Publicado: diciembre 21, 2025, 3:22 am
La inversión socialmente responsable (ISR) en España, que a cierre de 2024 gestionaba 238.244 millones de euros bajo algún criterio ASG, atraviesa una etapa de consolidación marcada por decisiones regulatorias y por una reflexión profunda sobre su propósito. El debate, explica Pablo Esteban, subdirector general de Spainsif, se centra en cómo integrar de forma efectiva los factores ambientales a la vez de cómo trazar y medir el impacto de la inversión en las vidas humanas, incorporando el bienestar social como parte del análisis financiero . «Los temas sociales han evolucionado de forma significativa, porque las preocupaciones sociales y medioambientales están íntimamente relacionadas». Esta evolución se refleja también en el comportamiento del capital. Tal y como recoge el último estudio de Spainsif, se identifica un avance significativo en las Inversiones Generadoras de Impacto, categoría de mayor ambición dentro de la inversión sostenible. En apenas un año, el volumen gestionado bajo este enfoque pasó de 369 millones a 14.021 millones de euros, hasta representar cerca del 6% del total de los activos sostenibles en España. Un salto que cuantifica una evolución en la forma en que el mercado entiende su capacidad de influencia. En este marco, la dimensión social adquiere mayor relevancia por su vínculo directo con otros retos estructurales. Como señala Pablo Esteban, la protección de los ecosistemas está estrechamente ligada al bienestar social. «La preservación de los entornos naturales contribuye a sostener las actividades económicas de numerosas comunidades locales, con un impacto especialmente relevante en colectivos vulnerables como la infancia y las mujeres, lo que refuerza la incorporación de los derechos sociales en las estrategias de inversión». Esa conexión, subraya, no es abstracta. La degradación de los ecosistemas tiene consecuencias directas sobre el tejido social y económico de numerosos territorios. «La pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas terrestres y marinos tienen impactos sociales directos sobre los colectivos locales, afectando a actividades económicas de las que depende, en muchos casos, su propia subsistencia». Y este impacto recae con mayor dureza sobre los colectivos más vulnerables. «Los derechos sociales adquieren aquí un papel central, ya que estas dinámicas perjudican especialmente a niños y mujeres». Esta sensibilidad se refleja en las prácticas de engagement y activismo accionarial. De hecho, según apuntan los datos, la desigualdad salarial figura ya entre las prioridades del 61% de las entidades en sus procesos de diálogo con las empresas, mientras que los derechos laborales concentran el 65% de las iniciativas vinculadas al ejercicio del voto. La ‘S’ de ASG se consolida así como un eje central en la relación entre inversores y compañías cotizadas. Por su parte, desde la interacción directa con las empresas y los accionistas, Matteo Passero, director de Gobierno Corporativo para EMEA de Sodali & Co, explica que los temas en torno a la perspectiva social varían de empresa a empresa y de sector a sector. «Los inversores consideran la responsabilidad social interna como parte de la receta del éxito de la empresa, ya que una plantilla comprometida, motivada y segura es un activo material, mientras que empleados poco incentivados pueden representar un riesgo significativo y afectar al rendimiento financiero». De manera complementaria, la responsabilidad social externa se entiende como licencia para operar y oportunidad de negocio, como por ejemplo son las compañías farmacéuticas que amplían el acceso a medicamentos, generando beneficios sociales mientras crean nuevos mercados. Sin embargo, «los inversores buscan empresas capaces de equilibrar estos altos ideales sociales con eficiencia operativa y rentabilidad, evitando gastos sociales innecesarios que resulten irrelevantes para el negocio principal». Esta lógica conecta directamente con la creciente atención que, como señalaba Spainsif, se presta a los derechos laborales dentro de las estrategias de engagement. Pero quizá el mayor obstáculo con el que tropieza la inversión social y que todos los actores del mercado reconocen es la dificultad para medir lo social con la misma precisión con la que hoy se mide lo ambiental. Mientras las emisiones, el consumo energético o la huella de carbono se apoyan en métricas estandarizadas, el impacto social sigue siendo difícil de cuantificar. Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de InveretiK, apunta que cuantificar lo social no es un problema de voluntad, sino más de la ausencia de un lenguaje común , de una métrica universal que permita medirla con rigor. «La calidad del empleo, la igualdad salarial, la estabilidad laboral… son variables que, aunque algunas sí se pueden cualificar, otras muchas son más complicadas de medir y auditar». A esta ausencia de estándares se le añade también que cada empresa y cada inversor utiliza indicadores distintos, dificultando la comparación entre sectores y países. El debate, por tanto, no es si la ‘S’ importa, sino cómo traducirla en datos útiles para la toma de decisiones de inversión. En ese esfuerzo, los inversores ya han empezado a fijarse en una batería de indicadores que, aunque imperfectos, permiten aproximarse a la calidad social de una empresa. «Cuando un inversor analiza una compañía, se fija en la rotación de empleados, si es voluntaria o forzada, el absentismo , los tipos de contrato, la siniestralidad laboral, la brecha salarial, la transparencia retributiva o la igualdad de género, etc. Son variables que ya se están mirando». Pero esos indicadores no pesan igual en todos los sectores. Por ejemplo, continúa explicando Martínez Tascón, «en una industria puede ser clave la seguridad laboral; en el sector bancario, la educación financiera y la protección al cliente; en tecnología, la retención del talento. «Sin una estandarización previa, sin una regulación clara, cada compañía registrará datos diferentes, y eso hace muy difícil auditar, comparar y trasladar lo social del terreno cualitativo al terreno verificable». En esta misma línea, Passero indica que los inversores suelen analizar indicadores como la rotación de empleados o las encuestas internas para evaluar la eficacia de la gestión de la plantilla y predecir la capacidad de éxito de la empresa. También advierte que, temas como descuidar a la plantilla, siempre es muy peligroso. «Los fallos de seguridad y los accidentes generan una disrupción material en las operaciones, además de un daño reputacional que puede impactar en la cotización bursátil». Incluso en escenarios menos extremos, una plantilla insatisfecha suele derivar en alta rotación, menor motivación y dificultades para atraer talento, costes que los inversores ya incorporan en su análisis. Esta dificultad conecta directamente con lo que señalaban desde Sodali & Co., al vincular la gestión social con la estabilidad del negocio. Porque el impacto social, advierte Martínez Tascón, no genera una rentabilidad inmediata ni un «plus» automático en los mercados. «No vas a encontrar un número que diga que por invertir en políticas sociales obtienes un X% más de rentabilidad», afirma. «Eso no funciona así». Esa necesidad de coherencia entre impacto social y modelo económico es la que empieza a orientar también las decisiones de inversión, señala Pablo Esteban. «Estamos viendo un desarrollo claro de proyectos relacionados con la vivienda social y asequible en España », impulsado por reformas regulatorias recientes que favorecen este tipo de iniciativas. A ello se suman proyectos de acceso a servicios básicos como la educación y la salud, a menudo ligados a procesos de digitalización, que «están captando la atención de fondos de capital privado, private equity y capital impacto». No obstante, matiza Passero, los inversores buscan empresas capaces de equilibrar ideales sociales con eficiencia operativa y rentabilidad, evitando gastos sociales irrelevantes para el negocio principal. Desde esta perspectiva, los consejos de administración son cada vez más conscientes de estos temas, aunque su prioridad siga siendo el éxito empresarial. «Ahora comprenden mejor que ambos aspectos no son excluyentes, sino dos caras de la misma moneda puesto que la responsabilidad social forma parte de la licencia para operar y puede contribuir al éxito». Aunque el foco inicial siga siendo evitar problemas de cumplimiento o disrupciones operativas, reconoce que «cambiar la cultura puede ser clave para el éxito». Además, y pese a que, la atención a lo social está siendo cuestionada en algunos mercados, especialmente en Estados Unidos, «creemos que los inversores seguirán centrándose en estos aspectos mientras sigan siendo relevantes para el rendimiento financiero y la reputación corporativa». Donde sí aparece su valor es en los momentos de tensión. «Las políticas sociales no buscan maximizar la rentabilidad en mercados alcistas, sino gestionar el riesgo», subraya Martínez Tascón. «Una empresa con una plantilla estable, motivada y bien tratada tiene mayor estabilidad operativa y menos riesgo reputacional cuando el entorno se complica». La ‘S’ es cuando entonces actúa como un amortiguador invisible, una red de seguridad que no se nota cuando todo va bien, pero que marca la diferencia cuando llegan las crisis. «Cuando el mercado va bien, todo parece fácil, reflexiona, pero cuando vienen mal dadas, las compañías que han invertido en capital humano, en clima laboral y en retención del talento compiten con una ventaja clara». En ese punto, el concepto de impacto social se aleja de la filantropía y se acerca al corazón del modelo de negocio. «No es solo reputación», insiste el director de InveretiK. «Es estabilidad, capacidad de adaptación y ventaja competitiva a largo plazo». La fuga de talento, recuerda, es uno de los costes ocultos más relevantes para las empresas. «Retener talento no se cuantifica fácilmente en rentabilidad, pero se traduce en una plantilla preparada para afrontar momentos de estrés». La regulación, por ahora, avanza más despacio que el propio mercado y sigue muy condicionada por el clima político del momento, Aunque la directiva europea de información corporativa en sostenibilidad (CSRD) obliga a identificar y divulgar impactos sociales, el relato es más político que económico, indica Martínez Tascón. Por un lado, el Reglamento SFDR exige a los productos financieros desglosar sus impactos negativos en ámbitos como los derechos humanos o las prácticas laborales. Por otro, la Directiva de información corporativa en sostenibilidad (CSRD) obliga a las empresas a identificar, medir y divulgar y someter a auditoría, cuestiones relacionadas con su capital humano, sus políticas de empleo o su impacto en las comunidades donde operan. A este marco se suma la reciente Directiva de Diligencia Debida (CSDDD), que introduce por primera vez responsabilidad legal y sanciones económicas por abusos sociales a lo largo de toda la cadena de suministro, incluso más allá de las fronteras europeas. «El verdadero salto llegará cuando el impacto social alcance la misma credibilidad, trazabilidad y capacidad de comparación que cualquier otro dato financiero». En ese camino, la ausencia de una Taxonomía Social definitiva, sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes.
