Publicado: marzo 14, 2025, 7:00 am
Cuando era niño, mis padres querían que conociéramos la mayor parte de México. Años atrás, viajar por carretera era una de las formas más comunes de explorar el país. No había vuelos baratos, y los viajes en coche eran parte del encanto. Recuerdo cómo, con solo tomar el coche y manejar unas horas, podíamos estar en Chiapas o cruzar la frontera de Tamaulipas sin mayores problemas que una llanta averiada o baches en el camino. Hoy, esa realidad ha desaparecido. México ha cambiado, y lo que era una aventura sin riesgos ahora es un viaje lleno de incertidumbre. La libertad de viajar por carretera ha sido reemplazada por la amenaza constante de la violencia. El país vive una guerra civil blanda, un conflicto silencioso pero profundo.
La “guerra civil blanda” en México no solo se ve en las estadísticas de muertos y desaparecidos, sino también en las zonas del país donde el Estado ha perdido el control. Hace unos días se reportó la existencia de un rancho, en Teuchitlán, Jalisco, donde uno de los carteles no solo ejecutaba a sus enemigos, sino que también entrenaba a jóvenes para unirse a sus filas como sicarios. De manera similar, en Reynosa, Tamaulipas –una ciudad que cruzábamos sin miedo durante mi niñez– se descubrió un terreno utilizado por criminales para ejecutar a sus rivales. Estos son solo algunos de los testimonios de un país donde los carteles controlan zonas enteras y el gobierno lucha por recuperar el territorio.
Este desbordamiento de la violencia no es un fenómeno reciente, pero ha sido profundamente subestimado por diferentes gobiernos. Durante años, el Estado ha optado por enfoques que no han dado resultados claros. En algunos momentos, la respuesta fue la militarización de la seguridad pública; en otros, la apuesta fue por la investigación y la lucha contra los carteles de manera indirecta. El gobierno de López Obrador adoptó un enfoque de “abrazos, no balazos”, que consolidó la expansión del crimen organizado.
El impacto de esta violencia es evidente. Más de medio millón de personas han desaparecido o sido asesinadas en las últimas décadas, una cifra que sigue siendo difícil de determinar con precisión debido a la manipulación y politización de los datos. Lo que es claro es que esta guerra civil blanda está destruyendo a México. Los grupos armados luchan entre sí por el control territorial, alimentándose de la extracción de rentas provenientes del tráfico de drogas, la extorsión y otros delitos violentos. La violencia generalizada afecta a la población civil.
El costo de la criminalidad en México es enorme. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los costos directos de la violencia representan el 3.44% del Producto Interno Bruto del país, lo que equivale al 78% del presupuesto anual destinado a la educación pública.
Entonces, ¿qué se debe hacer? México se encuentra en una posición privilegiada, tanto comercial como geopolíticamente. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y debemos buscar una cooperación más sólida en materia de inteligencia y seguridad. Es urgente establecer un nuevo Plan Colombia que contemple la asistencia técnica y una mayor colaboración bilateral en la lucha contra el crimen organizado. La experiencia colombiana demuestra que, cuando la cooperación internacional es efectiva, los resultados pueden ser significativos.
También es necesario un cambio interno radical. Debemos ser conscientes de que los derechos de todos los ciudadanos dependen del cumplimiento de nuestras obligaciones. Los criminales que violan estas leyes deben ser atendidos con la fuerza del Estado, sin ambigüedades ni tibiezas.
Solo así podremos recuperar el México de mi niñez. Donde no teníamos que vivir los horrores de esta guerra civil blanda.
