Publicado: mayo 15, 2025, 8:30 am
La justicia europea se inclina a pensar que las reglas y normas que se dan los organismos deportivos para sus propias actividades no pueden contradecir la legislación europea en materia de competencia o mercado interior. Aunque sean entes autónomos, no pueden infringir la legalidad europea, aunque se trate de disposiciones que estos organismos creen que son imprescindibles para garantizar la integridad del fútbol. Esto es lo que piensa el abogado general que se ha encargado del asunto y que hace un papel que en España estaría entre el juez instructor y el abogado del Estado. Sus dictámenes no vinculan a los jueces que más adelante van a juzgar el casa, pero en la inmensa mayoría de los expedientes, la opinión del abogado general coincide con la sentencia. Los tres casos que han sido gestionados por el mismo abogado general incluyen un caso en el que dos agentes de jugadores han denunciado las normas de la FIFA que regulan su remuneración y su conducta profesional. También se incluye otro caso contra la federación alemana de fútbol (DFB) interpuesto por dos empresas que prestan servicio de asesoramiento y representación a futbolistas y que consideran que las normas que les imponen ponen en peligro su actividad profesional. Y finalmente, se trata de un acuerdo entre los clubes portugueses de primera y segunda y la propia federación nacional por el que acordaron no autorizar la contratación de jugadores que hubieran roto sus contratos durante la pandemia de Covid-19. El abogado general, en este caso el chipriota Nicholas Emilíou, se pronuncia a favor una interpretación estricta de lo que se considera la «excepción deportiva» para la regulación de sus propias normas de funcionamiento fuera de la generales europeas y lo limita específicamente a aquellas que se adopten únicamente por motivos de orden no económico y que se refieran a cuestiones de índole exclusivamente deportiva o que si tienen consecuencias económicas su impacto sea «poco significativo». Por ello, en el dictamen se propone al Tribunal de Justicia que aclare que si bien el Derecho de la Unión autoriza a las distintas federaciones deportivas a adoptar normas relativas a la actividad de operadores como los agentes de los jugadores, estas reglas han de justificarse adecuadamente en caso de que se considere que afectan a las reglas generales de competencia y además han de respetar los principios de proporcionalidad y eficacia.
