Publicado: octubre 7, 2025, 5:00 am
Más de 164 mil 432 millones de dólares es el monto estimado de la deuda externa de Venezuela, de acuerdo a cálculos realizados por un grupo de expertos que sistematizaron y analizaron información proveniente de distintas fuentes confiables y estimaciones propias, para tratar de medir el tamaño del endeudamiento que recae sobre nuestro país, la insostenibilidad de los compromisos adquiridos y la magnitud del problema.
Conocer con exactitud la magnitud del endeudamiento externo de Venezuela es una tarea compleja dado el secretismo oficial, la diversidad de compromisos y acreedores, el dinamismo de la cifra por los acuerdos de pago selectivos, luego de la declaración de default declarado por Nicolás Maduro en 2017, la acumulación de intereses o la inminente subasta forzada de Citgo, filial de Pdvsa con sede en Estados Unidos, que pagará una fracción de los compromisos.
Para esta investigación se analizaron reportes financieros, demandas, entre otras fuentes de información que permitieron calcular que al cierre de 2024 la deuda externa de Venezuela alcanzó 164.432.581.976 dólares estadounidenses (USD 164.433 millones).
En medio de un boom petrolero con ingresos de alrededor de un millón de millones de dólares, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desatendieron todos los controles previstos en la Constitución Nacional y las leyes, y el principio de endeudamiento sostenible, alcanzando este nivel de deuda sin precedentes.
Resalta que la deuda pública es insostenible cuando su servicio requiere reformas drásticas, como aumentos de impuestos o recortes significativos en el gasto público, especialmente el gasto social y de inversión. ? La insostenibilidad de la deuda, como en el caso de Venezuela, pone en riesgo la capacidad fiscal necesaria para garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios esenciales
El financiamiento mediante deuda pública externa está plenamente justificado cuando se orienta a inversiones reproductivas que generen activos reales y financieros, fortaleciendo el patrimonio nacional y promoviendo el desarrollo inclusivo.
Pero en las dos últimas décadas en Venezuela el endeudamiento se gestionó de manera irresponsable, se ha pedido más dinero del que se puede pagar, se ha ocultado información clave, sin contar el manejo opaco de los recursos recibidos con graves denuncias de corrupción que profundizó la crisis económica, redujo el gasto público en bienes y servicios esenciales, o llevó a financiarlos con emisión monetaria que acaba con el valor interno y externo de la moneda y empobrece a la población.
En este nuevo reporte presentado por Transparencia Venezuela denominado “Saldar la deuda, salvar Venezuela” está concentrado el análisis de la deuda externa venezolana, hasta diciembre de 2024, realizado por un equipo de reconocidos profesionales en economía y derecho, que desarrolló propuestas para ir a un buen proceso de renegociación, eficiente, con perspectiva de derechos humanos y criterios de transparencia, entendiendo que es una condición necesaria para garantizar el crecimiento económico inclusivo que detenga la emergencia humanitaria y la crisis migratoria.
Cada venezolano debe más de 5.788 dólares
Para alcanzar una estimación de la deuda se procedió a la sistematización y la revisión de las estadísticas de fuentes nacionales como el Banco Central de Venezuela; la consulta a los reportes financieros publicados por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Club de París; la información de los centros de arbitraje y el rastreo de demandas por incumplimiento de pagos ante cortes extranjeras; entre otras fuentes de información.
Si se toma en consideración que la deuda externa de Venezuela alcanzó más de USD 164.433 millones, eso se traduce en que cada venezolano debe 5.788,75 dólares o 36 veces el ingreso mínimo integral de USD 160, vigente en 2025.
Ese monto de la deuda representa 833% del valor de las exportaciones en 2024, el 137% del producto interno bruto (PIB) del mismo año y es cuatro veces más grande que la cantidad de dinero que se requiere para el primer año de ejecución de un plan de recuperación de la economía nacional, como el desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021.
Así se clasifica la deuda externa venezolana
La investigación identificó que la mayoría de la deuda pública de Venezuela entra dentro de la categoría de deuda financiera, porque surge de los bonos emitidos por la República y las empresas estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Electricidad de Caracas (Elecar).
La deuda financiera asciende al menos a USD 95.300 millones de dólares o 58% del monto total, un monto que creció unos 5 mil millones respecto a 2023 por la acumulación de intereses.
Por otro lado, la deuda no financiera de Venezuela ronda los USD 69.131 millones de dólares o 42%. Aquí se incluyen, entre otras, las deudas adquiridas con bancos multilaterales; con otros países a partir de acuerdos bilaterales; con empresas privadas socias en empresas mixtas, así como con firmas multinacionales que operaban en Venezuela, cuyos activos fueron expropiados o confiscados y terminaron demandando en cortes internacionales.
Justamente la deuda por laudos arbitrales internacionales es la más importante de la deuda no financiera (USD 20.803 millones), resultado del abuso de autoridad del Ejecutivo en la imposición de políticas públicas que nada aportaron a la productividad del país y que conllevaron en buena medida a la pérdida de un activo estratégico y el más importante del país en el exterior, la empresa Citgo.
Impacto de la deuda en los derechos humanos
El informe contiene un amplio análisis del impacto que ha tenido el manejo irresponsable de la deuda externa de Venezuela en la garantía de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
También se plantea en este análisis que es urgente necesidad de negociar la reestructuración la deuda pública, para lo cual se requiere de un liderazgo que genere confianza, un equipo con experiencia y capacidad, así como una estrategia que sepa equilibrar el complimiento de pagos con inversiones para garantizar servicios públicos y garantía de derechos económicos, sociales y culturales.
Asimismo, identifica los desafíos a enfrentar en un proceso de reestructuración tales como la diversidad de acreedores, las condiciones financieras en la negociación, el marco legal de la deuda emitida en diferentes jurisdicciones, la evaluación de la capacidad de pago, la volatilidad política, legitimidad de los negociadores o el impacto social de las medidas económicas que deban adoptarse.
Para finalizar, se enumeran los riesgos inherentes a un proceso de negociación, en los que el aprovechamiento irregular de información privilegiada, los conflictos de interés y los incentivos a ofrecer o exigir sobornos pueden ocasionar desvío de fondos por malversación, manipulación de términos, pérdida de legitimidad, presión de gobiernos o empresas, ineficiencias, impactos socioeconómicos, litigios y sanciones.
Para mitigar estos riesgos, es crucial implementar mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas, como los que se presentan en este informe, involucrar a instituciones internacionales y fomentar la participación de la sociedad civil en el monitoreo del proceso de renegociación de la deuda.
Con información de Transparencia Venezuela
