Publicado: octubre 15, 2025, 12:30 am
Hace una semana, el Gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas en los estados de Oregón e Illinois. El presidente Donald Trump justificó la decisión alegando incidentes violentos y la amenaza creíble de violencia continua, que impedían la aplicación de la ley y las redadas migratorias en estos estados.
Es el mismo argumento que el presidente de EEUU ya utilizó para el caso de Washington. Ahora, como en la ocasión de la capital federal, el gobernador de Illinois se ha mostrado contrario a la medida.
JB Pritzker ha denunciado lo que ha calificado de «invasión» por parte de Trump. No hay tanto una crisis de seguridad como una batalla política: todos los estados donde el presidente estadounidense pretende desplegar la Guardia Nacional son demócratas.
Dos juezas lo paralizan de momento
El martes pasado, un primer contingente de 200 soldados fue enviado desde Texas al área de Chicago. Dos días después, la magistrada federal April M. Perry bloqueó temporalmente ese despliegue militar. La Casa Blanca ha apelado. Y esa misma batalla legal entre administraciones también se está librando en Oregón.
A este último estado, Trump envió desde California 300 soldados federalizados, después de que la jueza Karin Immergut le impidiera usar a la Guardia Nacional de Oregón. La magistrada consideró la orden de movilizar a las «tropas californianas» en Portland como un intento para eludir su primer fallo.
Por ello, el presidente estadounidense amenaza ahora con invocar la Insurrection Act (Ley de Insurrección), que ningún presidente estadounidense ha utilizado en más de tres décadas. Esa norma supone que el poder federal se impone sobre el estatal (de los estados), algo así como ocurre en España con el artículo 155 de la Constitución, donde el Estado puede decidir imponerse sobre el ordenamiento autonómico.
«Si tuviera que promulgarla, lo haría», declaró Trump el lunes. «Si hubiera muertos y los tribunales, gobernadores o alcaldes nos estuvieran reteniendo, claro que lo haría. Quiero asegurarme de que no haya muertos. Tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades sean seguras», explicó el mandatario.
Una ley para casos de insurreción
La Insurrection Act da a los presidentes mucha más autoridad para utilizar a los militares en suelo estadounidense. Por eso es una ley que rara vez se ha utilizado, pero el poder que otorga no es absoluto.
La Ley de Insurrección data de 1807, cuando EEUU apenas llevaba 31 años como nación soberana (1776). La norma faculta al presidente a desplegar a nivel nacional el Ejército estadounidense y federalizar las unidades de la Guardia Nacional de los estados individuales en circunstancias específicas. «La Ley autoriza el empleo de las fuerzas terrestres y navales de los Estados Unidos en casos de insurrección«, se lee en el texto.
El documento menciona la supresión del orden civil, una insurrección o una rebelión armada contra el gobierno federal. La Ley de Insurrección establece que, en caso de «obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales» o «rebeliones» contra el gobierno que hagan «impracticable» la aplicación de la ley por los medios normales, los presidentes pueden desplegar tropas federales y utilizarlas «como consideren necesario para hacer cumplir esas leyes o para reprimir la rebelión».
De manera más específica, esta ley faculta al presidente a convocar a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional:
- Cuando lo solicite la legislatura estatal o el gobernador si la legislatura no puede reunirse, para abordar una insurrección contra ese estado.
- Para abordar una insurrección, en cualquier estado, que impida la aplicación de la ley.
- Para abordar una insurrección, violencia doméstica, asociación ilícita o conspiración, en cualquier estado, que resulte en la privación de derechos constitucionalmente garantizados, y cuando el estado no pueda, no lo haga o se niegue a proteger dichos derechos.
La Insurrection Act se ha invocado aproximadamente 30 veces a lo largo de la historia de EEUU. La más cercana en el tiempo fue en 1992, cuando los disturbios en Los Ángeles, pero la última vez que se invocó sin que un gobernador estatal solicitara al presidente su uso fue durante el movimiento por los Derechos Civiles en la década de 1960. Eso, hacerlo sin petición previa del gobernador, es lo que Trump estaría meditando hacer ahora.
La ‘Insurrection Act’ frente a la ‘Posse Comitatus’
Ley contra ley, la Insurrection Act es la excepción que tiene a mano el presidente del país frente a la Ley Posse Comitatus («la fuerza del condado»), de 1878. Ésta limita el despliegue del Ejército estadounidense por parte del presidente para hacer cumplir la ley civil o la ley penal dentro de EEUU.
Invocando la Insurrection Act, Trump desactiva la Posse Comitatus. De ese modo, se enfrentaría a menos barreras legales y las fuerzas armadas tendrían mayor autoridad para cumplir el propósito del presidente de la nación. Podrían así efectuar registros y también arrestos.
Sería muy distinto de lo que Trump hizo este verano, cuando envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles y otras ciudades. En aquella ocasión la orden se basó en la Sección 12406 del Título 10 del Código de EEUU, que prohíbe a la Guardia Nacional realizar actividades civiles de aplicación de la ley. Esto significa que sus tropas pueden ayudar a proteger a los agentes federales y sus propiedades, pero no pueden realizar arrestos.
Mantener al Ejército al margen de asuntos civiles
En EEUU existe una larga tradición de mantener al Ejército federal al margen de los asuntos civiles. Está en el origen de la nación, como recuerdan estos días expertos constitucionales. Tras presenciar los abusos del Ejército británico durante la época colonial, los fundadores temían que otorgar al presidente control ilimitado sobre las tropas erosionara las libertades civiles.
«Creo que esto generaría un conflicto muy marcado entre el uso de tropas por parte del presidente y nuestra comprensión tradicional de la autonomía de los gobiernos estatales en la aplicación de la ley local, lo cual, en mi opinión, sería un desafío», declaró a la NBC Paul Gowder, profesor de Derecho de la Universidad Northwestern y experto constitucional.
