Publicado: junio 10, 2025, 6:30 pm
La Corte Suprema de Argentina ha rechazado el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, al sur del país.
Los tres jueces del Alto Tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— han votado por unanimidad y han dejado en firme el fallo de un tribunal inferior. Tras esta decisión, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de lawfare, es decir, persecución judicial y política. La defensa de Fernández podría solicitar al juez que le conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años.
La decisión llega una semana después de que la expresidenta y líder del Partido Justicialista anunciara su candidatura como legisladora a las elecciones locales de la Provincia de Buenos que se realizará en septiembre de este año. Al haber alcanzado este fallo —que llevaba tiempo bloqueado— antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios, la exmandataria queda imposibilitada de competir en esta y cualquier otra el resto de su vida.
Fernández de Kirchner es una de las grandes figuras políticas de la República Argentina y, pese a estar alejada de cargos públicos por las denuncias que había en su contra, una de las principales opositoras a las políticas del actual presidente argentino, Javier Milei. El mandatario ha reaccionado prácticamente de manera inmediata al anuncio del fallo publicando en sus redes sociales la palabra «Justicia». Además, ha lanzado ataques contra los «periodistas corruptos» y los políticos mentirosos».
La causa por la que fue condenada, conocida como Vialidad, investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y la propia Cristina Fernández (2007-2015).
La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal. En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.
En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan «libres» por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad».
