Publicado: agosto 5, 2025, 1:00 am
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su monitoreo permanente, ha documentado violaciones a la libertad de expresión de amplio espectro, incluyendo allanamientos arbitrarios, violencia durante protestas, revocación de pasaportes de periodistas y defensores de derechos humanos, extorsión, censura, estigmatización y amenazas por parte de las autoridades. También se ha denunciado el cierre de emisoras de radio, censura en Internet y vigilancia digital.
Los esfuerzos del Estado por silenciar la disidencia han obligado a los periodistas a adoptar estrategias de autoprotección y autocensura. Muchos se han visto obligados a exiliarse, lo que ha contribuido a empeorar la situación de los medios de comunicación independientes en Venezuela.
En los meses previos y posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 -que, según el Centro Carter, no cumplieron con los estándares y parámetros internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas-, en las que Nicolás Maduro fue reelegido, se intensificó la violencia contra los periodistas.
Desde entonces, se han denunciado múltiples agresiones y detenciones contra miembros de la prensa. Con el apoyo de la organización Espacio Público, PEN International ha documentado los casos de al menos ocho periodistas que han sido detenidos o desaparecidos forzosamente debido a su trabajo periodístico, o por expresar opiniones críticas con las autoridades.
Ismael Gabriel González, periodista y miembro del equipo de comunicación de la Campaña ConVzla, fue detenido el 17 de junio de 2024 en Caracas, sin orden judicial por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y trasladado al centro de detención El Helicoide. Se le acusa de «asociación para delinquir» e «incitación al odio». Permanece incomunicado y no ha tenido acceso a asistencia letrada independiente.
Luis López, periodista, fue detenido entre el 14 y el 15 de junio de 2024 por agentes de seguridad. A principios de junio, López había denunciado que el consejo de redacción del medio de comunicación La Verdad de Vargas le había apartado de su puesto por «presiones políticas». Fue detenido en el Estado de Vargas (norte de Venezuela) mientras cubría una protesta en La Guaira. Fue presentado ante un tribunal competente en casos de terrorismo y acusado de «incitación al odio», «asociación para delinquir» y «terrorismo». Está detenido en el centro de detención de El Helicoide.
Víctor Ugas, periodista conocido por sus reportajes en las redes sociales, fue detenido el 18 de agosto de 2024 tras un altercado verbal con un influencer progubernamental. Fue acusado formalmente de «incitación al odio». Ugas no ha tenido un juicio justo ni una defensa legal adecuada. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Tocorón, donde las malas condiciones han empeorado su asma, lo que ha provocado su hospitalización del 4 al 6 de febrero de 2025.
Leocenis Manuel García Osorio, periodista, escritor y activista político, fundador del semanario 6to Poder, fue detenido el 11 de septiembre de 2024 por agentes del SEBIN tras publicar un vídeo en las redes sociales en el que acusaba al gobierno de violar la Constitución tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Se trata de su quinta detención arbitraria por sus expresiones críticas. Según Espacio Público, García Osorio se encuentra incomunicado en El Rodeo I, un centro de detención en el estado de Miranda bajo el control de la Dirección de Contrainteligencia Militar. En octubre de 2024, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Leocenis Manuel García Osorio, por considerar que enfrenta un riesgo grave y urgente de sufrir un daño irreparable a sus derechos. Es autor de numerosos artículos, ensayos y libros, entre ellos Estamos Unidos (2022) y La Rebelión de los Tejones (2019), centrados en la política y los derechos humanos.
Julio César Balza, periodista y miembro del equipo de prensa de la dirigente opositora María Corina Machado, fue interceptado el 9 de enero de 2025 por agentes del SEBIN en Caracas, tras una protesta en Chacao. Según su familia, no han recibido ninguna información sobre su paradero, permanece en desaparición forzada, se desconoce su situación legal y su ubicación. El habeas corpus interpuesto por su familia no fue aceptado por las autoridades venezolanas.
Ángel Godoy, periodista y activista, fue detenido arbitrariamente el 8 de enero de 2025 por individuos enmascarados y no identificados frente a su domicilio en Los Teques, estado de Miranda, según su esposa. Godoy es defensor de los derechos humanos, director del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y colaborador del portal de noticias Punto de Corte. Está detenido en El Helicoide, sin acceso al debido proceso.
Rory Branker, periodista, columnista, editor y analista de medios de comunicación para medios como La Patilla, fue detenido el 20 de febrero de 2025 por agentes del SEBIN en Caracas. Inicialmente fue trasladado al centro de detención de El Helicoide; sin embargo, horas después, su familia confirmó que había perdido el contacto con él y sigue en paradero desconocido. Tras la detención, las autoridades allanaron su domicilio y se incautaron de dos ordenadores portátiles y dos teléfonos móviles. Branker está recluido sin garantías judiciales ni acceso a defensa letrada independiente. El 26 de febrero, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, leyó una declaración en su programa de televisión Con el mazo dando, en la que afirmaba que Branker había sido detenido por «extorsión, difusión de información falsa y otros delitos (…) para crear narrativas antigubernamentales». Al día de hoy, se desconoce su paradero y se considera que está bajo custodia del Estado venezolano.
Nakary Mena Ramos, periodista de Impacto Venezuela, fue detenida el 8 de abril de 2025 junto con su compañero, Gianni González, tras publicar un reportaje sobre el aumento de los robos en Caracas. El 17 de junio de 2025, un tribunal de Caracas confirmó su detención preventiva y ordenó un juicio por «incitación al odio» y «publicación de noticias falsas». La familia de Nakary informa que padece escoliosis y que anteriormente fue sometida a una operación de columna. En el centro de detención, se ve obligada a dormir en una delgada colchoneta y sufre fuertes dolores.
PEN Internacional pide a las autoridades venezolanas:
Liberar inmediata e incondicionalmente a todos los periodistas detenidos arbitrariamente por desempeñar su labor periodística y ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Poner fin al uso de las instituciones judiciales y de inteligencia para criminalizar el periodismo y reprimir la libertad de expresión.
Derogar la profundamente draconiana «Ley contra el Odio», que ha sido utilizada como arma para silenciar la expresión crítica, dando lugar a violaciones generalizadas de la libertad de expresión.
