Publicado: julio 31, 2025, 11:00 am
El pasado mártes, 29 de julio, las aerolíneas mexicanas enfrentaron uno de sus momentos regulatorios más críticos. El plazo impuesto por el Departamento de Transporte estadounidense para presentar horarios completos de vuelos venció sin que se escuchara un solo comunicado oficial. Este silencio ensordecedor podría costar más caro que el rugido de cualquier turbina.
La administración Trump no está jugando. Sean P. Duffy, secretario de Transporte, dejó clara su posición: «Que estas acciones sirvan como advertencia a cualquier país que piense que puede aprovecharse de Estados Unidos». Las consecuencias de la inacción mexicana son tan calculadas como devastadoras.
Si las aerolíneas mexicanas no cumplieron ayer con la entrega de horarios, el DOT activará su arsenal punitivo. Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus podrían ver rechazadas sistemáticamente sus solicitudes de vuelo futuras. No es una amenaza vacía: el Departamento se reserva explícitamente «el derecho de desaprobar solicitudes de vuelo de México si el país no toma acciones correctivas».
Para octubre, la alianza Delta-Aeroméxico—que mueve 800 millones de dólares anuales y opera casi dos docenas de rutas—podría desintegrarse completamente. La pérdida de inmunidad antimonopolio obligaría a ambas aerolíneas a suspender la coordinación de precios, capacidad y distribución de ingresos que las ha convertido en el corredor aéreo más exitoso entre ambos países.
Este desenlace era previsible. Desde 2022, cuando México rescindió slots en el AICM y forzó el traslado de carga al AIFA, las señales estadounidenses fueron inequívocas. La misiva del DOT del 9 de mayo a la Agencia Federal de Aviación Civil no fue cortesía diplomática, sino ultimátum formal. México apostó a que Trump replicaría la tolerancia de Biden. Calculó mal.
El argumento mexicano sobre «privilegiar la seguridad» se desmorona ante la realidad: tres años después, las prometidas mejoras de infraestructura en el AICM siguen siendo espejismos mediáticos. Estados Unidos ha documentado que México ha «incumplido su promesa, perturbado el mercado y dejado a empresas estadounidenses con millones en costos adicionales».
La ausencia de declaraciones oficiales ayer revela la gravedad del momento. Ni la presidencia de Sheinbaum ni la SICT han confirmado el cumplimiento del plazo. Este mutismo sugiere dos escenarios igualmente preocupantes: incumplimiento total o negociaciones desesperadas de último minuto.
El sector privado ya expresó su alarma. CANAERO reconoce el «alto impacto para la industria aérea» mientras Delta advierte sobre «daño significativo a consumidores, empleos y competencia transfronteriza». Son las voces de quienes entienden que 2025 no es 2022.
México enfrenta una lección brutal sobre derecho internacional. El principio «Pacta Sunt Servanda»—lo pactado debe cumplirse no admite interpretaciones nacionalistas. Los convenios bilaterales son compromisos vinculantes, no sugerencias negociables según conveniencias políticas internas.
La decisión de convertir el AIFA en terminal de carga exclusiva pudo haber sido estratégicamente correcta, pero su implementación unilateral, ignorando el acuerdo de 2015, resultó jurídicamente desastrosa. Estados Unidos no castiga el desarrollo aeroportuario mexicano; sanciona el incumplimiento contractual.
El silencio de los aviones mexicanos pudo haber sido más elocuente que cualquier rugido de motores. En aviación, como en diplomacia, el timing lo es todo. Y México está perdiendo el suyo.
