Publicado: marzo 7, 2025, 7:00 am
En días pasados, en el estado de Querétaro, entró en vigor una nueva ley que busca la protección de los niños, niñas y adolescentes no sólo de los peligros que enfrentan en los entornos digitales, sino también de las consecuencias que observamos traducidas en altos niveles de depresión, ansiedad y aislamiento de este grupo poblacional. La llamada Ley Kuri busca restringir el acceso y uso de los dispositivos “inteligentes”, entendiendo que es un trabajo coordinado entre padres de familia, escuelas y Estado.
Es claro que, en la era digital, los menores de edad se enfrentan a un ecosistema tecnológico cada vez más complejo, donde la protección de sus datos personales constituye un desafío fundamental para la sociedad. La facilidad con la que los niños y adolescentes acceden a plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones ha generado una creciente preocupación sobre su privacidad y seguridad. La protección de sus datos no solo es una responsabilidad de los gobiernos y las empresas tecnológicas, sino que también recae en los padres, quienes tienen el deber ineludible de educar a sus hijos en el uso responsable y seguro de estos entornos. Ante ello, destaco a continuación algunos desafíos a tener en consideración que no necesariamente serán resueltos por legislaciones como la referida.
Uno de los principales desafíos radica en la recolección masiva de datos por parte de plataformas digitales. Los algoritmos de inteligencia artificial y la economía del big data han impulsado una recolección sin precedentes de información personal, muchas veces sin el consentimiento informado de los menores o sus tutores. Según Sonia Livingstone y Julian Sefton-Green (2016), en su estudio The Class: Living and Learning in the Digital Age, los menores son sujetos particularmente vulnerables a la explotación de datos debido a su escasa comprensión de los términos y condiciones de los servicios digitales. A menudo, los niños proporcionan información personal sin dimensionar las implicaciones a largo plazo, lo que los expone a riesgos como el robo de identidad, la publicidad dirigida invasiva y, en casos extremos, la explotación por parte de ciberdelincuentes.
El segundo reto se encuentra en la insuficiente regulación y cumplimiento de normativas de protección de datos infantiles. Si bien existen marcos jurídicos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea, la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) en Estados Unidos y, en el caso mexicano, tanto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) como la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, su implementación presenta desafíos significativos. Muchas empresas no cumplen estrictamente con estas disposiciones, y la fiscalización es limitada. Además, las diferencias normativas entre países dificultan la creación de un estándar global que proteja eficazmente la privacidad infantil en línea. La investigadora Valeria Méndez (2021), en su estudio Children’s Digital Privacy: Regulatory Gaps and Risks, argumenta que la falta de coordinación internacional en la protección de datos de menores deja lagunas jurídicas que pueden ser explotadas por empresas tecnológicas para la recopilación y procesamiento de información infantil.
Ante este panorama, el papel de los padres es crucial en la formación de hábitos digitales responsables en sus hijos. No basta con confiar en regulaciones o en la autorregulación de las empresas; es imperativo que los padres asuman un rol activo en la educación digital de los menores. Esto implica no solo supervisar el contenido que consumen, sino también enseñarles principios fundamentales sobre privacidad y seguridad en línea. Deben inculcar la importancia de no compartir información sensible, de utilizar contraseñas seguras y de ser críticos con la información que reciben en entornos digitales.
Asimismo, es vital fomentar un diálogo abierto y constante sobre los riesgos del mundo digital. La sobreprotección excesiva o la prohibición del acceso a internet pueden resultar contraproducentes, ya que los menores podrían buscar alternativas para eludir las restricciones, exponiéndose a mayores peligros. En su lugar, se recomienda un enfoque basado en la alfabetización digital, donde los niños comprendan el funcionamiento de las plataformas que utilizan y las posibles consecuencias de sus acciones en línea. Según estudios de Danah Boyd (2014), en It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens, los adolescentes navegan en entornos digitales buscando autonomía, pero requieren el acompañamiento y guía de los adultos para gestionar adecuadamente su presencia en línea.
La protección de los datos de los menores en entornos digitales es un desafío multifacético que requiere una acción coordinada entre gobiernos, empresas tecnológicas y padres de familia. Si bien las regulaciones son esenciales, no sustituyen la labor educativa de los padres en la formación de hábitos digitales seguros. La enseñanza sobre privacidad y seguridad en internet debe ser una prioridad en la crianza contemporánea, asegurando que las nuevas generaciones crezcan con las herramientas necesarias para desenvolverse en el entorno digital de manera responsable y protegida. Solo así se podrá garantizar que la era digital no represente una amenaza para la privacidad y el bienestar de los menores, sino un espacio de aprendizaje y desarrollo seguro.
*El autor es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana.
