Publicado: junio 13, 2026, 3:30 am
La UE se ha propuesto endurecer su política migratoria y los Estados miembros están completando ese camino: en 10 años se ha pasado de la política de «puertas abiertas» liderada por Alemania a aumentar los controles, incluso en algunas fronteras interiores, acelerar los retornos, aceptar centros de detención, recopilar más datos de quienes llegan y endurecer las condiciones para el asilo. Tardó mucho en llegar el pacto europeo de migración y asilo, que mostró una de las negociaciones más duras en la Unión… pero el acuerdo ya está en marcha desde este viernes. Así, el mensaje es radicalmente distinto al de hace una década.
El paraguas europeo es restrictivo para los más críticos y un paso adelante para quienes defienden el acuerdo, como es el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «La migración es un reto europeo que debe abordarse con una solución europea. Una solución eficaz, justa y firme», expuso, y defendió que el acuerdo genera «fronteras exteriores más seguras, solidaridad entre los Estados miembros y procedimientos más eficientes en materia de asilo y retorno». Al mismo tiempo, hizo un llamamiento a los ‘aliados’ del bloque comunitario: «Para abordar juntos las causas profundas de la migración, seguimos reforzando nuestras relaciones con socios internacionales».
Y es que el acuerdo se apoya en lo que la Comisión define como «reglas firmes pero justas» diseñadas para gestionar y normalizar la migración a largo plazo. Se busca garantizar, explica Bruselas que «ningún país de la UE se quede solo bajo presión», reforzando la seguridad en las fronteras exteriores mediante un sistema de triaje común que incluye controles de salud, identificación y seguridad obligatorios para todos los que lleguen de forma irregular. Es concepto de «bajo presión» aplica a España precisamente por ser país fronterizo.
El control tecnológico será otro pilar fundamental con la expansión de Eurodac, que se convierte en una base de datos de asilo y migración integral. Este sistema ya no se limitará solo a solicitantes de protección, sino que recogerá datos de todas las personas que entren de manera irregular a Europa. Interior ha señalado la necesidad de desarrollar nuevos sistemas informáticos para «facilitar la interoperabilidad» entre las autoridades policiales y de acogida.
España, en cambio, reniega del pacto. El Gobierno ha dejado claro que su aplicación del acuerdo incluirá la creación de un procedimiento de protección internacional en frontera. Este proceso tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas (es decir, tres meses), periodo durante el cual el solicitante no recibirá autorización para entrar en territorio nacional y deberá permanecer en instalaciones habilitadas. Esta normativa se aplicará específicamente a quienes lleguen en patera o cayuco o sean interceptados en intentos de entrada irregular a las costas españolas.
Ese planteamiento español, distinto al generalizado, se ve también en la regularización masiva de migrantes que no gusta en otros socios y sobre el que la Comisión ha sido rotunda: no puede afectar a otros Estados miembros ni alterar el normal funcionamiento del espacio Schengen de libre circulación. Esta semana, en este sentido, el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, elevó el tono sobre la medida. «La señal general no es buena. Entiendo la situación particular de España, ya que el 80 % de esas personas proceden, de hecho, de América Latina. Hablan el mismo idioma y comparten parte de su cultura. Esta política es un ámbito de competencia de los Estados miembros», sostuvo.
Queda por concretar todavía qué pasa con los llamados «centros de retorno», que son en realidad centros de detención de migrantes en terceros países, siguiendo el modelo que aplica Italia con Albania. España no recurrirá a ellos, pero la Comisión Europea prepara desde ya el encaje legal de esta vía, con hasta 17 países miembros a favor de ella. En general, además, la nueva normativa de retorno prevé plazos de detención para los repatriados de hasta dos años en caso de que haya riesgo de fuga o no se coopere con las autoridades. Esos plazos se pueden aplicar también a los menores no acompañados, aunque en este caso se insiste en que se trata «del último recurso» y solo se daría en situaciones extremas y también solamente dentro de la UE.
Sin embargo, la normativa establece una excepción fundamental por razones de vulnerabilidad: los menores no acompañados no podrán ser transferidos a estos centros de deportación en el extranjero bajo ninguna circunstancia. «La migración es un reto europeo que debe abordarse con una solución europea. Una solución eficaz, justa y firme», expuso, y defendió que el acuerdo genera «fronteras exteriores más seguras, solidaridad entre los Estados miembros y procedimientos más eficientes en materia de asilo y retorno». Al mismo tiempo, hizo un llamamiento a los ‘aliados’ del bloque comunitario: «Para abordar juntos las causas profundas de la migración, seguimos reforzando nuestras relaciones con socios internacionales».
Alemania celebra «el paso más importante» de la UE
Uno de los líderes que más ha celebrado la entrada en vigor del pacto de migración y asilo ha sido el canciller alemán, Friedrich Merz. «Se trata de un paso significativo, sí, un paso importante, el más importante hacia la solución de este problema«, dijo al respecto este jueves en una comparecencia en el Parlamento germano. De hecho, el país ha pasado en 10 años de la política de «puertas abiertas» aplicada por Angela Merkel ante la crisis siria a unas medidas más restrictivas, incluso con controles en fronteras interiores de la UE, algo que Bruselas ya ha reclamado que se retire.
Y es que los controles interiores no gustan a la Comisión, pues considera que van en contra de las bases de Schengen de libre circulación. Así, Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia han sido los socios que han recibido esa «recomendación» por parte del Ejecutivo comunitario. Fuentes comunitarias consultadas por 20minutos insisten en que la retirada de los controles «es una recomendación» y la Comisión insta a reemplazarlos «por otras medidas alternativas». De este modo, el Ejecutivo comunitario defiende la «eliminación progresiva y el levantamiento gradual de los controles en las fronteras interiores».
Pero todo esto sirve para saber, al completo, cómo ha cambiado el enfoque de la UE -y, sobre todo, de los Estados miembros- con la política migratoria. En 2015, bajo el liderazgo de Merkel, Alemania se posicionó como el epicentro de la respuesta humanitaria ante la crisis migratoria en Europa. Ante el flujo masivo de personas provenientes de Siria, Afganistán e Irak, el Gobierno germano tomó la decisión histórica de suspender temporalmente la aplicación del Reglamento de Dublín, permitiendo que los refugiados solicitaran asilo en su territorio independientemente de su punto de entrada a la Unión Europea. Esta política resultó en la recepción de aproximadamente 890.000 solicitantes de asilo ese año, una cifra que superó con creces la de cualquier otro Estado miembro del bloque.
El eje central de esta estrategia fue la consigna «lo conseguiremos», con la cual Merkel defendió que la solidez económica y la baja tasa de desempleo de Alemania permitían absorber el impacto de la crisis. Para facilitar la integración, su administración impulsó programas de alojamiento, aprendizaje del idioma e inserción laboral. Sin embargo, la magnitud de la llegada masiva generó un intenso debate nacional sobre los límites de la capacidad de acogida del país, provocando tensiones políticas internas y el fortalecimiento de movimientos y partidos críticos con la inmigración.
A escala continental, Alemania lideró la búsqueda de una respuesta común basada en el reparto de responsabilidades, apoyando mecanismos para redistribuir hasta 160.000 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia hacia otros países de la UE. No obstante, esta iniciativa enfrentó el rechazo de varios gobiernos de Europa Central y Oriental, quienes se opusieron a las cuotas obligatorias -sobre todo Hungría y Polonia-, evidenciando profundas divisiones dentro de la Unión. A pesar de estos conflictos, el papel de Alemania la consolidó como el principal destino de los refugiados y como la fuerza motriz detrás de las reformas para coordinar la política migratoria europea. Ahora esa política ya no es, ni mucho menos, la de hace 10 años.
