Publicado: abril 15, 2025, 5:30 pm
La Casa Blanca ha criticado este martes a la jueza que anuló la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revocar el programa migratorio que da un estatus legal a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, conocido como ‘parole humanitario’, y adelantó que apelará la decisión.
La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, señaló en rueda de prensa directamente a la jueza Indira Talwani, de Massachussetts, calificándola de «rebelde». «Otra jueza de distrito rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno», indicó la portavoz, que aseguró que «lucharán en contra en los tribunales».
Además de su campaña para deportar a los más de once millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, el Gobierno de Donald Trump ha decidido también arrebatar el estatus legal a decenas de miles de personas que llegaron al país bajo programas de migración legal promovidos por el expresidente Joe Biden (2021-2025).
A través del ‘parole humantario’, las personas en Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela podían solicitar desde sus países un permiso para viajar a EE.UU. y obtener un permiso de trabajo. Trump ordenó revocar el programa el próximo 24 de abril, abriendo la puerta a la deportación de sus beneficiarios, pero la jueza, nominada por el expresidente Barack Obama, dictaminó que se debe respetar la fecha de vencimiento del ‘parole’, que se otorgó por un periodo de dos años.
El Gobierno de Biden instauró este programa en 2022 para venezolanos y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.
En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el ‘parole’, lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales.
Temores entre los indocumentados
Por años María Ramírez, como millones de indocumentados, ha presentado sus impuestos como una prueba de sus contribuciones a EEUU, pero ahora se siente atribulada porque hacer lo correcto puede suponer un posible billete a la deportación.
La angustia de la inmigrante frente a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump aumentó la semana pasada cuando se firmó un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) para que las autoridades de inmigración accedieran a información de ciertos contribuyentes.
Aunque los términos del acuerdo establecen que el DHS presentará al IRS los nombres y direcciones de los contribuyentes que supuestamente tengan una orden de deportación para que esta agencia contraste la información y confirme su exactitud, el pacto ha encendido las alarmas.
Los activistas y legisladores demócratas esgrimen que el pacto puede ser un primer paso para que se acceda a información confidencial de los contribuyentes sin necesidad de obtener una orden judicial, como exige la ley. “Este acuerdo es una completa traición al compromiso de décadas del gobierno federal de nunca utilizar la información de los contribuyentes con fines políticos”, se quejó el senador por California Alex Padilla.
Fuentes del DHS, citadas por el Washington Post, dijeron que inicialmente enviarían consultas preliminares de aproximadamente 2 millones de contribuyentes y que eventualmente buscarían ayuda para localizar a 7 millones de personas.
Encontrar a los indocumentados que declaran impuestos es en teoría relativamente fácil ya que la mayoría usa un Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN) expedido por el IRS, por lo que organizaciones como Make the Road New York alentaron a los inmigrantes a consultar con un experto antes de realizar sus declaraciones.
Ramírez, que tiene su número ITIN hace más de dos décadas, lamenta no haber esperado hasta este martes 15 de abril, fecha límite para declarar impuestos en EEUU, y tener tiempo para consultar con un abogado sobre las consecuencias de entregar nuevamente su información. «Como todos los años hice mis impuestos temprano, ahora ya saben donde trabajo, donde vivo, realmente es muy angustiante», dice a EFE.
Es el mismo sentimiento de los clientes del abogado de inmigración Alex Gálvez, que han estado llamando a su oficina para saber qué hacer. «Mi consejo es que no coloquen su dirección en la declaración de impuestos, que utilicen un P.O. Box, con eso cumplen con la obligación con el IRS pero no se exponen a compartir información», indicó a EFE el jurista.
El acuerdo ha sido tan controversial que Melanie Krause, quien era directora interina del IRS, renunció a su cargo tras el anuncio del pacto, en el que había participado y revisado, pero que resultó ser diferente al que se había acordado, según reportó la CNN. Krause era la tercera persona en liderar el IRS desde el pasado enero, después de que el comisionado interino Doug O’Donnell dejara el cargo tras negarse a firmar el acuerdo.
Golpe al bolsillo de los Gobiernos
La alarma no es solo entre los indocumentados, las arcas tanto del Gobierno federal como de los estados también se pueden ver afectadas con esta política. Para 2022 estos inmigrantes pagaron cerca de 100.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
«Esta revocación del precedente (de confidencialidad del IRS) solo generará más temor en nuestras comunidades inmigrantes y reducirá la probabilidad de que las personas indocumentadas presenten sus impuestos, lo que podría costar miles de millones en ingresos fiscales perdidos para los estados y el gobierno federal», advirtió Padilla.
