Publicado: enero 5, 2025, 3:00 pm
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Para llevarla a cabo, el INAH ingresó una solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la cartera de proyectos de inversión, donde la ficha técnica refiere que el monto solicitado para el deslinde y expropiación de la tierra es de 74.5 millones de pesos.
Según los pormenores del proyecto, existen por lo menos tres plazas y diversas estructuras de grandes dimensiones pendientes de exploración, lo cual obliga a expropiar la tierra «para proceder sin obstáculos con los estudios de la zona».
Las zonas por explorar se describen de la siguiente manera:
«Las investigaciones que se han realizado dentro de la Zona Arqueológica de Ichkabal hasta el momento dan cuenta de diversas estructuras monumentales y construcciones de gran magnitud como lo es la Plaza Principal que tiene una extensión de espacio abierto de 370 metros de sur a norte y ancho variable, cubre una superficie aproximada de 5 hectáreas.
«El costado oeste está ocupado por los taludes orientales de la plataforma del complejo de la Estructura 1 y el de la Estructura 2. Al sur está delimitada por la Aguada Ayin. En el lado norte se ubican las estructuras 10, 11 y 12, mientras el costado oriente es ocupado por los monumentales complejos arquitectónicos correspondientes a las estructuras 4 y 5.
«Las estructuras 6 y 7 cierran el espacio entre la esquina suroeste del complejo de la Estructura 5 y la esquina noreste de la Aguada Ayin. Por último, a la esquina noreste llega la calzada que une a El Cedral, alejado 5.5 kilómetros al este.
De manera textual el documento refiere que «una vez que se tenga la propiedad de los terrenos se podrá hacer una investigación y exploración con los recursos necesarios para desenterrar y despejar cada montículo, permitiendo con ello que se tenga una descripción de cada estructura, ya que, como hemos mencionado, el Sitio Arqueológico de Ichkabal es un lugar virgen, que se encuentra en fase de exploración e investigación”.
Añaden que la propiedad ejidal «imposibilita en cierta forma tener un acceso total para llevar a cabo los trabajos de salvamento arqueológico, protección, restauración e investigación de los mismos».
Retraso de apertura
La apertura de este sitio a los visitantes se ha postergado por al menos siete años, pues desde la administración del exgobernador Carlos Joaquín González han fracasado las negociaciones con los ejidatarios de Bacalar, quienes desde ese entonces se negaban a vender la tierra y exigían, en cambio, un esquema de renta por la explotación turística del sitio, además contar con un espacio dentro de la zona arqueológica para venta de artesanías
Ya bajo la administración de la gobernadora Mara Lezama se anunció un arreglo con los ejidatarios, respecto del cual no se han dado a conocer los términos, pero se ha asegurado que permitiría la apertura de la zona arqueológica al público, sin embargo ésta se ha retrasado en varias ocasiones.
La última fecha de apertura anunciada por la gobernadora Mara Lezama fue para “los primeros días de 2025”, luego de que no se logró en septiembre de 2024, antes de la conclusión de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, luego de que no se llegó a un acuerdo con los ejidatarios.
La solicitud de recursos hecha por el INAH ante Haciendo con clave 78536 refiere que la expropiación mediante convenio es el instrumento jurídico a través del cual se pueden pactar compromisos con los particulares para llevar a cabo las labores de protección y conservación de los vestigios arqueológicos dentro de las Zonas y con ello que la comunidad forme parte de dicha labor.
“Sin embargo, la suscripción de un instrumento de este tipo queda a buena fe de las personas que conforman el Ejido, ya que las exigencias que en ocasiones solicitan para su firma quedan fuera de las alternativas que puede ofrecer el INAH, como un porcentaje de la entrada y costo de acceso que en ocasiones asciende al 80 por ciento, permitir construcciones, plazas de trabajo, poner carteles espectaculares, entre otras cosas.
“En este sentido, un convenio de colaboración queda a la buena fe del núcleo agrario quien puede respetar o no lo que se establece en dicho convenio, por tal motivo solo es una forma enunciativa más coercitiva de obligar a las comunidades a respetar los vestigios arqueológicos, lo que significa que la Zona Arqueológica sigue quedando vulnerable para su destrucción y saqueo”, se lee en el documento.
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