Publicado: junio 12, 2025, 9:00 pm
Cada vez que se celebra un congreso de telecomunicaciones, los protagonistas usualmente varían, pero los temas en discusión son los mismos. El resultado es una cacofonía de mensajes donde la repetición se ve matizada por los distintos acentos de los interlocutores. De esta forma, temas como transformación digital, 5G, inversión y competencia dominan la agenda.
No obstante, un tema que se ha mantenido constante a través de las pasadas dos décadas es la necesidad de actualizar los marcos legales que rigen al sector de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicaciones (TIC). La razón es sencilla: en un entorno cada vez más IP, muchos de los países de América Latina y el Caribe aún poseen una regulación pensada para transmisiones conmutadas o, en algunos casos caribeños, con el objetivo de terminar con los monopolios y abrir paso a la competencia.
Temas como la neutralidad de redes, administración de datos, el mundo del ciberespacio y la capacidad de distintas tecnologías digitales de ofrecer el mismo servicio no han sido contemplados. El resultado es sencillo: lagunas regulatorias e interpretaciones fantásticas de los textos legales existentes.
Las enormes asimetrías existentes han llamado la atención de entidades multilaterales que han comenzado a disertar sobre la necesidad de una normativa moderna que sirva para dar tranquilidad a los actores del mercado y actúe como catalizador para la inversión. Como parte de estos esfuerzos, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha creado la metodología conocida como ICT Regulatory Tracker, o Seguimiento Regulatorio de las TIC en castellano. Un índice que sirve para evaluar y contrastar el nivel de evolución de los distintos gobiernos ante la llamada economía digital.
La UIT se basa en cuatro pilares fundamentales para evaluar los esfuerzos de alrededor de 190 países: el entorno legal, la capacidad institucional del regulador, el nivel de competencia en los mercados TIC y la regulación para servicios convergentes como voz, datos, video y nuevas plataformas digitales.
El primer pilar, entorno legal y normativo, se enfoca en evaluar la existencia de leyes para el ecosistema digital. Aquí entra la legislación de telecomunicaciones, protección de datos de los usuarios, lo relacionado con comercio electrónico y la ciberseguridad.
El segundo pilar, centrado en la institucionalidad del regulador, se enfoca en temas de autonomía, transparencia, autosuficiencia financiera y recursos, tanto de equipos electrónicos modernos como de personal capacitado. Ante los ojos de la UIT, un regulador de tecnología tiene que ser independiente para evitar la discrecionalidad de sus decisiones o las influencias políticas en su trabajo.
El tercer pilar, que se centra en el nivel de competencia del mercado, analiza qué condiciones existen para la competencia, incluyendo temas como portabilidad numérica, interconexión, compartición de infraestructura y regulación asimétrica para operadores dominantes.
El cuarto pilar, el que se fija en la llamada posibilidad de transformación digital de los mercados, valora si el marco legal es apto para enfrentar la convergencia tecnológica y la flexibilidad que tiene para permitir la interoperabilidad de servicios por medio de plataformas digitales, redes inalámbricas o de fibra óptica.
Obviamente, como todo índice, a los países se les asigna una puntuación que va del 0 al 100 en alrededor de 50 indicadores repartidos entre los cuatro pilares antes mencionados. El objetivo es poder servir de guía para los gobiernos, facilitándoles la tarea de identificar las áreas en las que tienen que mejorar o, en el caso de México, comprender por qué, según este índice de la UIT, su situación regulatoria para TIC y telecomunicaciones ha empeorado durante los últimos tres años.
¿Cuál es el podio de los entes de regulación de las Américas según la UIT? En la última edición del Seguimiento Regulatorio de las TIC, de 2024, liberada hace pocas semanas, encontramos a República Dominicana con 97 puntos como el cuarto regulador más avanzado del mundo, empatado con Bélgica, Dinamarca, Pakistán y Portugal.
El podio para América Latina y el Caribe en 2024 fue: República Dominicana (97 puntos), Brasil (96) y Trinidad y Tobago. Mientras que en 2022, el mismo comprendía República Dominicana (97), Brasil (95) y México (94), lugares que repetían los de 2020, cuando las puntuaciones fueron 96.5, 93 y 91, respectivamente.
Fuera del logro de República Dominicana, llama la atención no la salida de México de ser considerado como poseedor de uno de los mejores reguladores de las Américas, sino la pérdida en poco tiempo de más de 20 puntos, pues de ser catalogado con 94 puntos en 2022, en 2024 apenas alcanzó 72 puntos gracias a un retroceso en los primeros dos pilares: institucionalidad y entorno legal del país.
Claro que el logro de República Dominicana no surge de la nada: es consecuencia de unas reformas impulsadas por su regulador de telecomunicaciones, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), que incluyen leyes de modernización normativa y transparencia de procesos. Asimismo, el país caribeño ha impulsado un plan nacional de conectividad de banda ancha que busca incrementar la conectividad de calidad en cada uno de sus 155 municipios.
Otros logros incluyen la asignación de espectro radioeléctrico para mejorar la calidad y cobertura de servicios 4G, mientras se consolidaba como uno de los líderes latinoamericanos en el lanzamiento y expansión de 5G. Proyectos como “Canasta Digital”, que busca la inclusión de las mujeres en el uso de las telecomunicaciones, y la implementación de areneros (los llamados sandboxes en inglés) regulatorios para acelerar la innovación, son algunos de los elementos que han hecho de INDOTEL un modelo para emular por todas aquellas jurisdicciones que desean impulsar un desarrollo incluyente y democrático de las telecomunicaciones.
Finalmente, como punto de comparación, en el Seguimiento Regulatorio de las TIC de la UIT para 2024, Canadá alcanzó los 87.5 puntos, mientras que Estados Unidos acumuló 86.5 puntos. Tal parece que las lecciones de cómo utilizar las leyes para impulsar la innovación ahora fluyen desde el sur hasta el norte.
