Publicado: enero 17, 2025, 7:11 am
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defiende en un artículo que ha publicado en LinkedIn que la imposición, por ley, de rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales pactada por el Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT sin el consenso de la patronal «amenaza con romper el equilibrio en los convenios colectivos, ignorando avances sectoriales y territoriales que han permitido reducir jornadas de manera consensuada«. De hecho, alega el dirigente empresarial, casi uno de cada cuatro convenios, el 24,78%, ya pactaron en 2024 jornadas de 37,5 horas, «sin necesidad de una imposición». El presidente de la CEOE expresa en este artículo su preocupación por una medida, la de rebajar la jornada, que tiene implicaciones operativas para las empresas e «invade las competencias del diálogo social, base de la estabilidad y la paz social en España». «El diálogo social es la mayor infraestructura del país y principal garante de la paz social en los últimos 40 años. Sin embargo, la imposición unilateral de cambios en la jornada laboral vulnera el derecho constitucional a la negociación colectiva, desnaturalizando este mecanismo fundamental de consenso«, denuncia Garamendi . En este sentido, el presidente de la CEOE advierte de que anuncios como la reducción de la jornada frenan el desarrollo de la negociación colectiva, como se demuestra, a su juicio, que en 2024 se firmaran sólo 757 convenios , frente a los 1.041 de 2023. «La medida ignora los compromisos y utiliza el diálogo social como herramienta política», critica el dirigente empresarial, que recuerda demás que hace sólo un año y unos meses CEOE firmó un acuerdo con los sindicatos, el AENC , en el que se definían las recomendaciones en materia de negociación colectiva para empresas y trabajadores en 2023, 2024 y 2025 . En dicho acuerdo no se incluyeron las 37,5 horas. Garamendi alega además que la reducción de jornada afecta a sectores intensivos en mano de obra, como agricultura, hostelería o comercio y «pone en riesgo» la viabilidad de pequeñas y medianas empresas, que representan «el corazón» de la economía española. Así, insiste en que no se puede aplicar un modelo «uniforme» de jornada que no considere la diversidad de necesidades y realidades de los distintos sectores. Al mismo tiempo, el líder de la patronal vuelve a defender que la premisa del Ministerio de Trabajo de que reducir la jornada incrementa la productividad «carece de respaldo empírico». «Los estudios demuestran que es el aumento de la productividad lo que facilita reducciones en el tiempo de trabajo. En un contexto en el que España ya presenta niveles bajos de productividad, imponer esta medida agravará los desajustes organizativos y costes laborales«, advierte al respecto. También avisa Garamendi de que la imposición legal de reducir la jornada hasta las 37,5 horas «pone en peligro» la competitividad de las empresas. «Cualquier cambio en la jornada debe ser consensuado y ajustado a las realidades productivas», reitera en el artículo.
