Publicado: abril 30, 2026, 10:30 am
El pasado febrero el Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid concluía la fase de instrucción de la Operación Luna, más conocido como el ‘caso Sálvame’ un caso sobre supuesta revelación de secretos y cohecho que involucraba a miembros del programa Sálvame y funcionarios de la Policía Nacional. La investigación, liderada por la Unidad de Asuntos Internos, destapó una presunta red de obtención y difusión ilegal de datos policiales de figuras mediáticas y famosos.
Ahora se ha tenido conocimiento del escrito de la Fiscalía con el que el organismo público ejerce la acusación pública, que centra en tres personas: Ángel J. Fernández, agente de la Policía Nacional que, según la Fiscalía, «prevaliéndose de su cargo» y sin justificación laboral, accedió a las bases de datos de la Policía para sacar información de las víctimas; Gustavo González, conocido paparazzi y colaborador de televisión y en concreto de Sálvame e Iván Caveda, también agente de la Policía Nacional, acusado de colaborar en puntos específicos de la trama. Para ellos el Fiscal pide penas que podrían llegar a los 15 años de prisión para González y 12 para los policías.
Así, el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid centra la acción penal exclusivamente en esas tres personas, excluyendo de la acusación a otras que estuvieron en el entorno de los hechos, y pese a aparecer en el relato como receptores de datos, como Diego Arrabal (colaborador), David Valldeperas (director de Sálvame) y la fallecida Mila Ximénez, además de otros trabajadores de la productora La Fábrica de la Tele, como María Pasqual, Miguel Menaut, Isaac Pulido y María Victoria Laseca y redactores del espacio de Telecinco.
Esto supone un respiro para el que fuera director del programa, que no tenía por qué saber de dónde procedían las exclusivas, a pesar de trabajar con ellas, como ocurre mucho en el ámbito de la comunicación por la protección a las fuentes.
Y aunque en la instrucción el juez consideró como imputados además de a Gustavo González y a los policías citados, a los directores de Sálvame David Valldeperas Andújar y Alberto Díaz Martínez, que el fiscal los excluya es un hecho muy positivo y las conclusiones del juez podríam modificarse durante la vista oral.
Ya en febrero quedaron definitivamente fuera del proceso los excreadores de La Fábrica de la tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ahora CEOs de La Osa Producciones). Eso sí, tanto el juez como el fiscal consideran como responsable Civil subsidiario a La Fabrica de la Tele SL (productora del programa) y el juez además como responsable Civil subsidiario a Mediaset.
El Fiscal tampoco acusa ni pide penas para otros trabajadores y directivos de La Fábrica de la Tele que solicitaron o recibieron información. Colaboradores y periodistas de Sálvame y el medio Rumore que utilizaron o difundieron los datos obtenidos ilícitamente en programas y artículos tampoco han sido acusados por la Fiscalía.
En total, el escrito describe más de un centenar de accesos y revelaciones que afectaron a 142 personajes públicos, famosos, concursantes de realities, artistas o colaboradores de televisión de los que accediendo a los registros policiales se conseguía todo tipo de datos, como matrículas de coches, direcciones de domicilios, atestados policiales, antecedentes, contactos de testigos de hechos donde estaban involucrados famosos…
Ahora deberá seguir su curso el caso, teniendo en cuenta que han sido decenas las víctimas que han interpuesto denuncias a título particular, que también tendrán que ser resueltas cuando se juzgue a los acusados.
Entre los 142 afectados hay nombres como José Fernando Ortega Mohedano (hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado), Isabel Pantoja, Isa Pantoja, Kiko Rivera, Irene Rosales, Omar Montes, Arantxa Sánchez Vicario, Belén Esteban, Rosa Benito, Ivonne Reyes, Álvaro Muñoz Escassi, Diego Matamoros, Kiko Matamoros, Julián Muñoz, Mayte Zaldívar, Aída Nízar, Alex Casademunt, Aramis Fuster, Carlos Navarro «El Yoyas», Fayna Bethencourt o Alfredo Di Stéfano, Achraf Sánchez, Alba Carrillo y su madre…
