Publicado: octubre 31, 2024, 9:00 pm
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Un mes después del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, México vive en un baño de sangre. Su gobierno ha estado marcado por un preocupante aumento de la violencia en diversas regiones del país que, todos los días, sacuden a la Nación.
El 1 de octubre, el mismo día que asumió el cargo, seis migrantes fueron asesinados por elementos del Ejército en Tapachula, Chiapas. Diez días después, tres personas murieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos de integrantes de la Guardia Nacional quienes presuntamente perseguían a miembros de bandas criminales.
Otro hecho impactante fue el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos, quien además fue decapitado. Su cabeza fue abandonada en el techo de su camioneta y su cuerpo inerte estaba encobijado al interior del vehículo.
También en Guerrero, fue abatido el sacerdote católico Javier Patiño. A plena luz del día, un sujeto bajó de una motocicleta, empuñó un arma de fuego y acabó con la vida del clérigo.
A esta secuencia de sucesos macabros se sumó el estallido de coches bomba, en Guanajuato.
Ni siquiera la Ciudad de México, sede de la Presidencia, el Poder Judicial y el Congreso, se ha escapado de la acción de la delincuencia organizada. Apenas hace poco más de una semana, la lideresa de comerciantes ambulantes, Diana Sánchez Barrios, fue víctima de un ataque directo en pleno Centro Histórico.
Han transcurrido apenas 30 días y la cifra de homicidios dolosos ya llegó a más de mil 300, un promedio de 30 vidas perdidas al día.
Trágicos sucesos que han dejado una estela de destrucción y miedo.
Resulta urgente una respuesta eficaz por parte del gobierno, porque la escalada de violencia plantea una grave amenaza no sólo para la seguridad pública, sino también para la estabilidad del gobierno de Sheinbaum.
El bono democrático con el que llegó a la Presidencia de México no es eterno y el apoyo de más de 35.5 millones de mexicanos se extinguirá tan pronto como el descontrol se extienda por todo el territorio nacional.
Urge poner en marcha políticas efectivas que aborden las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Eso es esencial. La percepción de impunidad en el país es alta, y la población demanda resultados inmediatos y visibles.
Además de los desafíos de seguridad, la creciente violencia también presenta riesgos económicos significativos. La inseguridad puede desalentar la inversión, afectar el turismo y limitar el crecimiento económico, elementos cruciales para el desarrollo sostenible de México.
Nadie debe desestimar que la percepción internacional de México como un país inseguro puede repercutir en su capacidad para atraer capital extranjero, lo que a su vez impacta en el empleo y el bienestar de la población.
Sin una respuesta contundente y coordinada, el ciclo de violencia podría perpetuarse, afectando tanto la estabilidad social como la economía del país.
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