Publicado: junio 5, 2026, 7:15 pm

Quienes suscriben, en su carácter de integrantes del Grupo Ricardo Zuloaga, vienen a exponer su posición técnica respecto al Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico actualmente en discusión.
El Grupo Ricardo Zuloaga, conformado por ingenieros y especialistas que construyeron y gerenciaron el sistema eléctrico nacional durante décadas, ha mantenido un seguimiento riguroso e independiente de la evolución del Sector Eléctrico Nacional (SEN). Nuestros pronunciamientos se fundamentan exclusivamente en criterios de ingeniería, evidencia técnica y mejores prácticas internacionales, sin más agenda que la viabilidad operativa de la infraestructura del país y la calidad de vida de los venezolanos .
Tras el análisis del articulado propuesto, se formulan las siguientes consideraciones:
1- La reforma no aborda los problemas principales: la pobreza ni la inseguridad energética
El proyecto se enfoca en modificar la estructura de propiedad y los mecanismos de concesión, pero soslaya el diagnóstico de fondo: la subinversión sistemática durante décadas, la obsolescencia de la infraestructura y la dramática pérdida de talento especializado. La pobreza energética, entendida como la incapacidad de hogares, instituciones y sectores productivos para acceder a servicios energéticos modernos, confiables y asequibles, no se resuelve mediante cambios normativos sin una correspondiente inyección de capital, recuperación técnica y planes de mantenimiento sustentables en el tiempo.
2- No se modifica el modelo de organización industrial del sector
El proyecto mantiene incólume el modelo de monopolio estatal verticalmente integrado bajo la figura de CORPOELEC, una estructura que, como ha sido documentado por este Grupo, carece de gerencia eficaz y especializada, ha sido militarizada y gestionada con alta discrecionalidad política . La evidencia internacional muestra que los monopolios integrados presentan serias limitaciones para atraer inversión e innovación. La verdadera pregunta no es “cómo fortalecer CORPOELEC”, sino qué arquitectura institucional requiere el país para competir en la economía energética del siglo XXI.
3- No se crean mercados de energía
La reforma no establece las bases para un mercado mayorista competitivo ni para un mercado minorista con libertad de elección para los usuarios. No se contemplan figuras como el acceso abierto a las redes, la separación de actividades (generación, transmisión, distribución, comercialización), ni la creación de un operador independiente del sistema y del mercado. Sin estas instituciones, la participación privada queda supeditada a relaciones bilaterales discrecionales con el Estado, en lugar de desenvolverse en un ámbito de reglas transparentes y competencia.
4- Ausencia de planificación energética integral
Las acciones propuestas en la reforma no responden a un Plan Nacional de Recuperación y Expansión del SEN con horizontes temporales definidos, prioridades de inversión, metas de cobertura y calidad, ni criterios de expansión basados en estudios técnicos de flujos de carga, estabilidad y confiabilidad. La planificación indicativa, elaborada por un ente regulador autónomo y coordinada con los planes de desarrollo del país, es un requisito indispensable que la reforma omite.
5- No se prevé la transformación y modernización del sector
El proyecto se limita a abrir la posibilidad de concesiones sin abordar los componentes habilitadores de un sistema energético moderno: digitalización integral, redes inteligentes (smart grids), infraestructura avanzada de medición (AMI), sistemas SCADA de nueva generación, almacenamiento energético, ciberseguridad, y plataformas de datos energéticos. Sin esta infraestructura habilitadora, cualquier intento de modernización resultará estéril.
6- El modelo de concesiones propuesto difícilmente atraerá inversiones
Las concesiones por un máximo de 25 años, prorrogables por 15 adicionales, con cláusulas de reversión a costo cero al término de la concesión y con facultad de intervención preventiva por parte del Ministerio, configuran un entorno de alto riesgo para el inversionista. A ello se suma que la constitución de empresas mixtas requiere autorización discrecional del Presidente de la República en Consejo de Ministros. La experiencia comparada demuestra que la inversión privada de largo plazo en infraestructura energética exige seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y reglas claras de recuperación de la inversión, condiciones que este proyecto no garantiza.
7- El usuario permanece como sujeto pasivo
La reforma no consagra la libertad de elección de comercializador, no habilita la figura del prosumidor (usuario que genera y consume), no contempla comunidades energéticas, ni establece mecanismos para que los usuarios participen activamente en los mercados de energía mediante recursos energéticos distribuidos (REDs). El usuario sigue siendo un agente cautivo, no un actor del sistema.
8- Existen una alternativas técnicamente superiores
Este Grupo ha señalado en múltiples oportunidades que antes de la fusión forzada en CORPOELEC a finales de 2007, Venezuela contaba con un sistema eléctrico percibido como de alta calidad y máxima satisfacción para la población . En aquel entonces, se encontraba avanzada la redacción de una Ley Orgánica del Servicio Eléctrico que abordaba precisamente la desregulación de la industria eléctrica, la separación de actividades, la creación de un ente regulador autónomo y la participación del capital privado en condiciones de competencia. Aquel proyecto de 1999 que fue promulgado pero no implementado, fue ampliado en otra propuesta presentada y aprobada en primera discusión en el año 2015. Ambas propuestas constituyen una base técnicamente sólida que debería ser retomadas y actualizadas a la luz de las mejores prácticas internacionales y de las tendencias actuales en materia de transición energética, renovables, digitalización y mercados eléctricos.
Conclusión
El Grupo Ricardo Zuloaga considera que la discusión sobre una nueva legislación eléctrica no puede limitarse a cómo resolver la emergencia de corto plazo o a incluir algunos actores privados. La verdadera pregunta es qué arquitectura energética permitirá a Venezuela crear una ventaja competitiva estructural para las próximas tres décadas. La reforma propuesta no responde a esa pregunta.
Se insta a los legisladores a considerar una transformación profunda del sector, basada en: (1) separación de actividades y creación de un operador independiente; (2) ente regulador autónomo con facultades técnicas; (3) mercados mayorista y minorista con acceso abierto a las redes; (4) planificación indicativa participativa; (5) habilitación de nuevos modelos de negocio y participación activa de los usuarios; y (6) desarrollo progresivo de la infraestructura habilitadora digital y de medición avanzada.
Solo así podrá Venezuela superar la pobreza energética, garantizar su seguridad energética y convertir su potencial en desarrollo económico y bienestar social.
Atentamente,
Grupo Ricardo Zuloaga
Junio, 2026
