Publicado: diciembre 4, 2025, 3:00 am
Ante el estancamiento económico —ya reconocido incluso por algunos de los más prominentes defensores del gobierno— suele argumentarse que “todo está muy bien”, citando dos indicadores que al gobierno le gusta mucho presumir: el tipo de cambio y la Inversión Extranjera Directa. Aunque ambos no se ven tan mal, usarlos como prueba de que la economía es sólida es, en el mejor de los casos, un hombre de paja.
El tipo de cambio, para empezar, es y seguirá siendo un enigma. El que quizá fue el mejor profesor de economía que tuve nos dijo el primer día: “si un analista te dice que sabe qué va a pasar con los tipos de cambio, merece un premio Nobel o ser considerado un farsante”. Hoy ese aprendizaje parece más vigente que nunca. Las razones detrás del “superpeso” son varias: la depreciación del dólar frente a otras monedas, el todavía atractivo diferencial de tasas de interés con Estados Unidos y otros mercados maduros, y la inevitable comparación con “el vecindario” —México se ve mejor que mercados como Argentina, Brasil, Turquía o Indonesia—. Pero más allá de las razones, lo más importante es a quién beneficia y a quién perjudica un peso sobrevalorado.
Si bien sirve para aliviar la presión inflacionaria, sus efectos negativos superan a los positivos. Una moneda sobrevaluada resta competitividad a la economía. Por un lado, debilita a los productores nacionales frente al exterior; basta preguntar a los agricultores. Por otro lado, los exportadores son menos competitivos que las industrias de los países destino. Esta desventaja ya ha empezado a afectar, junto con los aranceles, a la industria automotriz. En la economía de la gente, las remesas rinden menos: cada dólar enviado se convierte en menos pesos. A fin de cuentas, una moneda sobrevaluada beneficia sobre todo a los estratos más altos de ingresos que salen al extranjero y consumen bienes de importación. Si estuviéramos en una etapa expansiva de inversión, podría significar importaciones de maquinaria más baratas. Pero la inversión lleva más de un año en picada.
Otro de los factores que el oficialismo celebra es la Inversión Extranjera Directa. Es cierto que en lo que va de 2025 se registran cifras récord absolutas, pero eso no debería sorprender: nuestra economía es hoy más grande. La IED, como toda inversión, se debe medir en proporción al tamaño de la economía, no en términos absolutos. Para este año se estima que quedará entre 2.5% y 3% del PIB. No es una mala cifra, pero dista de ser la más alta de la historia en términos relativos; en 2013 fue de 4% del PIB, en gran medida por la compra de Modelo. Y como bien lo dijo el ingeniero Slim esta semana, para crecer un país necesita invertir al menos 25% de su PIB al año. El promedio entre 2018 y 2024 es de 23%, y para 2025 se estima que esté por debajo de 22%. Así, pese a los anuncios que se hagan, estamos lejos de los niveles más altos y por debajo de lo necesario para mantener una trayectoria de crecimiento sostenible.
La economía mexicana atraviesa, sin duda, un periodo de estancamiento. Las razones pueden ser diversas, pero la falta de inversión es el principal lastre. Y todos conocemos su origen: la incertidumbre jurídica creada por la reforma judicial, los cambios en la Ley de Amparo y las “tácticas fiscales” —que se asemejan a la extorsión— que se han utilizado para incrementar la recaudación de forma insostenible. Entre más pronto el gobierno, y sobre todo la presidenta, reconozcan esto, antes podrá corregirse el rumbo y quizá salvar el sexenio en términos económicos.
