Publicado: febrero 10, 2025, 10:00 pm
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El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló emitir un protocolo de prevención de riesgo de violencia para el proceso electoral del Poder Judicial, el cual, se centra en prevenir los riesgos derivados de la injerencia de la delincuencia organizada.
Por ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), este lunes, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad la emisión del “protocolo para prevenir factores de riesgo en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y concurrentes”.
No sin antes recordar que “no es autoridad competente en materia de seguridad, tampoco tiene atribuciones ni personal capacitado para realizar actividades en dicha materia ni mucho menos para diseñar estrategias que le permitan prevenir riesgos de esta naturaleza”.
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De acuerdo con el proyecto avalado, dicho protocolo se integra de por lo menos seis medidas: celebrar convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales; generar mapas de riesgo con acciones específicas, que deberán darse a conocer a la ciudadanía de la forma que se estime más adecuada.
Así como crear filtros de investigación que sean aplicables a las personas candidatas a juzgadoras; elaborar un Protocolo de guía y actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de los electores en zonas con presencia del crimen organizado.
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Además de la celebración de foros y consultas con personas expertas en materia de seguridad y la reglamentación de una facultad de atracción preferente para que el INE pueda atraer en cualquier etapa alguna elección local o municipal en la que se advierta la existencia de factores de riesgo de violencia por parte de grupos criminales.
“En el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas y protocolos conducentes para prevenir y actuar ante escenarios de riesgo en los procesos electorales, por lo que se deberían implementar políticas, estrategias, acciones y medidas de prevención, a través de la colaboración interdisciplinaria con las autoridades encargadas de la seguridad pública, a fin de crear planes y programas integrales de seguridad”, señala el documento.
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En este contexto, también se hizo un llamado a las autoridades a impedir los ataques e intimidaciones hacia determinados grupos y comunidades por parte de las autoridades, así como por particulares, impidiendo que se gesten acciones que mermen el derecho de todas las personas a participar en las elecciones.
Finalmente, se determinó que este Protocolo deberá hacerse del conocimiento a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública; Centro Nacional de Inteligencia; Guardia Nacional; Fiscalía General de la República; Fiscalía Especializada.
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