Publicado: septiembre 23, 2026, 7:30 am
La Eurocámara reitera, en la resolución sobre Ceuta que acaba de aprobar el Pleno, un enfoque de las migraciones centrado en la seguridad, el control de las fronteras y los sistemas de expulsión de las personas «sin derecho a permanecer en la UE», así como en la celebración de acuerdos con terceros países que no siempre pueden considerarse seguros.
El texto que dio origen a la resolución fue presentado por el Partido Popular Europeo y salió adelante con los votos de la extrema derecha, los liberales y los populares. El Grupo Socialista y los demás grupos de izquierda votaron en contra.
La creciente sintonía entre el PP y Vox queda patente en la reciprocidad de sus apoyos. En esta resolución, la extrema derecha respaldó a los conservadores, mientras que los populares apoyaron la iniciativa presentada por Vox para que el Parlamento Europeo investigara la crisis de Ceuta.
La resolución habla explícitamente de «invasión», con lo que refuerza la estrategia de desgaste político contra el Gobierno de España impulsada por Vox y el PP. Asimismo, asevera que la «regularización masiva» llevada a cabo por España produce «un efecto llamada» y envía «una señal equivocada a los potenciales migrantes y a las redes de tráfico de personas». Desde CCOO rechazamos frontalmente estas afirmaciones.
Conviene recordar dos cuestiones relacionadas con la regularización extraordinaria en España. La primera es que el proceso de 2026 es el séptimo de esta naturaleza realizado en nuestro país y que tres de ellos tuvieron lugar durante gobiernos del Partido Popular. La segunda es que el PP votó a favor de tomar en consideración y tramitar como proyecto de ley, en el Congreso de los Diputados, la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras.
El proceso de regularización extraordinaria ha sido una respuesta política responsable ante una realidad apabullante, la de miles de personas extranjeras que trabajan y viven en el país en situación administrativa irregular y que, por ello, carecen de acceso a determinados derechos y están expuestas a la sobreexplotación laboral debido a su especial vulnerabilidad.
La resolución habla explícitamente de «invasión», con lo que refuerza la estrategia de desgaste político contra el Gobierno de España impulsada por Vox y el PP
Tampoco puede hablarse de efecto llamada, ya que no se trató de una regularización automática, sino que exigía, entre otros requisitos, haber residido en España desde antes del 1 de enero de 2026 y haberlo hecho de forma ininterrumpida durante, al menos, cinco meses. Además, el proceso tuvo una vigencia limitada, desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026, y no está previsto iniciar otro.
En cuanto a su supuesto carácter masivo, de las más de un millón de solicitudes presentadas se han admitido a trámite, hasta el momento, más de 700.000 por cumplir los requisitos. La cifra muestra, sencillamente, la magnitud de la irregularidad administrativa de las personas extranjeras en España, una realidad que exigía una respuesta.
Para CCOO resulta inaceptable que el Parlamento Europeo, amparándose en el compromiso de prestar un mayor apoyo de la UE y aplicar el Pacto de Migración y Asilo, exija en realidad la expulsión inmediata y sin garantías de todas las personas que no tengan derecho a permanecer en la Unión, incluidos los menores no acompañados. Todo ello, según afirma el texto, «en pleno cumplimiento de la legislación comunitaria e internacional y en cooperación con Marruecos en materia de readmisiones».
La resolución obvia que un porcentaje importante de las personas que permanecen en Ceuta son de origen subsahariano y que Marruecos no las admite en la práctica, pese al acuerdo vigente entre España y Marruecos por el que este último se compromete a readmitir en su territorio a nacionales de terceros países. Los eurodiputados que votaron a favor tampoco recuerdan que la UE no ha logrado cerrar un acuerdo global de readmisión con Marruecos debido a las exigencias marroquíes de una mayor cooperación económica, facilidades para la concesión de visados y apoyo político a su integridad territorial.
En su empeño por cuestionar la gestión del Ejecutivo español, la resolución acusa a España de no actuar «decisivamente» en la protección de las fronteras exteriores de la UE, una responsabilidad compartida entre los Estados miembros. A juicio de sus promotores, esta falta de actuación pone en peligro la integridad del espacio Schengen en su conjunto. De nuevo, como suele ocurrir en el ámbito comunitario, se invocan la lucha contra las mafias y el tráfico de migrantes para justificar el refuerzo de las fronteras, las devoluciones, los acuerdos con terceros países y los ingentes recursos destinados a agencias como Frontex, cuya utilidad resulta, cuando menos, dudosa.
En opinión de CCOO, esta resolución constituye una muestra más de la deriva reaccionaria del Parlamento Europeo. Refuerza el discurso antiinmigración que avanza en Europa y en el mundo, presenta la llegada de migrantes como un riesgo para la «integridad de la sociedad europea» ante una supuesta invasión de «bárbaros» y utiliza la migración como arma de descrédito político. En este caso, el ataque se dirige contra el único Gobierno europeo que, a juicio de CCOO, desarrolla una política migratoria responsable y sensata mediante mecanismos de consulta con los interlocutores sociales y la sociedad civil.
La resolución pone de manifiesto, a su vez, la creciente sintonía entre la extrema derecha y la derecha tradicional, tanto en el Parlamento Europeo como en la política española. Estas formaciones consideran que la cuestión migratoria puede convertirse en un buen caladero de votos. En este caso concreto, una crisis migratoria en la UE sirve de excusa para articular una estrategia coordinada, desde España y desde las instituciones europeas, dirigida a derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez.
«Esta resolución constituye una muestra más de la deriva reaccionaria del Parlamento Europeo y refuerza el discurso antiinmigración que avanza en Europa y en el mundo»
Su gestión política y comunicativa de los hechos ocurridos en Ceuta no ha sido precisamente brillante y, además, el Ejecutivo se muestra condescendiente con Marruecos respecto de su responsabilidad en la crisis. La situación en Ceuta también se utiliza para cargar, de manera injusta y torticera, contra el proceso de regularización de personas extranjeras en España, mediante el establecimiento de una relación causal totalmente inaceptable.
Sus señorías olvidan incluir algunos elementos de peso, entre ellos la necesidad de reforzar la solidaridad entre los Estados miembros ante la presión migratoria en la frontera sur y de aplicar el Mecanismo de Solidaridad Obligatoria establecido en el Pacto de Migración y Asilo de la UE. No basta con invocar el Pacto para obligar a España a ejecutar expulsiones.
También brillan por su ausencia las referencias a la necesidad de mejorar los sistemas de protección internacional y asilo. Se pasa por alto, además, la irresponsabilidad política de los 22 Estados que firmaron la vergonzosa carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea con motivo de la crisis de Ceuta. En lugar de aportar soluciones, como la cooperación con los países de origen o de tránsito, los firmantes se mostraron absolutamente insolidarios con un Estado miembro de la UE.
Otro aspecto que la resolución pasa por alto es la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en asuntos de la UE durante la crisis de Ceuta, así como su ataque directo a un Estado miembro. Trump criticó la supuesta política española de «fronteras abiertas» con un evidente propósito propagandístico y político, ya fuera para atacar al Gobierno español por su negativa a aumentar el gasto en la OTAN o por la prohibición de utilizar las bases situadas en España durante los ataques contra Irán.
«Resoluciones como la relativa a Ceuta nos alejan cada vez más de la ansiada política común europea de migración y asilo, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa internacional»
Tampoco se menciona el inaceptable comentario formulado por la encargada de Negocios de la Embajada de Israel en España acerca del coste diplomático y de seguridad que podría entrañar la falta de cooperación con Israel o el cuestionamiento de la alianza con ese país.
Resoluciones del Parlamento Europeo como la relativa a Ceuta nos alejan cada vez más de la ansiada política común europea de migración y asilo, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa internacional. Por el contrario, deshumanizan el fenómeno migratorio al presentarlo como una amenaza que debe evitarse y combatirse.
La gestión de las migraciones queda reducida a cuestiones de seguridad, control de fronteras, sistemas rápidos de expulsión y acuerdos con terceros países que no garantizan la seguridad ni el respeto de los derechos humanos de las personas enviadas a ellos. Al mismo tiempo, estas resoluciones favorecen el avance de la extrema derecha y de su discurso xenófobo, racista y excluyente.
