Publicado: mayo 7, 2025, 12:30 pm
La Comisión Europa ha anunciado este miércoles su decisión de llevar a España, así como a otros países miembros, ante el Tribunal Europeo de Justicia por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA), la normativa con la que Bruselas busca proteger a los menores o combatir el odio y la desinformación vertidos en sitios de internet como TikTok, Facebook, Instagram o Amazon. En concreto, la Comisión acusa a España, así como a Portugal, República Checa, Polonia y Chipre , de no entregar las competencias necesarias al coordinador nacional de la DSA para aplicar efectivamente la norma. Asimismo, se apunta que no se han establecido las reglas que fijan las sanciones a los sitios de internet que infrinjan la regulación, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. En el caso de España, el encargado de velar por el cumplimiento de la DSA es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, más de un año después de su designación como tal, sigue sin poder supervisar a los proveedores de servicios intermediarios que están establecidos en España, afectando a la protección de los derechos de los usuarios de estas plataformas, que podrían quedar más expuestos a contenidos dañinos. La DSA exigía que los todos los gobiernos de la UE designasen a una o más autoridades competentes para supervisar y aplicar la norma en su territorio antes del 17 de febrero de 2024. Además, debían otorgarles poderes suficientes para llevar a cabo esta tarea, así como que estableciesen las reglas sobre las sanciones en caso de infracción. El Gobierno de España intentó solventar la situación con la inclusión de las funciones de la CNMC en el ‘ decreto ómnibus ‘ aprobado en el último consejo de ministros de 2024. Sin embargo, un mes después, fue tumbado en el Congreso de los Diputados. Desde el Ministerio de Transformación Digital señalan a ABC que el nombramiento de la CNMC como coordinador nacional se encuentra actualmente en tramitación en el Anteproyecto de Ley de Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, que fue presentado a primera vuelta en el Consejo de Ministros y a audiencia pública el pasado mes de marzo. Aquí también se contemplan sanciones de 30.000 euros (si las infracciones son leves) hasta el 6% del volumen de negocios anual de la plataforma infractora. Sea como sea, la otorgación de competencias a la CNMC llega tarde. Bruselas puede pedir al TJUE que imponga sanciones a los países si estos no toman medidas para atajar el incumplimiento de la legislación europea o si no atienden a las sentencias judiciales.
