobiernos nacionales, sino para toda la Unión, con pérdidas estimadas por la Comisión Europea de unos 13.000 millones de euros al año para los presupuestos tanto de la UE como de sus Estados miembros. Además, el contrabando de estos productos «socava gravemente las políticas sanitarias dirigidas a disminuir la población fumadora al ofrecer tabaco a precios mucho más reducidos», avisan los auditores.
Con todo, uno de los hitos más significativos reflejados en la auditoría es el desmantelamiento en 2023 de la mayor fábrica de cigarrillos ilícitos detectada en España hasta la fecha. La operación, que se desarrolló en coordinación y con medios de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), permitió desarticular «una sofisticada red delictiva que operaba a nivel transnacional en otros seis países de la Unión y su vecindad», explica el informe.
El golpe policial contra esta infraestructura ilícita se saldó con la detención de 20 personas y la incautación de aproximadamente 31 toneladas de tabaco crudo, con un valor estimado de cinco millones de euros. Asimismo, las autoridades españolas confiscaron cerca de tres millones de cajetillas de cigarrillos falsificados, cuyo valor de mercado ascendía a los 15 millones de euros, equivalentes en altura -si se apilaran horizontalmente, especifican en el informe- a 56 veces el monte Everest.
A pesar de las críticas de los auditores sobre la falta de coordinación general en Europa, España «destaca positivamente por sus estructuras especializadas de control», matiza el documento. De hecho, por ejemplo, el informe del Tribunal de Cuentas califica como una «buena práctica» el funcionamiento del Centro de Cooperación Operativa Permanente de España, el cual trabaja de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sirviendo de núcleo para la cooperación interregional, nacional e internacional.
Los auditores también resaltan que las autoridades aduaneras de España cuentan con amplias competencias legales y estructuras específicas de investigación. Esta capacidad institucional le permite al organismo coordinar operaciones tácticas, dirigir investigaciones penales y abarcar de manera directa tanto los aspectos administrativos como los puramente operativos del control de mercancías.
Sin embargo, el informe advierte de diferencias de peso en la planificación estratégica entre los países visitados. Mientras que Polonia trata la lucha contra el comercio ilícito como una prioridad de primer nivel y cuenta con un plan específico, España se apoya en marcos nacionales más amplios en lugar de poseer una estrategia exclusiva para el tabaco.
Pero hay muchas cosas todavía por hacer, insiste el documento. La falta de armonización de las leyes de la Unión Europea sobre el control del tabaco crudo y la maquinaria de producción genera vulnerabilidades que aprovechan las mafias. En este sentido, España se sitúa entre los pocos países que han decidido adelantarse y aplicar disposiciones nacionales específicas para regular estos insumos en distintos grados, a pesar de que las autoridades nacionales critican que el marco normativo común de la Unión sigue estando fragmentado.
La gobernanza interna de los compromisos internacionales también varía entre los socios de la UE, añaden los auditores, lo que puede repercutir en su ejecución. En España, la responsabilidad del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (CMCT) se encuentra compartida entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Sanidad, a diferencia de Bélgica o Rumanía, donde la competencia es exclusiva de Sanidad, o Polonia, donde depende de Hacienda.
La cooperación internacional en tiempo real sigue siendo un obstáculo, dado que la auditoría detectó que las autoridades aduaneras a menudo reciben información parcial o con retraso. Al evaluar una muestra de diez incautaciones por cada país miembro de la UE para comprobar si los datos se compartieron de forma transfronteriza, los auditores constataron que la cooperación efectiva solo se produjo en dos, tres, cuatro o cinco de los casos analizados por país.
Finalmente, los auditores expresaron su preocupación por los memorandos de entendimiento voluntarios firmados entre los Estados miembros y las tabacaleras. España es uno de los países que mantiene este tipo de acuerdos con los fabricantes, los cuales no están a disposición del público. El informe advierte que la opacidad de estas alianzas dificulta evaluar si cumplen con el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), que exige limitar y transparentar cualquier interacción con esta industria.
