Publicado: febrero 22, 2025, 10:05 pm
Los más de 4.000 trabajadores que conforman la plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Cataluña viven desde hace meses con la incertidumbre de no saber qué les deparará el futuro. Sus expectativas empezaron a tambalearse en julio de 2024 cuando el PSC y ERC alcanzaron un preacuerdo para la investidura de Salvador Illa que incluía «la asunción progresiva por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) de la gestión, recaudación, liquidación, inspección y disponibilidad de todos los impuestos soportados en Cataluña» y que preveía que «la asunción de estas competencias requerirá el traspaso de los medios humanos , materiales, económicos y tecnológicos». El pacto político no solo comprometía la función que desempeñaban, al prever la cesión a la ATC de las tareas que la Agencia Tributaria viene desempeñando hasta la fecha en Cataluña, sino que abría la puerta también a una posible transferencia masiva de funcionarios de la Agencia Tributaria a la Generalitat. «La sensación inicial fue de preocupación, pero la intranquilidad aumentó mucho más cuando la ministra de Hacienda dijo en el Congreso que el acuerdo se cumpliría en su literalidad», admite Miguel Ángel, técnico de Hacienda del área de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña. La ministra, en efecto, hizo esta declaración en busca de un equilibrio imposible entre respaldar desde el Gobierno central el acuerdo alcanzado por PSC y ERC en Cataluña y deslizar a la opinión pública que la literalidad del mismo no era tan grave como se pretendía hacer ver y que en ningún caso avalaba un sistema de cupo para Cataluña, que era el debate del momento. El eco en la plantilla de Cataluña no fue, al parecer, el esperado.«Han pasado los meses y lo que vemos es que no se ha dado ninguna directriz, ninguna instrucción, y empieza a crecer la sensación de que todo esto es ruido político y que va a seguir más o menos igual», dice Miguel Ángel. «Es verdad que hubo una fase de pánico y que ahora la gente está más tranquila», admite Ana, que trabaja en el área de Recaudación de la emblemática sede central de la Delegación Especial de Cataluña, en la plaza del Doctor Letamendi. Es catalana, pero no quiere perder la condición de funcionaria del Estado. «Hay muchos compañeros que están pidiendo cualquier destino que salga en los paneles (el sistema para optar a plazas en otros destinos) para salir de aquí lo antes posible y que no les afecte la decisión que se pudiera tomar sobre un traspaso de personal». La estructura de la Agencia en Cataluña s e cubre históricamente con funcionarios de otras procedencias que en muchos casos han tenido el territorio como su primer destino y que aspiran a retornar a sus lugares de origen tras un periodo más o menos largo allí. «Hay compañeros que tenían la idea de quedarse en Barcelona unos años hasta que saliera la plaza que querían y que han precipitado la solicitud de otros destinos ante la incertidumbre de si habrá un traspaso de competencias y personal a la Generalitat; los hay que se han jubilado también», admite Antonio, un funcionario del área de Gestión de IRPF en Barcelona. Los funcionarios que han accedido a hablar con ABC se quejan de la falta de información , de que los mensajes de Hacienda no hayan aclarado la situación y de que ese silencio haya dado carrete a una incertidumbre que ha empujado a algunos a tomar la decisión de marcharse aun cuando tenían cierto arraigo en Cataluña ante el temor de que decidan su futuro por ellos. «Esta situación supone un perjuicio altísimo », lamenta Pedro, un inspector de Hacienda que desempeña su trabajo en la Delegación Especial de Cataluña. «Cuando accedes a este cuerpo lo haces con una vocación de servicio público y con la intención de desarrollar una carrera profesional, que si hay un proceso de traspaso a la Generalitat se verá truncada. Pero también hay mucha gente que tiene familia y arraigo en Cataluña, pero que quiere seguir trabajando en la Agencia Tributaria estatal, que es para lo que se prepararon y aprobaron una oposición. Lo que se dice es que aunque nos ofrecieran mejores condiciones la gente querría seguir aquí». La apreciación no es irrelevante. Los funcionarios consultados reconocen que sus compañeros catalanes e incluso algunos de otros territorios albergan la expectativa de que un traspaso a la Generalitat viniera acompañado de una mejora de condiciones salariales , sobre todo en los niveles más bajos. Pedro reconoce que desde que se abrió este debate vive entre la inquietud y el estupor. « No encuentro una justificación razonable para este proceso. Fragmentar la Agencia no mejorará el servicio que reciben los contribuyentes, la única motivación solo puede ser el cumplir con un pacto político». La percepción de que el traspaso de las competencias fiscales a Cataluña sería perjudicial , muy agitada en el debate político, es generalizada entre el personal de la Agencia con independencia de su nivel y puesto. Susana, funcionaria de la oficina de la Agencia Tributaria en Lérida, considera que esa asunción íntegra de las competencias de la agencia estatal no es factible. «No creo que el ministerio se preste a hacer algo tan descabellado. Se dice alegremente pero es imposible asumir todo lo que hacemos de un año para otro; esto exigiría muchos años». «Me parece casi imposible que la ATC asuma en solitario siquiera la campaña de Renta. No tiene los medios», asegura Miguel Ángel, del área de Inspección. «Lo que no se puede hacer es jugar con algo tan serio como el control de información de los contribuyentes y la recaudación de impuestos», concluye.
