Publicado: julio 8, 2025, 2:00 am
Hay un común denominador entre los principales proveedores de banda ancha en Estados Unidos, tanto fija como móvil, y no es otra cosa que el entusiasmo que ha provocado la aprobación de la nueva legislación fiscal por parte del Congreso de EUA y su promulgación por parte del presidente Donald Trump, la famosa One Big Beautiful Bill (OBBB). El entusiasmo obedece a que por un lado, el nuevo paquete legislativo, que modifica diversas leyes o regulaciones, ordena al órgano regulador, la Federal Communications Commission (FCC) a identificar bandas de frecuencias que sumen 800 Megahercios (MHz) de espectro, dentro del rango que se ubica entre los 1.3 y 10.5 Gigahercios (GHz), que sean susceptibles de ser asignadas vía procedimientos de subasta, y con ello, a buscar generar ingresos para las arcas federales por 85 mil millones de dólares.
De hecho, se establecen obligaciones intermedias, como el hecho de que, en el mediano plazo, la FCC deberá subastar al menos 300 MHz de espectro, de los cuales, 100 MHz deberán ser asignados mediante ese mecanismo competitivo de subasta dentro de los primeros dos años después de promulgada la legislación.
Por otra parte, el nuevo marco legal fiscal aprobado por el Congreso de los EUA prevé una serie de incentivos tributarios para acelerar la inversión en infraestructura de banda ancha de nueva generación. El incentivo es de tal magnitud, que por ejemplo AT&T ya anunció que, dentro de sus planes de inversión, gracias a los nuevos incentivos fiscales, buscará adicionar un millón de accesos de banda ancha por año, entre 2025 y 2030, que se suman a las metas que ya se había planteado en sus planes originales. En la misma tónica de entusiasmo se ubican otros proveedores de banda ancha fija como Comcast y Verizon.
Así que no nos extrañe que en los siguientes años podamos atestiguar un nuevo despegue de la industria de las telecomunicaciones en los EUA, con más infraestructura para apuntalar la prestación de servicios de banda ancha móvil de nueva generación y con más hogares conectados a infraestructura de banda ancha fija de súper alta velocidad. A todo lo anterior, hay que agregar también los incentivos fiscales para la inversión en equipo e infraestructura para el crecimiento de la Inteligencia Artificial, como centros de datos y granjas de servidores.
Mientras se perfila ese panorama para el ecosistema de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en nuestro vecino del norte, en nuestro país, el nuevo marco legal para las telecomunicaciones dista mucho de poder ser considerado como uno que alienta la inversión en infraestructura de banda ancha de nueva generación o que establece una ruta clara en términos del volumen de espectro radioeléctrico que se pretende poner en manos del mercado para incrementar no solo el número de mexicanos con acceso a infraestructura moderna de banda ancha, sino la velocidad a la que lo pueden hacer.
Si acaso, desde mi punto de vista, la única parte que puede considerarse como positiva en términos del mensaje de aliento a la inversión, es lo previsto en el artículo 5 de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) que impide que estados y municipios establezcan contribuciones específicas por concepto del despliegue de infraestructura y que busca que las autoridades locales colaboren con la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para facilitar el despliegue de infraestructura.
Fuera de esa disposición expresa, no encuentro otra que pueda considerarse como una que alienta la inversión. Por el contrario, en un clásico albazo, que no se deriva de alguna observación hecha durante los conversatorios en el Senado y sin hacer un análisis serio sobre la viabilidad de la modificación, el dictamen de las comisiones unidas de la cámara alta se distribuyó con un cambio sustantivo que, por las prisas de todos, del Ejecutivo y los legisladores, nadie discutió ni argumentó. Es más, el dictamen ni siquiera razona por qué es importante o necesario dicho cambio. Me refiero a las obligaciones relacionadas con los contratos de adhesión, que restarán dinamismo comercial a un sector que se supone se caracteriza por la innovación, además del excesivo poder sancionador que se otorgó a la Profeco. De la presencia distorsionante de CFE Telecom ya ni hablamos. Así que México y EUA, van por rutas muy diferentes.
*El autor es economista
