Publicado: octubre 9, 2025, 4:30 am
Cuántas veces hemos escuchado eso de «hamburguesa vegana» o «salchichas veganas» en los restaurantes o en los supermercados. Pues eso parece más cerca de acabarse porque el Parlamento Europeo aprobó este miércoles una enmienda en sus reclamos para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) por la que solo les puede llamar así a estos alimentos si proceden de origen animal. La medida ha tenido el respaldo del pleno por 355 votos a favor, 247 en contra y 30 abstenciones, sobre todo con los votos de la derecha. Ahora los Estados miembros tienen que negociarla junto a la Eurocámara para que pueda salir adelante.
Esto, de hecho, representa uno de los reclamos del sector agrario en los últimos tiempos. «Un filete, un escalope o una salchicha son productos de nuestras explotaciones ganaderas, y punto», sostuvo la eurodiputada conservadora francesa Céline Imart (PPE), que ha liderado la propuesta y que habla de «confusión» en el sector por este tipo de nomenclatura. «Nada de sustitutos de laboratorio ni productos vegetales», sostuvo Imart en una de las comisiones de la Eurocámara, en Estrasburgo. La propuesta se aplicaría, de aprobarse, a siete conceptos: bistec, escalope, salchicha, hamburguesa, yema de huevo y clara de huevo.
Según varias investigaciones recientes, en Europa se observa un crecimiento constante de personas que adoptan dietas veganas, aunque siguen siendo una minoría dentro de la población general. Un estudio de la ONG ProVeg International y su proyecto Smart Protein encontró en 2023 que alrededor del 5% de los austríacos se identificaban como veganos, siendo este uno de los porcentajes más altos del continente. En Alemania también se registró un aumento: en 2022 había cerca de 1,7 millones de veganos, equivalentes al 3,1% de la población, una cifra muy superior a la de años anteriores. A nivel europeo, se estimaba que en 2023 unos 6,6 millones de personas practicaban el veganismo en la UE, lo que representaba aproximadamente el 3,2 % de la población.
Por otro lado, cabe recordar que este debate se enmarca dentro de uno de los grandes temas para la UE. Y es que la Comisión Europea ha presentado una propuesta para flexibilizar los requisitos medioambientales que deben cumplir las explotaciones agrícolas a fin de acceder a la financiación de la PAC. Bruselas argumenta que esta medida permitiría reducir la carga administrativa que soportan los agricultores y facilitar su acceso a los fondos comunitarios. El texto, aprobado por el Parlamento Europeo con 492 votos a favor, 111 en contra y 39 abstenciones, subraya la necesidad de ofrecer más apoyo y margen de maniobra a los productores agrícolas para que puedan cumplir las normas de la PAC sin verse asfixiados por la burocracia.
Este paquete de medidas, conocido com Ómnibus III, busca simplificar los procedimientos administrativos y evitar duplicidades con las normativas nacionales. Una de las principales novedades es que las explotaciones con certificación ecológica serían reconocidas automáticamente como cumplidoras de ciertos requisitos medioambientales exigidos por la Unión Europea para acceder a los fondos de la PAC. Con ello, se pretende recompensar a los agricultores que ya aplican prácticas sostenibles y agilizar los procesos de verificación, mejorando la eficiencia del sistema.
El Parlamento Europeo, sin embargo, ha mostrado su desacuerdo con la introducción de un nuevo pago directo propuesto por la Comisión para los agricultores afectados por desastres naturales. En su lugar, respalda la creación de un mecanismo de ayuda de emergencia financiado a través de los fondos de desarrollo rural de la UE, que debería ser de carácter obligatorio para todos los Estados miembro. Los eurodiputados proponen, además, incluir los brotes de enfermedades animales entre las causas que justificarían el acceso a estas ayudas, y reducir el umbral de pérdidas requerido para acceder a los fondos nacionales de compensación del 20 % al 15% de la producción o de los ingresos anuales.
Asimismo, los eurodiputados abogan por reforzar el apoyo económico a los pequeños agricultores, elevando el límite máximo del pago anual hasta 5.000 euros, en lugar de los 2.500 propuestos por la Comisión, y aumentando el pago único destinado al desarrollo empresarial hasta 75.000 euros. En paralelo, se aprobaron enmiendas para mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro y fortalecer su poder contractual. Entre las medidas adoptadas destaca la obligatoriedad de contratos escritos para la venta de productos agrícolas, aunque los Estados miembro podrán eximir a ciertos sectores si lo solicita una organización representativa. También se propone reducir a 4.000 euros el valor límite a partir del cual un contrato es obligatorio y definir con mayor precisión los términos «justo» o «equitativo» en el etiquetado de los productos agrícolas. Con esta posición, el Parlamento se prepara ahora para iniciar las negociaciones con los gobiernos de la UE y acordar la versión definitiva de las reformas de la PAC.
