Publicado: julio 3, 2025, 3:00 am
Un Estado fuerte no es aquel que utiliza sistemáticamente la fuerza para conseguir sus objetivos de gobernabilidad, sino por el contrario el que posee las instituciones más eficaces capaces de garantizar la convivencia social y la resolución de las diferencias a través de un sistema legal sólido y reconocido por la propia sociedad.
La Revolución Mexicana creó instituciones que respaldaron un régimen autoritario de forma tal que los mecanismos de cooptación resultaron ser tan útiles, que redujeron sustancialmente la represión como instrumento esencial de ese presidencialismo absoluto.
“Uno puede hacer lo que quiera con las bayonetas menos sentarse sobre de ellas”, frase atribuida a Napoleón y que resume de manera concisa las limitaciones propias de regímenes militares carentes de la legitimidad necesaria para mantenerse en el poder por largos periodos al no contar con el reconocimiento de la sociedad.
La democracia mexicana vigente entre 1997 y el 2018, logró desmontar algunas piezas del viejo régimen autoritario, pero no pudo construir un modelo alternativo democrático que garantizara su existencia institucional. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador y la 4T abrió el camino para un intento de reconstruir el autoritarismo centralista con un presidente dueño de todo el poder y sin limitación formal alguna.
La paradoja de este retorno al pasado radica en que, a diferencia del presidencialismo priista sostenido por instituciones corporativas, el autoritarismo morenista apuesta a la figura de AMLO, al reparto indiscriminado de dinero y a la anulación de todo tipo de oposición, crítica, o posibilidad de poner en riesgo su permanencia en el poder.
La ausencia de cuadros profesionales que defiendan la viabilidad de la 4T y el desmantelamiento de la burocracia de carrera, han hecho del Estado mexicano una instancia profundamente débil a pesar de la enorme concentración de poder depositada en la figura presidencial.
Los negocios del crimen organizado han logrado crecer de forma exponencial desde el 2018, al grado de ocupar una buena parte del territorio nacional y contar con posiciones políticas y ahora también dentro del sistema judicial, de modo tal que la presencia del Estado ha menguado de manera significativa.
Así que Claudia Sheinbaum puede asumirse como la primer mandataria con el mayor poder concentrado formalmente en su persona, pero igualmente como aquella presidenta cuyas órdenes y propuestas se quedan en el terreno de lo imposible por la debilidad manifiesta de las instituciones de Estado desmanteladas por su antecesor y por ella misma. Es esto un suicidio político alimentado por la enorme ambición de poder.
