Publicado: noviembre 10, 2026, 6:30 pm
La organización Espacio Público denunció este martes 10 de noviembre que las restricciones a la libertad de expresión continúan en Venezuela, tras documentar siete casos y nueve violaciones de este derecho durante octubre, una cifra que duplica los registros mensuales de agosto y septiembre y que, según su balance, evidencia la persistencia de la intimidación, la censura y las amenazas contra periodistas y ciudadanos.
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El informe señala que la intimidación representó el 66 % de las violaciones registradas, seguida de las amenazas y la censura. De las siete víctimas identificadas, cuatro fueron periodistas o reporteros, mientras que los demás registros correspondieron a otros trabajadores de la prensa y a una persona vinculada con una organización no gubernamental. Los organismos de seguridad aparecieron como presuntos responsables en tres de los ocho registros de victimarios documentados.
El deterioro de las garantías para informar también se refleja en el balance acumulado de 2026. Según la organización, entre enero y octubre se contabilizaron 99 casos y 183 violaciones a la libertad de expresión, con 90 hechos de intimidación y 44 de censura. De las 131 víctimas registradas, 77 fueron periodistas o reporteros, equivalentes al 58,78 % del total.
Uno de los principales cuestionamientos de Espacio Público apunta a la reforma de la denominada Ley contra el Odio, cuya constitucionalidad fue declarada por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 15 de octubre. Aunque la modificación elimina las penas de entre 10 y 20 años de prisión previstas en la legislación anterior, la ONG advirtió que el nuevo esquema mantiene mecanismos sancionatorios que podrían utilizarse para restringir la expresión de opiniones críticas.
La organización explicó que el ministerio competente en materia de justicia podrá instruir y decidir procedimientos administrativos, con multas equivalentes a entre 500 y 10.000 euros, además de sanciones de entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario. También cuestionó que las plataformas digitales deban retirar contenidos inmediatamente sin una orden judicial y que permanezcan disposiciones ambiguas susceptibles de interpretaciones discrecionales.
La preocupación coincide con la posición expresada el 28 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que instaron al Estado venezolano a derogar la Ley contra el Odio. Ambos organismos consideraron que una modificación parcial no resuelve los problemas estructurales de la normativa y solicitaron mayor transparencia y participación pública en el proceso legislativo.
El informe también destacó las sentencias absolutorias dictadas a favor de los periodistas Luis López, Gabriel González, Rory Branker y Carlos Julio Rojas, así como de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Espacio Público sostuvo que estas decisiones no reparan automáticamente las consecuencias de las detenciones y exigió medidas de restitución, eliminación de antecedentes y responsabilidades para los funcionarios involucrados. Branker, editor de La Patilla, había permanecido seis meses en desaparición forzada después de su detención en febrero de 2025.
Pese a esas absoluciones, otros ciudadanos continúan enfrentando procesos judiciales. Entre ellos figura Jonathan Carrillo, estudiante de Comunicación Social que permaneció más de tres años y siete meses detenido y debe presentarse periódicamente ante un tribunal. También se encuentra Ana Belén Tovar, exgerente de Venmedios, cuyo juicio acumula decenas de audiencias y reiterados aplazamientos desde su detención en 2019.
Las restricciones a la labor periodística también se manifestaron durante octubre. Espacio Público documentó la intimidación contra equipos de Venevisión y Televen dentro de la Asamblea Nacional, el hostigamiento al reportero Reynaldo Mozo durante una concentración opositora y las amenazas denunciadas por el corresponsal Ricardo Tarazona mientras cubría una situación comunitaria en Yaracuy.
En el ámbito digital, la ONG advirtió que 40 sitios web permanecen bloqueados en Venezuela, pese al desbloqueo parcial anunciado en septiembre.
