Publicado: agosto 15, 2025, 10:00 am
El Inegi publicó por primera vez la medición de la pobreza multidimensional, una tarea que antes realizaba el extinto (por la 4T) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El informe revela que la pobreza en México disminuyó de 43.2% en 2016 a 29.6% en 2024, lo cual equivale a 13.7 millones de personas menos en esta condición.
Sin embargo, persisten desafíos como las brechas entre entidades federativas, ámbitos rurales y urbanos. Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen siendo los estados con mayor pobreza; también son los más desconectados. Surge la pregunta de si el acceso a Internet, la tecnología y las habilidades digitales contribuyen a erradicar la pobreza multidimensional. Este vacío cobra relevancia en un mundo cada vez más interconectado. La respuesta está en la invisibilidad de lo digital como un derecho social.
El Inegi analiza seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación. Todas estas dimensiones están vinculadas con el acceso a la tecnología.
La penetración de Internet en México ha crecido, pero persisten brechas. Según el Inegi, más de 100 millones de personas usaron Internet en 2024 (83.1% de la población) y 73.6% de los hogares cuenta con conexión a la red. Estas cifras nacionales ocultan desigualdades. En el ámbito urbano, 86.9% de la población de seis años o más es usuaria de Internet, frente a 68.5% en zonas rurales. Mientras 79% de los hogares del quintil de ingreso más alto tiene Internet, sólo 32% del quintil más bajo lo tiene.
A nivel estatal la divergencia es similar. Entidades con menor rezago como CDMX, Sonora o Nuevo León superan 83% de hogares conectados, pero en Chiapas apenas llega a 50.7% (Oaxaca 55.5% y Guerrero 58.9%). Los datos muestran que los mexicanos más pobres, rurales o mayores de edad quedan rezagados del acceso digital, limitando su participación plena en la Sociedad de la Información.
El acceso desigual a Internet tiene un impacto directo en otras dimensiones de la pobreza. En educación, la conectividad es esencial; la educación a distancia depende de ella. Durante la pandemia, 738,400 alumnos no concluyeron el ciclo escolar 2020-21 y 68% de quienes abandonaron la escuela señalaron la educación a distancia o la falta de recursos (como Internet) como causa de su deserción.
La ausencia de conectividad en hogares rurales (donde el rezago alcanza 32.2%, frente a 14.8% en zonas urbanas) limita el acceso a plataformas educativas y recursos digitales. Según la UNESCO, 60% de los estudiantes sin Internet durante la pandemia no pudieron continuar su aprendizaje. La brecha digital educativa (la llamada “brecha de tareas”) dejó claro que los estudiantes sin Internet pierden herramientas de aprendizaje clave y agravan el rezago educativo en hogares vulnerables.
La banda ancha también abre oportunidades en salud. La telemedicina y el acceso a información sanitaria dependen de la conectividad. La telemedicina podría reducir esta carencia en estados como Chiapas, donde 83.3% de la población no tiene acceso a servicios de salud.
La provisión de servicios sociales y trámites gubernamentales se realizan cada vez más en línea. Un estudio del Banco Mundial destaca que la conectividad impulsa la productividad, pero también facilita la provisión de servicios de salud, educación y gubernamentales a través de Internet. Sin acceso digital, amplios sectores quedan excluidos de estos derechos y se afecta su bienestar general. El organismo subraya que sin Internet ni habilidades digitales “miles de millones de personas quedan excluidas del mundo moderno”.
La tecnología móvil y las plataformas digitales también ofrecen nuevas fuentes de ingreso que benefician a sectores populares. Ayer se publicó un estudio de DiDi que calcula que la operación de esta plataforma generó indirectamente 132,608 empleos en México, 0.22% de la población ocupada. La contribución al PIB fue de 0.47%, equivalente a 118 mil millones de pesos.
Los conductores y repartidores afiliados a DiDi reportaron en promedio un aumento de 20% en sus ingresos tras incorporarse a la plataforma, un claro beneficio económico para trabajadores de bajos ingresos. Según DiDi, 45% de los viajes inicia o termina en zonas con marginación media-alta o alta. Es decir, buena parte de su actividad se concentra en áreas urbanas rezagadas, conectan residentes y pequeños negocios con clientes y transporte. Estos ejemplos de economía digital muestran cómo la conectividad ofrece oportunidades de empleo y aumento de ingresos para comunidades vulnerables.
Existe abundante evidencia nacional e internacional de que la conectividad digital está estrechamente vinculada al desarrollo económico y social. Estudios globales señalan que incrementar la penetración de banda ancha impulsa el crecimiento del PIB y el bienestar. Indagaciones del Banco Mundial y Ericsson documentan que un aumento de 10% en la penetración de banda ancha en países en desarrollo elevó el crecimiento económico 1.34%.
Sabemos por organismos internacionales que el aumento de 1% en la penetración de banda ancha móvil en países de América Latina genera un aumento de 0.23% en el PIB (CEPAL, 2022). Mil nuevas conexiones de banda ancha generan 80 nuevos empleos (Ericsson-Arthur D. Little). Duplicar la velocidad de Internet hace crecer el PIB 0.3% (Ericsson). Con 10% de incremento en penetración de telefonía móvil, el PIB crece 0.5% (Ericsson).
Los gobiernos deben incluir el acceso a Internet en sus objetivos de desarrollo. En México, la expansión de la conectividad beneficiaría zonas rurales y comunidades con rezago, reduciendo la pobreza y creando oportunidades y prosperidad.
Ahora que el INEGI mide la pobreza multidimensional por mandato constitucional, resulta oportuno que incorpore el acceso a Internet, la infraestructura y las habilidades digitales como una nueva dimensión en la medición oficial de la pobreza. En la era digital, la falta de conectividad equivale a una desventaja estructural en el bienestar económico y social. Incluir esta variable permitiría captar mejor las limitaciones que sufre la población más rezagada para ejercer plenamente derechos como el acceso a las TIC, educación, salud y para insertarse en la economía del conocimiento.
