Publicado: junio 14, 2026, 5:00 pm
Ariana Cubillos (AP/LaPresse)
Siete personas llegaron a dos colegios de Caracas con una historia que encendió las alarmas de seguridad. Uno de ellos, el único adolescente del grupo se presentó falsamente como hijo del procurador general de la República; los demás como sus escoltas armados. La directora de una de las instituciones, donde estudian hijos de altos funcionarios del gobierno, alertó a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sobre lo ocurrido.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Aunque no se presentó evidencia directa de que el grupo pretendiera secuestrar a una nieta de Nicolás Maduro, los funcionarios policiales construyeron el caso con base en la versión de dos supuestos testigos presos. Según esos testimonios, los acusados habrían hablado de trasladar a la niña a Colombia.
La investigación sobre el presunto intento de secuestro contra las nietas de Nicolás Maduro Moros fue identificada por el Ministerio Público con el número MP-119480-2022. En tribunales, el caso quedó registrado bajo el expediente 03ºCT-083-2022.
El Ministerio Público estuvo representado por Elín Teodoro León Aguilar y Yaneth Espinoza, fiscal titular y auxiliar interina de la Fiscalía 74 contra la Legitimación de Capitales y Delitos Financieros y Económicos, comisionados por la dirección contra la Legitimación de capitales, delitos financieros y económicos adscrita al entonces fiscal general Tarek William Saab Halabi.
Los acusados fueron Jesús Yoarky Reverón Fagúndez, comisario de Inteligencia Naval; Franklin Alexis González López, subcomisario general; Jesús Alberto Oropeza Velázquez, agente de Inteligencia Naval; Jonathan Alfredo Tisoy Subero, funcionario de Inteligencia Naval; Cristian Alfredo Tisoy Subero, funcionario de la Policía de Caracas; el chofer Edward Manuel Arrieta Benítez; y un adolescente.
A todos les imputaron seis delitos: terrorismo, asociación, posesión ilícita de arma de fuego, porte ilícito de arma de fuego, uso de adolescente para delinquir y secuestro con fines políticos en grado de frustración.
Reverón Fagúndez, propietario de un local nocturno en el Círculo Militar de Mamo, en La Guaira, ya había sido detenido en junio de 2021 por porte ilícito de arma de fuego, tras presuntamente accionar un arma en varias oportunidades a las afueras de una residencia en Tanaguarena, parroquia Caraballeda.
Daivith Lárez, esposa de Jonathan Tisoy, recluido en la cárcel de Rodeo III y condenado a 30 años de prisión, sostiene que el caso contra su esposo fue una simulación. Afirma que la directora del Colegio Humboldt negó en dos juicios que hubiese ocurrido un intento de secuestro contra la hija de Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
Durante una movilización de familiares de presos de distintas cárceles hasta la Nunciatura Apostólica en Caracas, Lárez exhibió un cartel con la fotografía de su esposo y recordó que lleva cuatro años detenido por un hecho en el que, según dijo, “no hay secuestro y tampoco víctimas”. “Detenidos por algo que nunca sucedió”, reclamó, al pedir justicia a Maduro Guerra.
Katherine González, hija de Franklin González, aseguró que su padre tenía una empresa de seguridad con más de 12 años de funcionamiento y que nunca había tenido problemas hasta el 1 de junio 2022. Según su versión, el adolescente, haciéndose pasar por hijo de un alto funcionario, solicitó un servicio de escolta y traslado. Ante su conducta sospechosa, los guardaespaldas lo presentaron ante el CICPC de La Guaira. Horas después, funcionarios de la PNB los detuvieron sin explicación, afirmó.
La tía de Jonathan y Cristian Tisoy también denunció públicamente que el expediente carece de pruebas suficientes. Durante una manifestación mundial convocada por María Corina Machado por la libertad de los presos políticos, sostuvo entre lágrimas que la condena contra sus sobrinos era injusta.
Los familiares denuncian, además, que los detenidos permanecieron incomunicados y en desaparición forzada. También señalan que fueron sometidos a dos juicios: el primero quedó interrumpido tras la remoción del juez, y el segundo recayó en la jueza Alejandra Verónica Romero, quien los condenó a 31 años de prisión.
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