Publicado: agosto 5, 2025, 7:00 am
Unos 913 periodistas latinoamericanos huyeron de sus países, entre 2018 y 2024, “para proteger sus vidas, su seguridad y la de sus familias”, de acuerdo con un estudio regional. El exilio de periodistas —según la investigación— es “un problema” que afecta, al menos, a 15 países de Latinoamérica y que “pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa”.
Entre los países que más obligan a los periodistas a huir para proteger sus vidas destacan Venezuela con 477, Nicaragua con 268 y Cuba con 98. Solo estos tres países son responsables del 92.31% del desplazamiento periodístico de la región, precisa la investigación Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024.
Otros países donde se registró desplazamiento forzado de periodistas son Guatemala con 19, Ecuador con 13, Haití y El Salvador con diez cada uno. En el caso de México, únicamente se registraron nueve periodistas exiliados, un número que podría considerarse relativamente bajo, si se toman en cuenta los altos niveles de violencia en contra de comunicadores documentados en ese país. Sin embargo, aclaran que en ese país ocurren desplazamientos internos.
El total regional de periodistas exiliados podría ser mayor si se toma en consideración que esta investigación no abarca el primer semestre de 2025. Periodo en que la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) elevó a 293 la cantidad de periodistas nicaragüenses exiliados y se agudizó la crisis política en El Salvador, obligando a más periodistas al exilio.
Los países de acogida de periodistas exiliados son, mayoritariamente, latinoamericanos, aunque también se ubican países europeos y de Norteamérica. Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Colombia, México, Argentina y Canadá, son algunos de ellos.
La elección del lugar depende de “la nacionalidad, la presencia de redes de apoyo familiares o de personas conocidas en el destino final, así como de la posibilidad de acceder a un estatus migratorio que permita trabajar legalmente”, se lee en el estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, Fundamedios y la Cátedra Unesco de la Universidad Diego Portales, Chile.
Periodistas nicaragüenses prefieren Costa Rica
La investigación también señala que la mayoría de los periodistas nicaragüenses exiliados se han asentado en Costa Rica. Debido a la cercanía territorial y la existencia de redes de apoyo generadas por la migración histórica entre estos dos países.
“Es usual que las personas nicaragüenses desplazadas tengan amistades o familiares en distintos grados que residan o hayan nacido en suelo costarricense”, se lee en la investigación.
“Otro factor de atracción es que, desde San José, operan los principales medios que cubren, desde el exilio, las noticias que ocurren en Nicaragua”, agregan.
Otro destino señalado por los periodistas nicaragüenses fue EE. UU., lugar al que algunos se movilizaron mediante los programas de Movilidad Segura o el parole humanitario, antes que fueran cancelados por el Gobierno de Donald Trump.
Un tercer país que aparece mencionado en el informe es España, un destino más complejo de acceder debido al alto costo del boleto aéreo y a las condiciones migratorias que establece la Unión Europea para personas de Latinoamérica.
“El surgimiento de este lugar como punto de acogida para el periodismo nicaragüense desplazado puede estar relacionado también con el hecho de que España ha sido uno de los países que ha ofrecido ciudadanía a las personas que la dictadura ha intentado convertir en apátridas”, subrayan.
Perseguidos por políticos y criminales
Entre las principales razones que provocan el desplazamiento de los periodistas hacia otros países se destacan: la persecución política y estatal y las amenazas del crimen organizado y de otros actores paraestatales corruptos.
En países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o El Salvador “la persecución y la estigmatización es liderada por el Poder Ejecutivo”, advierte el informe. En estos casos, agrega, el ejercicio del poder gubernamental “carece de mecanismos efectivos de pesos y contrapesos democráticos, lo que facilita el uso de instituciones estatales para hostigar y criminalizar a la prensa”.
Esta persecución sistemática se traduce en restricciones legales, campañas de desinformación, acoso digital, detenciones arbitrarias y otras técnicas que, en muchos casos, obligan a los periodistas a exiliarse.
En la investigación se hace énfasis en el caso de Guatemala, donde la persecución de poderes públicos en contra de la prensa está liderada por el Poder Judicial, y no por el presidente o las autoridades del Poder Ejecutivo.
En países como Honduras, México, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay o Chile, las amenazas de poderes fácticos corruptos —como el crimen organizado, las empresas de industrias extractivas o fuerzas paramilitares— son más recurrentes. Debido a que las instituciones del sistema democrático son funcionales, pero se encuentran en tensión permanente por la inseguridad pública y el crimen organizado.
En el caso mexicano, incluso se alude a una “red de macrocrimen” donde se coluden empresarios, personas que integran organizaciones del crimen organizado como carteles de la droga y políticos locales de distinto signo ideológico.
En la mayoría de los casos, existe un “detonante” que precipitó la decisión de salir del país, y que varía de acuerdo con el contexto nacional. Además, pone de manifiesto que los desplazamientos están marcados por la falta de planificación y seguridad, y están vinculados a las oleadas represivas o delictivas de los países.
En el caso de Nicaragua, el detonante suele estar relacionado con visitas sorpresas de la Policía Nacional que, sin causa o justificación, exige reportes periódicos de movilización o directamente amenazan al periodista o su familia. Evidentemente, estas visitas tienen un claro efecto disuasorio, y tienen como fin intimidar y advertir a la persona de que sus movimientos están siendo vigilados por las autoridades.
