Publicado: septiembre 8, 2025, 4:35 am
Los costes por hora trabajada, que incluyen salarios, cotizaciones, pagos extra, atrasos y otros desembolsos , siguen su escalada impulsados por años de subida de las cotizaciones sociales como vía para pagar las pensiones y por la recuperación de los sueldos, que crecen más de un 4% en convenio. Los datos del Índice de Coste Laboral Armonizado reflejan un nuevo repunte, que ha disparado el coste por hora trabajada un 5,4% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, una tasa 3,5 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el tercer trimestre de 2024, según los datos del INE. Con el repunte el coste laboral encadena 16 trimestres de alzas interanuales. Las actividades que registraron los mayores incrementos interanuales del coste salarial por hora en el segundo trimestre de 2025 fueron los otros servicios (+8,1%) ; las actividades profesionales, científicas y técnicas (+8%) y las industrias extractivas (+7,9%). Las subidas más moderadas se los anotaron las actividades artísticas y recreativas (+2,1%), la Administración Pública (+2,2%) y las actividades financieras y de seguros (+2,8%). La evolución de costes laborales refleja el impacto de la espiral de subidas de cotizaciones, además de la recuperación de los salarios pactados en convenio. La presión en el bolsillo de empresas y trabajadores desde que gobierna Pedro Sánchez no tiene precedente. Este 2025 ha batido todos los récord , un año en el que los sueldos más altos que cotizan a la Seguridad Social ya cargan con el grueso de los pagos extra diseñados por el exministro José Luis Escrivá, y especialmente las empresas, sobre las que recae la mayor parte de los desembolsos. Nuevos golpes al tejido productivo, y castigos para los empleos más cualificados, que son los que cuentan con salarios más altos. En 2025 la base máxima de cotización ha subido un 2,8%, la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. A este porcentaje se sumará otro 1,2% adicional por el destope en las bases que comenzó a operar este año y que se mantendrá hasta 2050, año en el que los incrementos acumulados llegarán al 38%. Y a ambos incrementos hay que añadir otro 0,8% del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI ), que se aplica a todas las nóminas con independencia del nivel salarial, y la ‘cuota de solidaridad’, que soportarán los sueldos superiores a 59.000 euros. Esta ‘cuota’ no generará derechos para la jubilación, por lo que estamos ante un impuesto. A esta colección de recargos se uniría el impacto de la rebaja de jornada hasta el 37,5% sin recorte de sueldo si prosperara. Los empresarios contienen la respiración para que no prospere en el Congreso por las nuevas cargas que supondría, sobre todo para pymes y autónomos en un momento más que delicado para su viabilidad. CEOE estima que esta reducción de la semana laboral costaría más de 23.000 millones y ha advertido de que si prosperara también provocaría un aumento de los precios. La rebaja de la jornada se enfrenta el miércoles a una votación clave en el pleno del Congreso de los Diputados, con el debate de las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Vox y Junts pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno. La suma de las tres formaciones conforma una mayoría suficiente para que el proyecto estrella de Yolanda Díaz quede en dique seco, lo que se traduciría en la mayor derrota política desde que es vicepresidenta segunda . El esperado revés en la Cámara baja no amilana a Díaz, que ya ha advertido de que si tumba la ley aprobará por decreto el refuerzo del r egistro diario de jornada. Una opción que eliminaría la posibilidad de negociación de la medida, una de las que más preocupa a los empresarios. La ministra de Trabajo y su equipo han diseñado un registro, monitorizado en tiempo real por la Inspección de Trabajo, que tendrá acceso remoto a esta herramienta, ideado para acompañar la implantación de la rebaja de jornada. No hacerlo llevará aparejadas multas muy elevadas, de hasta 10.000 euros por trabajador , una decisión que cambia radicalmente las sanciones que se aplican en estos momentos, que son por empresa y no llegan a 7.500 euros. En este escenario de incertidumbre se están moviendo las empresas, que ven un horizonte cargado de dudas, de burocracia y de castigos económicos severos por los incumplimientos. Un coctel explosivo para muchos negocios, sobre todo para los más pequeños, que tienen muchas menos posibilidades de adaptación a los cambios.
