Publicado: noviembre 15, 2025, 11:00 am
Durante la semana, analistas consultados por El Economista se mostraron incrédulos al ambicioso Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras considerar que fue concebido apresuradamente tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; aunque valoran la inversión de más de 57,000 millones de pesos, señalan que podría repetirse la falta de un diagnóstico profundo sobre la violencia en la entidad.
También destacaron la paradoja del Plan: combinar seguridad con un desarrollo económico y cultural, a lo que consideran que se corre el riesgo de que sea más reactivo que transformador. Subrayan que, sin mecanismos claros de seguimiento y participación ciudadana, las metas sociales podrían quedar en promesas.
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Dudas, repeticiones y condiciones
El consultor en seguridad Alberto Guerrero advirtió que la propuesta se encuentra muy centrada en el despliegue de fuerza y no tanto en atacar las finanzas del crimen organizado, lo que podría limitar su impacto a mediano plazo.
También hay que tomar en cuenta que la inversión de los 57,000 millones de pesos para 2026‑2027 será dividida entre gasto social, infraestructura y seguridad, con más de 10,500 elementos militares y policiacos desplegados en el estado.
Por su parte, el columnista Eduardo Ruiz‑Healy advirtió que, pese a lo ambicioso, el Plan podría repetir el ciclo de improvisaciones si no cambia la forma en que el Estado mexicano aborda la violencia, ya que muchos críticos consideran que el Plan fue diseñado con prisa, en lugar de haber sido una estrategia anticipada.
Agregó que la apuesta política de la presidenta Claudia Sheinbaum para recuperar legitimidad a través de esta estrategia podría salir cara si no hay resultados que se puedan medir y sostener.
Piden resultados concretos
Resaltan que lo más urgente ahora es traducir los múltiples ejes del Plan (seguridad, desarrollo, cultura) en acciones concretas que reduzcan homicidios, extorsión y reconstruyan el tejido social.
Asimismo, se enfatiza la necesidad de rendir cuentas, ya que, sin transparencia ni mecanismos ciudadanos de evaluación, los recursos podrían diluirse o no alcanzar los objetivos prometidos.
